Estos son los ataques contra funcionarios judiciales en Ecuador durante 2023

Ecuador se ha convertido en un país donde ser funcionario judicial es también emprender una carrera entre la vida o la muerte.

2023 comienza con un atentado a balazos contra una jueza y su secretario en el cantón Paján, en  Manabí, el 30 de enero. Esto luego de un 2022 que evidenció el incremento de la violencia a escala nacional, ya que al menos tres fiscales, uno de sus asistentes, un juez y un ex fiscal fueron asesinados el año pasado. 

Otros tres funcionarios fueron atacados y las amenazas de bandas criminales contra jueces y fiscales se replicaron a lo largo de los meses. Y en 2023 comienza a replicarse aún más. 

Aunque en Ecuador hay un protocolo para solicitar seguridad individual para los y las servidoras de la función judicial, la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces rechaza, una vez más, los ataques contra de sus compañeros. 

Para el organismo, que difundió un manifiesto colectivo el 30 de enero de este año, los atentados son la evidencia de la “inoperancia por parte de quienes son los encargados de la seguridad no solo de los jueces, sino de la ciudadanía, porque los pedidos no son atendidos con la rapidez que amerita”. 

Darío* —un juez amenazado por dos bandas criminales que aceptó conversar con GK con la condición de que su nombre fuera protegido— dijo, en octubre de 2022, que estaba en una situación de desprotección desesperante, sobre todo, desde julio de ese año. Dijo, además, que el protocolo institucional no solo era “insuficiente”, sino que no funcionaba. 

Para ser parte de ese protocolo deben enviar un formulario al Consejo de la Judicatura que luego es enviado al Ministerio del Interior que evalúa el riesgo. Pero Darío —al igual que varios de sus colegas— dijo no recibir respuesta. El juez Christian Quito, vocero de la organización, que tuvo custodia policial durante un año también por amenazas, dice que el documento con el que se determina el nivel de riesgo de un servidor policial protocolo termina siendo “subjetivo, no atiende a la realidad”. 

Por eso, explica el juez Quito, varios funcionarios se sienten inseguros. A lo mucho, con el protocolo consiguen protección policial. “Pero, debo comentar que hay colegas que no se sienten cómodos policías, por las conexiones que varios agentes tienen con la delincuencia organizada”, cuenta. 

La exigencia de Darío sigue siendo la misma de la Asociación: que se fijen garantías de seguridad para que cumpla con su trabajo en un país que vive un momento histórico de la violencia. “La seguridad debe enfocarse desde las unidades judiciales [que han sido vulneradas por detonaciones y amenazas de bomba] hasta al propio juez. Solo así puede asegurarse la independencia judicial”, asegura el juez Quito. 

Han sido varios los casos de resoluciones judiciales cuestionadas y que han beneficiado más de una vez, por ejemplo, a líderes delictivos. Dice el juez Quito que ni él ni la Asociación justifican esos fallos, pero sí cuestiona la generalización que afecta a los jueces y las jueces, y la construcción de una narrativa que, según él, no corresponde a la realidad. “En Ecuador ingresan 800 mil juicios anualmente. Y, de acuerdo con el Consejo de la Judicatura, se resuelven 600 mil, aproximadamente. Por supuesto que hay decisiones y sentencias cuestionadas, pero no representan ni el 1%”, aclara. 

Y es una construcción peligrosa: para Quito, esa percepción puede llegar a justificar las muertes, pese a que, por ejemplo, el juez Nelson Yánez, asesinado en Sucumbíos en 2022, fue premiado por su celeridad y laureado por decenas de sus compañeros. 

Los ataques contra funcionarios judiciales son un reflejo de lo que pasa en Ecuador, que cerró 2022 con la tasa de homicidios más alta de su historia: 25,5. 

En este texto, haremos un recuento que se irá alimentando, de a poco, con los lamentables ataques a trabajadores de la función judicial, durante el 2023.

30 de enero de 2023 

Era mediodía. La jueza Genny Maribel Guanoluisa y su secretario, el abogado Orly Manrique Toala —que laboran en la Unidad Judicial Multicompetente Penal del cantón Paján, en Manabí—, estaban comiendo en un pequeño restaurante, entre las calles Olivia Parrales y 24 de Mayo, en el centro-sur de la ciudad manabita, cuando fueron atacados a balazos. Las personas que estaban también en el comedor intentaron ayudarlos hasta que llegó la Policía y personal paramédico. 

De acuerdo con información preliminar policial, dos hombres habrían llegado en una motocicleta —como suelen trasladarse los sicarios— al comedor. Y solo minutos después del ataque, los hombres abandonaron la motocicleta. Fue encontrada incinerada en la vía Colimes, en una zona rural del cantón. 

El juez Christian Quito —vocero de la Asociación de Jueces y Magistrados de Ecuador, a la que pertenece Guanoluisa— supo que la jueza habría sido amenazada meses antes. “Pero, al parecer no se le dio seguimiento. Y varias de las razones son porque no se tiene confianza en el sistema por la falta de garantías. Pero ella es una jueza intachable, yo la conozco. No le interesa agradar a nadie”, dijo. 

La jueza Guanoluisa y el secretario Manrique sobrevivieron al ataque, pero su situación es grave. El abogado fue, incluso, quien recibió más impactos: lo atacaron por la espalda. A la jueza, en cambio, de frente. Fueron trasladados, primero, a un centro de salud de Paján, que se mantiene reserva por el riesgo de muerte de los funcionarios judiciales. 

GK pudo confirmar que la jueza y el secretario fueron trasladados al Hospital de Especialidades de Portoviejo, que forma parte de la red de centros de salud del Ministerio de Salud. 

La Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces supo que la jueza Guanoluisa está estable. El secretario Manrique, en cambio, fue sometido a una intervención quirúrgica y su estado empieza a mejorar, dijo el juez Quito a GK. 

La Asociación hizo las gestiones para que ella y el secretario fueran atendidos en el Hospital de Especialidades de Portoviejo y que tenga custodia policial, para garantizar su seguridad. 

El organismo reiteró su exigencia al Consejo de la Judicatura: seguridad permanente para enfrentar las amenazas de “bandas criminales que buscan impunidad”.