No hay memoria sin historia. El 27 de noviembre de 1997, se logró la despenalización de la homosexualidad en el Ecuador; es decir, dejó de ser un delito. En 2022, aquel hito histórico para la población LGBTIQ+ cumple 25 años.
Es un cuarto de siglo de una decisión histórica, firmada por el entonces Tribunal Constitucional —antecesor de la actual Corte Constitucional. La lucha por esta conquista social fue encabezada por las mujeres trans de Quito —agrupadas en el colectivo Las Coccinelle.
Fueron las impulsoras de una causa que reclamaba el básico derecho de toda persona: no ser discriminada por su identidad, ideas, raza, género u orientación sexual. En definitiva: el derecho de cada ser humano de expresar libremente quién es, sin miedo a retaliaciones ni persecuciones.
Pero a finales de la década de 1990, esa condición básica seguía en disputa. Las Coccinelle lideraron la despenalización a pesar de que tuvieron la incomprensión de buena parte de la sociedad. Incluso, de ciertos colectivos LGBTI, como recuerda Purita Pelayo, una de sus fundadoras. No hubo nada que las detenga. “Ya era hora de que el público, el Estado, la Policía supiera que realmente estábamos en el público y que exigíamos reconocimiento y respeto”, dijo Purita Pelayo, lideresa trans, presidenta de la actual Nueva Coccinelle y precursora de la despenalización en Ecuador, en Aurora de GK.
La lucha de las Coccinelle –y otras organizaciones sociales— marcó la historia de la comunidad LGBTI , sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer. El Estado no ha cumplido con la reparación por la violencia que recibieron las mujeres trans y de los colectivos LGBTI. Fueron asesinadas, violadas, agredidas, golpeadas, gaseadas y estigmatizadas, sobre todo, por policías y militares. Y lo siguen siendo. El transfemicidio de la lideresa trans, Jéssica Martínez, y de decenas de mujeres trans –que aún ejercen el trabajo sexual como alternativa de sobrevivencia, confirma que la violencia, a 25 años de la despenalización, sigue arrebatando vidas.
Esta breve cronología contiene los principales momentos de la historia que llevaron a la despenalización de la homosexualidad.
1871: el Código Penal de la criminalización
Fue en el régimen del presidente conservador Gabriel García Moreno en el que se criminalizó, por primera vez, a la homosexualidad de los hombres. Durante su presidencia, la categorizaron como “sodomía” en el artículo 401 del Código Penal:
En los casos de sodomía, los culpables serán condenados a penitenciaría de cuatro a ocho años cuando no intervenga violencia ni amenazas; de ocho a doce años cuando interviniere una de estas circunstancias, y con penitenciaría extraordinaria cuando la víctima fuese menor de edad.
Igual pena que los culpables tendrán los que hubieren prestado su consentimiento o favorecido el crimen o atentado de esta especie.
Si el atentado ha sido cometido por los padres, el culpable será privado, además, de los derechos y prerrogativas que el Código Civil concede sobre la persona y bienes del hijo.
1906: ampliación de la criminalización
Históricamente, Ecuador ha criminalizado a las diversidades sexuales. En la vida republicana del país, la homosexualidad continuó siendo definida penalmente como “sodomía” criminalizada el Código Penal de 1906, en el gobierno del general Eloy Alfaro. Hubo reformas: se incorporó el cometimiento de “sodomía” por parte de maestros y docentes. La criminalización seguía siendo la misma, pero pasó al artículo 364, que decía:
En los casos de sodomía, los culpados serán condenados a reclusión mayor, de cuatro a ocho años, si no intervienen violencias o amenazas; y en caso contrario, la pena de reclusión será de ocho a doce años.
Si la víctima fuere menor de catorce años, el crimen se castigará con reclusión mayor extraordinaria.
Igual pena que los culpados, tendrán los que hubieren prestado consentimiento ha favorecido el crimen o atentado de esta especie.
Si el atentado ha sido cometido por los padres, el culpado será privado, además, de los derechos y prerrogativas que el Código Civil concede sobre la persona del hijo. Si ha sido cometido por ministros del culto, maestros de escuela, profesores de colegio o institutores, en las personas confiadas a su dirección y cuidado, la pena será de reclusión extraordinaria.
1927: Un hombre muerto a puntapiés, inmortalizado a Pablo Palacio
Un hombre muerto a puntapiés fue la primera obra literaria que abordó la homosexualidad de forma abierta en Ecuador.
Su autor, el abogado y escritor lojano Pablo Palacio, la escribió cuando tenía apenas 20 años. Fue publicado en abril de 1926 en la revista Hélice. Un año después, Un hombre muerto a puntapiés le dio nombre a la antología de cuentos del autor, compuesta por nueve textos.
Palacio escribió Un hombre muerto a puntapiés en una época donde la homosexualidad era un delito.
El relato que parte de la insaciable convicción de búsqueda de un investigador ante la noticia de crónica roja del Diario de La Tarde: el asesinato de Octavio Ramírez, el hombre muerto a puntapiés. Lo único que sabía el investigador, por la nota de prensa, era que Ramírez era “vicioso”, asociado a lo “inmoral”, a lo “perverso”. Así eran vistas las personas de las diversidades sexuales.
Finalmente, concluye en que el padre de un adolescente lo asesinó porque Ramírez, supuestamente, había querido seducirlo.
1938: reforma al Código Penal, pero misma criminalización
El artículo 364 estuvo vigente hasta 1930. Después, fue reformado.
Para 1938 —cuando el general Alberto Enríquez Gallo ejercía el poder presidencial— fue promulgado el Código Penal que tenía influencia del italiano, llamado Código Rocco (el nombre llega del redactor de esa normativa penal, hecha por el guardasellos del gobierno de Mussolini). En realidad, la criminalización no cambió, pero sí el término. Allí se hablaba ya de “homosexualidad”.
En su artículo 516:
En el caso de homosexualismo, que no constituyan violación, los dos correos serán reprimidos con reclusión mayor de cuatro a ocho años. Cuando el homosexualismo se cometiere por el padre u otro ascendiente en la persona del hijo u otro descendiente, la pena será la reclusión mayor de ocho a doce años y privación de los derecho y prerrogativas que el Código Civil concede sobre la persona y bienes del hijo.
Si ha sido cometido por ministros del culto, maestros de escuela, profesores de colegio o instituciones, en las personas confiadas a su dirección y cuidado, la pena será de reclusión mayor de ocho a doce años.
1960: El Gallo de Oro
El Gallo de Oro era un bar de la Tuentifor, como llamaban coloquialmente a la avenida 24 de Mayo, en el centro de Quito. Fue en ese bar donde, a inicios de la década de 1960, que se conoció un “caso de homosexualidad” que habría involucrado a funcionarios diplomáticos en Ecuador. Según versiones de activistas y personas LGBTIQ que vivieron en aquella época, un embajador español y un hombre que trabajó en la cancillería ecuatoriana habrían tenido contacto físico en un bar del centro histórico.
Para esos años, la dictadura de la Junta Militar regía al Ecuador desde el 11 de julio de 1963. En ese año, el capitán Ramón Castro Jijón, de la Marina, el coronel Luis Cabrera Sevilla, del Ejército ecuatoriano, el coronel Guillermo Freile Posso, de la Aviación, junto al coronel Marcos Gándara Enríquez —que fungía como senador de las Fuerzas Armadas—, derrocaron al entonces presidente Carlos Julio Arosemena Monroy. Ese día, proclamaron la dictadura y la llamaron Junta Militar del Gobierno.
El caso de El Gallo de Oro no fue un hecho ampliamente divulgado, pero sí recordado. La investigadora Carolina Páez entrevistó a varias de las personas que vivieron en aquella época. El activista Jorge Medranda le contó: “En esa época los gays se decía maricas o quien está o no en la huevada. Él me contó que la huevada comenzó cuando un embajador tuvo algo, hace muchos años con alguien de la cancillería y eso se descubrió. Para esto, luego de la muerte de mi primo, mi mamá contaba esa historia, del embajador de España y los funcionarios de la Cancillería, que fue un escándalo, a principios de los años sesenta”.
Otra persona lo confirmó. Le explicó a Páez que: “Fue en la Tuentifor, en el Gallo de Oro, que estuvo la punta de la madeja de un legendario alboroto de postín y de un gobierno derrocado. Un crimen que sacudió los cimientos del país porque se trataba de un affaire que en sobredosis iguales mezclaba droga, tercer sexo y cancillería”.
Durante esos años, la penalización continuó vigente y la Junta Militar lideró el país hasta 1963. Ecuador vivió dos dictaduras más en los años siguientes: la del doctor José María Velasco Ibarra —hasta 1972— y el general militar Guillermo Rodríguez Lara, a quien llamaban Bombita Lara, que rigió el país hasta 1976.
Pero ni aún con gobiernos dictatoriales, la violencia contra las mujeres trans y las personas sexo diversas creció tanto como en el gobierno del fallecido presidente León Febres Cordero. Purita Pelayo recordó, en el programa Aurora de GK: “si ni siquiera en los años 70 cuando vivimos las dos dictaduras, la civil y la militar, podemos recordar tanta barbaridad como se dio en los años 80 y 90 con las persecuciones, las ejecuciones extrajudiciales, los confinamientos…”.
1984: Represión y escuadrones volantes
El gobierno del entonces presidente León Febres-Cordero —que gobernó entre 1984 y 1988— fue responsable de varias violaciones a los derechos humanos. Entre ellas, las personas de la diversidad sexual.
Fue mucho peor para las mujeres trans. En su administración se creó el histórico y odiado SIC-10. En 1984, Febres Cordero creó esa dependencia policial que, según él, se había constituido con un objetivo antisubversivo para reprimir a organizaciones sociales, sobre todo, a los miembros de Alfaro Vive Carajo. En grandes escuadrones volantes —que eran camiones azules— patrullaban las calles por las noches y detenían a jóvenes, mujeres trans, homosexuales y a toda persona que les pareciera “subversiva”.
Más de 136 casos de violación a los derechos humanos y al menos 456 asesinatos son atribuidos a los agentes policiales el SIC-10. Hasta el 2022, no se conoce con detalles quiénes fueron las personas que conformaron esa dependencia ilegal, lo que sí se sabe es que fueron capacitados por instructores estadounidenses e israelíes.
El “trabajo” violento de los escuadrones volantes no solo fue impulsado por el gobierno de Febres Cordero, sino también por el entonces gobernador de Guayas, Jaime Nebot. “Vamos a duplicar este escuadrón volante: 10 nuevas camionetas, 100 nuevas escopetas, 10 mil nuevos cartuchos y 100 nuevos hombres al servicio de Guayaquil para duplicar el escuadrón volante en su lucha contra la delincuencia. Salir a usar esas armas de fuego”, dijo, en aquellos años.
No solo era una disposición gubernamental. El entonces gobernador de Guayas, Jaime Nebot, también los apoyaba públicamente. Mujeres trans trabajadoras sexuales y personas de las diversidades sexuales eran subidas a esos escuadrones, golpeadas y violadas, agredidas sistemáticamente.
Para entonces, las personas LGBTIQ continuaban reuniéndose en bares, calles, parques o cines, las conversaciones se dirigían a debates en torno a la discriminación, relaciones familiares, inestabilidad laboral. “Implícitamente hablaban de unos derechos civiles que, asumían, no les correspondía, o que estaban lejos de cumplirse. Conversar sobre estos temas hacía que la policía actuara con mayor violencia”, escribe Purita Pelayo, sobreviviente de la violencia de la época y una de las fundadoras de la Asociación Coccinelle, en su libro Los fantasmas se cabrearon. En esa obra histórica, ella cuenta que “los agentes no reconocían argumentos legales y solo se preocupan por exhibir, como trofeo de guerra frente a sus colegas, guardias o curiosos en los alrededores del CDP y el SIC a los homosexuales en situaciones humillantes”.
“Suban maricones de mierda”, les decían los policías, mientras tiraban sus cédulas en un sifón antes de subir a las personas a un vehículo con balde color celeste.
1988: Voces LGBTI organizadas
El VIH —el virus de la inmunodeficiencia humana—, que ataca el sistema inmunitario del cuerpo, llegó a su auge en la década de los años 80. Es un virus que, de no tratarse, puede causar el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). Fue identificado oficialmente el 20 de mayo de 1983. Para ese entonces, el virus, que provenía del centro de África, vulneró masivamente a personas que ejercían el trabajo sexual como alternativa de sobrevivencia y a la población LGBTIQ+. Aquello causó que el estigma contra las personas sexo diversas se incrementara aún más.
Ecuador no fue la excepción. Los contagios de la población LGBTI —y la desinformación en torno al virus que incrementó el estigma contra la comunidad— impulsó la organización de la sociedad civil por los derechos de la población LGBTI. El discurso oficial en el país—y de hecho, global— hizo que el virus se convierta en sentencia contra la “inmoralidad” y no como un problema de salud pública.
Una de las primeras organizaciones en abrir fue la Fundación SOGA —hoy presidida por Jayro Vinces— en la década de los 80, que luego se llamó Fundación Ecuatoriana de Acción y Educación para la Promoción de la Salud (Fedaeps), aunque algunos ex miembros no se alinearon a la nueva organización y continuaron trabajando bajo el mismo nombre.
El trabajo de organizaciones como SOGA fue vital en una sociedad que no dejó de estigmatizar a las personas LGBTI contagiadas con el virus: que brindaron apoyo y acompañamiento a personas sexodiversas, e incluso se contactaban con ellas, que frecuentemente iban a bares como El Hueco, conocido como Footloose, a donde iban a divertirse desde inicios de la década. En 2022 aún existe un bar con el mismo nombre en la Mariscal Foch.
En los años siguientes, también se crearon otras organizaciones como Amigos por la vida, Comunio, Faces, el Foro Permanente de Mujeres, entre otras.
1990: La homosexualidad dejó de ser una “patología” para la OMS
La homosexualidad no solo fue criminalizada, sino patologizada en todo el mundo. Durante décadas, las personas de las diversidades sexuales fueron consideradas enfermas.
La Asociación Estadounidense de Psiquiatría retiró a la homosexualidad de su transtornos mentales en 1973. Sin embargo, la Organización Mundial de la Salud lo haría casi veinte años después.
Recién el 17 de mayo de 1990, la asamblea general de la Organización Mundial de la Salud eliminó a la homosexualidad de su lista de enfermedades psiquiátricas.
1994: La organización se potenció ante la CIDH
Aunque Febres-Cordero dejó la presidencia, la violencia contra las mujeres trans y personas sexo diversas no cambió sustancialmente durante los gobiernos siguientes.
La Fundación de Acción y Ayuda para Prevención del Sida, Famivida —nueva organización LGBITQ+—, el Comité de Derechos Humanos de Ecuador, entre otros colectivos sociales, se unieron para enviar una carta a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (CIDH), donde enlistaron las vulneraciones a sus derechos humanos.
El organismo regional respondió. Cuestionó el actuar estatal por la falta de garantías de los derechos de la población LGBTIQ+. Pero no sirvió de mucho. El Estado no tomó ninguna medida.
1997: creación de la Asociación Coccinelle
1997 es el año histórico para las personas sexo diversas, aunque la violencia lo haya marcado.
En ese año, el Estado ecuatoriano reconoció legalmente la constitución de la Asociación Gay Transgénero Coccinelle —en honor a la vedette trans Jacqueline Charlotte Dufresnoy, que había visitado Ecuador décadas antes. Estrellita Estévez, Gonzalo Abarca y Purita Pelayo fueron sus fundadores. La Asociación tuvo cerca de cuarenta personas. “Estaba constituida especialmente por homosexuales que trabajaban en las calles y lograban organizar acciones de protesta nunca vistas en el país”, escribe Pelayo en Los fantasmas se cabrearon.
“La mayoría de travestis que trabajaban en las calles de Quito en la prostitución o en cualquier otra actividad buscaron contactarse con Coccinelle para asociarse”, dice Pelayo. Ese fue el puntual que, después de largos años, abriría el camino hacia la despenalización.
14 de junio de 1997: La detención masiva en el Abanicos Bar
La historia de la detención y violencia policial contra mujeres trans en el Abanicos Bar, en Cuenca, es también la historia de Patricio Coellar, activista a quien hasta su muerte llamaron Pachi.
La noche de ese 14 de junio, se convirtió en el puntal que impulsó la organización de colectivos sociales LGBTI a interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 516 del extinto Código Penal que criminalizaba la homosexualidad en el país.
Con un vestido negro largo, el cabello rizado y un copete estilizado, Patricio Coellar —a quién en aquellos años conocían como Brigitte— respondía la pregunta que la llevaría ganar el Reinado Gay, que se realizaba en el Abanicos Bar, asentado, en ese entonces, en las calles Vargas Machuca y Juan Jaramillo de la capital azuaya.
Ese día, a Brigitte le preguntaron los presentadores de la noche: “¿crees en la reencarnación?”. Ella respondió: “Yo creo que sí hay reencarnación en cada una de las personas. Porque yo creo que nadie muere para siempre. Si es que yo llegara a reencarnar, reencarnaría una mujer con muchos sentimientos para así ser feliz con lo que soy y lo que siento”, dijo, en imágenes que forman parte del documental La loca que derramó el vaso, de Bethania Velarde y Juan Manuel Ruales. Brigitte fue, ese día, la ganadora del certamen: la primera Reina Gay de Cuenca.
Pero, después de eso, un grupo de policías, liderado por Diego Crespo, ex intendente de la Policía, irrumpió en el Abanicos Bar. Datos de medios locales de la época informaron sobre la detención de más de 60 personas, que fueron trasladadas a los calabozos de Investigación del Delito de Cuenca.
Patricio Coellar fue una de esas personas. Fue detenido, golpeado y sobrevivió a una violación sexual en esos calabozos. Lo mismo pasó con el resto de personas detenidas, sometidas a torturas como la aplicación de descargas eléctricas o ser forzados a sumergir sus cabezas en los inodoros.
Las personas trans reclamaron sus derechos luego de la detención masiva en el Abanicos Bar.
Con el paso de los años, Patricio Coellar dejaría de identificarse como Brigitte. Lo conocían como Pachis o Petunia y siguió con su pasión en Cuenca: el estilismo, aunque las condiciones sociales en las que vivían no cambiaron mucho.
Falleció el 12 de agosto de 2020, en plena pandemia de covid-19. Pachis es una persona histórica, pero jamás fue reparada por el Estado ecuatoriano. Lo mismo ha ocurrido con las mujeres trans que aún mueren esperando justicia por la violencia ejercida contra ellas.
Agosto de 1997:
La violencia contra Brigitte y sus compañeras en el primer Reinado Gay en Cuenca dio el impulso a la protesta. Los colectivos de personas trans y travestis se unieron en un solo frente. Su primera reunión, de hecho, fue en el barrio La Floresta, de Quito, en la casa de una mujer trans a quienes conocían como Casquete.
Estuvieron allí las Coccinelle, la Fedaeps, Amigos por la Vida, SOGA, Triángulo Andino y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos que, acompañados y guiados también por el defensor Alexis Ponce, decidieron tomarse el espacio público, pero también interponer una demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 516 que criminalizaba la homosexualidad ante el entonces Tribunal Constitucional, que ahora es la Corte Constitucional.
El primer paso era recolectar mil firmas para lograrlo.
El 27 de agosto de ese año, las mujeres trans y personas sexo diversas hicieron historia: se tomaron la Plaza Grande, una acción pública que se había planificado meses antes. Purita Pelayo contó a GK que, en total, fueron más de cuarenta personas estuvieron allí. Con sus tacos, vestidos ceñidos, y su maquillaje delineado, entraron de a poco. “Entraron dos por un ángulo, dos por el otro. También por la García Moreno y por el Museo metropolitano. En el obelisco nos encontramos. Todas teníamos que salir tal cual como éramos. No puedo estar de corbata, ni casimir, ni terno”, relató.
No todas las organizaciones las apoyaron. De hecho, contó Purita, hubo un colectivo LGBTI que les había dicho que no salgan porque “van a tener una sociedad en contra. Les va a llegar la Policía y ustedes van a debilitar todo lo que se ha hecho. Yo les dije: ‘yo no puedo decirles a las Coccinelle que se pongan corbata’. Si no que salgan como son por el día y por la noche”, relató.
Fue una fiesta por la vida y el reclamo, la primera marcha LGBTI en el país, donde la recolección de firmas continuó. Al llegar a la Plaza, las esperaban las familias de las personas desaparecidas, la familia de los hermanos Santiago y Andrés Restrepo. Incluso Pedro Restrepo, su padre, recuerda a las Coccinelle. “Nos juntamos e hicimos varias manifestaciones. Ellas con sus expresiones, con sus vidas. Yo iba con ellas. También estaba Alexis Ponce, y jóvenes con mucha fuerza, pasión y entrega. Fue algo inédito y más en Quito, pero así fuimos, luchando para seguir adelante. Si se puede hablar de éxito, es ese: la unión que sostiene nuestras luchas”, recordó, en una entrevista en GK.
24 de septiembre de 1997:
Las organizaciones presentaron la demanda de inconstitucionalidad, suscritas por Gonzalo Abarca y Purita Pelayo, el 24 de septiembre de 1997, con todos los requisitos que requería el Tribunal de Garantías Constitucionales más de mil firmas con su respectiva copia de cédula de identidad.
No solo cumplieron la meta, sino que la superaron. En total, lograron recolectar 1.500 firmas.
25 y 27 de noviembre de 1997 :
Dos meses después de presentar la demanda, el entonces Tribunal de Garantías Constitucionales declaró, finalmente, la nulidad del inciso primero del artículo 516 del Código Penal, que criminalizó las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo.
La noticia se conoció el 25 de noviembre, aunque entró en vigencia el 27 de noviembre.
Aunque la resolución hizo que, en teoría, las personas sexo diversas sean libres, el documento del Tribunal estuvo lleno de prejuicios. En una de las líneas de la sentencia se lee: “esta conducta anormal debe ser objeto de tratamiento médico”.
Muchas mujeres trans murieron y fueron asesinadas antes de que la homosexualidad deje de ser un delito en este país. Otras siguen muriendo sin recibir —al menos— una disculpa estatal por la violencia a la que sobrevivieron. Decenas aún siguen siendo asesinadas en las calles, ahora, extorsionadas por las redes de delincuencia organizada.
Purita Pelayo recuerda sus nombres en su libro. “La muerte se cruzó violentamente en su camino sin dejarnos, siquiera, sus nombres verdaderos, sino solo los nombres con los que las conocimos”, escribe.
Allí están Tránsito (La reina de El Guambra), Angelita Zamora, La femenina María, Leidy (la mulatita guapa de Esmeraldas), La Negra Marcia, La Tongolele, La siete pisos, La Lambada, de Guayaquil, Perlita, Santa Nacha (de Chone), entre muchas tantas más.
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El hartazgo por la violencia y el impulso para que fueran reconocidas como sujetos de derecho, fue el motor de la coordinación de colectivos sociales para que la despenalización se lograra. A pesar de esto, las condiciones de vida de las personas tras —principales impulsoras de ese proceso— no han cambiado lo suficiente.
Muchas siguen siendo víctimas de transfemicidios, violencia sexual y extorsiones. Además, históricamente han tenido pocas oportunidades laborales. Muchas tuvieron que dedicarse al estilismo y a trabajo sexual, las únicas vías que encontraban para ganarse la vida. Por eso ahora, en 2022, a 25 años de la gran gesta, siguen en su lucha por sus derechos: principalmente, la búsqueda de la consolidación de su derecho a trabajar, las garantías de sus vidas.
Purita Pelayo elevó varios de sus nombres en su libro. “La muerte se cruzó violentamente en su camino sin dejarnos, siquiera, sus nombres verdaderos, sino solo los nombres con los que las conocimos”, escribe. Allí están Tránsito (La reina de El Guambra), Angelita Zamora, La femenina María, Leidy (la mulatita guapa de Esmeraldas), La Negra Marcia, La Tongolele, La siete pisos, La Lambada, de Guayaquil, Perlita, Santa Nacha (de Chone), entre muchas tantas más.
El 17 de mayo de 2019, en el Día Internacional contra la Homofobia, Transfobia y Bifobia, la Nueva Coccinelle, con el apoyo de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh), presentó en la Fiscalía una denuncia al Estado ecuatoriano por el delito de lesa humanidad y el de persecución a las víctimas de represiones policiales intensificadas desde la década de los 80 hasta la década del 2000.
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