Te contamos cómo fue el Tribunal Popular por Justicia en Cárceles

En la memoria colectiva todavía están presentes las escenas de terror que se vivieron en las cárceles del país, especialmente en la Penitenciaría del Litoral. Cuerpos mutilados, carbonizados, pisos y paredes manchadas de sangre se difundieron por las redes sociales y despertaron las alarmas de la sociedad civil y del Gobierno. Hasta el momento, son 385 muertos en 7 matanzas carcelarias entre 2021 y 2022.

Sin embargo, las víctimas colaterales de esa violencia han sido los familiares de los asesinados. Padres, madres, hijos y cónyuges se reunieron en el auditorio de la Corte Provincial de Guayas para exigir justicia por las masacres sucedidas entre 2021 y 2022, y para responsabilizar al Estado de estos hechos, en un evento simbólico denominado Tribunal Popular por Justicia en Cárceles.

En el evento, realizado el 9 de septiembre de 2022, los familiares de las víctimas buscaban enjuiciar al Estado ecuatoriano por la muerte, según el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humano, (CDH), “de 500 personas privadas de la libertad” que estaban bajo su responsabilidad. Los asistentes al evento aseguraron que el Estado cometió los delitos de comisión y omisión: hubo inacción del Estado para evitar las muertes de los reos.

Billy Navarrete, director del CDH, fue uno de los primeros que habló en el auditorio y dijo que el Tribunal Popular por Justicia en Cárceles se estableció porque hay “mucho dolor de por medio” y que “el daño no ha sido reparado”. Por su parte, Fernando Gutiérrez, presidente del CDH, dijo que una de las cosas más importantes de este Tribunal es denunciar al Estado “por su total abandono” a las personas que estaban detenidas en las cárceles y recalcó que hacen falta políticas públicas que fomenten una verdadera rehabilitación social en las cárceles.

Aunque el evento fue simbólico, contó con un tribunal conformado por Ramiro Ávila, ex juez de la Corte Constitucional, Gina Benavides, defensora de los derechos humanos, Evelyn Solari, experta en derecho constitucional y derechos humanos y Juan Vizuete, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas.  

Según la página del CDH el objetivo de este tribunal es “exigir justicia” y “lograr la reparación a las familias de las víctimas”. De la misma manera, también quieren “identificar los nudos críticos que generan la crisis carcelaria en el Ecuador desde una mirada de derechos humanos”, “establecer la responsabilidad del Estado en la vulneración de derechos humanos a las familias de las víctimas de las masacres carcelarias del Ecuador” y “establecer la responsabilidad del Estado sobre las masacres carcelarias ocurridas en el Ecuador”.

Juan Vizueta en su exposición aseguró que las cárceles del Ecuador son “bodegas humanas” y no hay la “más mínima intención de rectificar, menos aún de reparar a quienes perdieron a sus seres queridos”. “Hubo alertas y no evitaron las muertes”, dijo Vizueta, que también aseguró que “ningún familiar de los internos masacrados en los centros penitenciarios ha recibido asistencia por parte del Estado” y que muchos de los seres queridos de los reos que fueron torturados hasta morir “peregrinaron por información y observaron escenas traumáticas para reconocer los cuerpos o los restos que quedan de sus familiares. “Nunca han recibido atención psicológica”, aseguró Vizueta.

El especialista en Ciencias Penales pidió al Tribunal Popular por Justicia en Cárceles la condena a los funcionarios que no protegieron la vida de las Personas Privadas de Libertad y al Estado por su inacción para evitar las masacres pese a las alertas, según se recoge en un tuit de la CDH.

Mercedes Vallejo, madre de un joven asesinado, dio su testimonio. La mujer dijo que su hijo fue apresado y tras un juicio fue enviado a la Penitenciaría del Litoral, a pesar de que él tenía una discapacidad del 70%. En el centro carcelario no tuvo mayores controles para evitar que perdiera la vida, porque “le pegaron fuertemente, le masacraron y lo apuñalaron con un arma blanca”.

La madre relató que su hijo salió del centro penitenciario gravemente herido al hospital del Guasmo, el 21 de febrero de 2021. “Nunca nadie me dijo en la Penitenciaría que mi hijo había salido gravemente herido. Yo pude conocer que mi hijo estaba muerto 15 días después de que había perdido la vida y estaba ya en la morgue”. No haber dado el último adiós para una madre “es muy doloroso”, según Vallejo.

También dijo que, junto a otras mujeres, pudo entrar a la Penitenciaría a dejar ropa y que siempre se quedaba en la sala de espera. En medio de su desesperación la mujer contó que vio a una funcionaria que salía de la cárcel se le acercó y le preguntó por su hijo y le dijo que “yo no estoy dispuesta dar información y le rogé”. “Nunca tuve asistencia por parte de un funcionario”, solo se acercaron a ella para decirle que su hijo había fallecido. Ante la pregunta de si había recibido atención psicológica por parte del Estado, Vallejo respondió que “nunca, hasta el día de hoy”. La mujer aseguró que está como una madre dolida y que “estoy muy enferma psicológica y físicamente por la pérdida de mi hijo” y que el Estado nunca le ha ofrecido una asistente social o psicológica.

Antes de terminar la audiencia de juzgamiento los jueces dieron su dictamen. Gina Benavides dijo “que la palabra de los familiares es la que tiene que alimentar cualquier ley” y aunque ese fue un tribunal ético, se debe reconocer que la justicia se hace en base a la palabra de la sociedad, porque esta también puede juzgar. 

Los tribunales éticos, dijo Benavides, se basan “no solamente en lo que uno podría decir que normalmente esperaría o con la condena moral”. Añadió que los integrantes del tribunal creen en que lo ético es la capacidad que “tenemos de transformar y hacer”. Y el caso de las masacres refleja una serie de derechos humanos que fueron vulnerados y “podemos ver cómo la dignidad de las personas fue denigrada”.