“Estoy amenazada de muerte, hermana. Y la Policía no hace nada”, dijo Jéssica Martínez, lideresa transgénero afroecuatoriana, en un audio enviado a una de sus compañeras, horas antes de ser asesinada, la noche del sábado 3 de septiembre de 2022. Jéssica fue impactada con al menos once disparos en su cuerpo, que fue encontrado en el suelo de la calle Marieta Veintimilla, entre Juan Hervás y Luis Martínez, en el centro de Ambato, una ciudad andina de la región sierra-centro ecuatoriana.

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Jéssica Martínez no sobrevivió a las heridas causadas por los proyectiles. Pero en vida peleó por sus derechos y los de sus amigas. Martínez —de piel brillante, cabello rizado negro, y silueta espigada—era de Chone, una de las ciudades costeras de la provincia de Manabí. Allí vivió durante su adolescencia, pero hace  casi dos décadas migró a Ambato para ejercer el trabajo sexual. Era la vicepresidenta de la Asociación Trans Nueva Esperanza, una organización que exige los derechos para las trabajadoras sexuales trans: salud, educación, garantías para continuar laborando en esas, que son sus calles, porque no tienen un establecimiento formal para hacerlo, sin temor a la violencia.

Con micrófono en mano, la lideresa Martínez también se unió a la campaña #MiGéneroEnMiCédula en la que recorrió ciudades como Manta, junto al equipo del Proyecto Transgénero. Se trataba de la articulación de voces para promover un proyecto de reformas a la Ley de Registro Civil, Identificación y Cedulación, que comenzó en junio de 2012 y que el Estado reconociera la autoidentificación de personas trans en el país. Y lo lograron. El proyecto pasó a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización del Territorio de la Asamblea Nacional en ese año y se aprobó en diciembre de 2015 con 77 votos a favor. Entró en vigencia el 4 de febrero de 2016. 

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Era la voz puntillosa y desafiante que encontraba potencia en su frontalidad —como lo hizo cuando un periodista deportivo de aquella ciudad andina decidió llamarla a ella y a sus amigas “criminales”, mientras las grababa, el viernes de 15 de octubre. Él se “disculpó” por su mensaje de odio, pero no las nombró. “Lo que usted hizo fue criminalizar y minimizar el trabajo sexual que es un trabajo”, cuestionó Jéssica, en un video en el que rechazaba aquellas declaraciones, luego de haber presentado una denuncia pública ante la Defensoría del Pueblo. 

También le apasionaban los certámenes de belleza trans y más de una vez posó con una sonrisa amplia con las coronas y las bandas que ganó. 

Su activismo en las calles y en los espacios públicos señaló siempre a los grupos delincuenciales que en Ambato amenazan sistemáticamente a las trabajadoras sexuales transgénero para forzarlas a vender droga, y obligarlas a pagar cuotas mensuales para preservar sus “plazas”. Es decir, los lugares en los que ejercen su oficio. 

Durante sus últimos tres meses de vida, Jéssica Martínez fue amenazada al menos dos veces. Dice su compañera y amiga, Odalys Cayambe, lideresa de la Red Comunitaria Trans del Ecuador, que Jéssica se resistió a que las redes de delincuencia organizada las coaccionaran, sobre todo, a las trabajadoras sexuales que ahora se asientan en el parque 12 de Noviembre, en el centro de la ciudad.

Horas antes de ser asesinada, Jéssica Martínez habló con Odalys Cayambe. Le contó que, por más que quisiera, no podía ser parte de la marcha trans del próximo 18 de noviembre. En el audio que le envió, Martínez le dijo: “tú sabes que a mí me encanta todo lo que es la revolución. Pero ahorita no puedo responderte [es decir, ir a la marcha], mi amor. Nos tienen aquí acorraladas. No estoy yendo al parque 12. No estoy subiendo nada. Estoy totalmente callada ”. 

Sin embargo, pese a las amenazas, Jéssica Martínez tuvo que salir a trabajar para poder comer. Para la gran mayoría de mujeres trans, dice Odalys Cayambe, el trabajo sexual sigue siendo la única opción de sobrevivencia. “Hizo varias peticiones de auxilio al Estado ecuatoriano. La sacaron corriendo del parque más de una vez. La llamaron de la cárcel a amenazarla. Comenzó a tomar medidas que para nosotras, las mujeres trans, no son aplicables. No puedes dejar de salir, ¿quién nos da de comer? La torturaron psicológicamente, ella ya sabía que la iban a matar, pero no tuvo de otra que salir a trabajar”, reclama Cayambe

Jéssica Martínez

La lideresa trans Jéssica Martínez en una acción pública por los derechos de las trabajadoras sexuales trans. Fotografía cortesía.

Aunque fue por la lucha de las mujeres trans que en Ecuador se despenalizó la homosexualidad en noviembre de 1997, las condiciones de vida de las mujeres trans casi no han cambiado. Las trabajadoras sexuales trans no cuentan con un registro. Su trabajo tampoco está regularizado —eso, dice Odalys Cayambe, causa que haya mayor migración hacia otras ciudades por la falta de oportunidades en sus lugares de nacimiento. Pero Cayambe y sus compañeras se han encargado de que se concrete un registro en las principales ciudades a las que migran las trabajadoras sexuales trans, que serían más de 150 en Quito, Ambato y Guayaquil. 

Odalys Cayambe es una de las voces más críticas en el país frente al sistemático abandono a la población trans, que no tienen políticas públicas laborales, educativas y sociales. “Jéssica se negó a pagar. Dijo que no lo iba a hacer, que iba a seguir luchando. Y la mataron. Eso nos ha tocado: luchar por nuestros derechos a costa de nuestras vidas. Por eso yo tampoco me voy a callar, porque esto no puede quedar en la impunidad”, dice la lideresa trans, con firmeza. 

Pero la violencia en Ecuador solo aumenta, y la extorsión —que ahora se vive en los barrios más empobrecidos del país— también coacciona a las trabajadoras sexuales trans no solo en Ambato, sino en ciudades como Guayaquil y Riobamba. Y no son recientes.  

La extorsión y las “vacunas” no son nuevas: hay denuncias  

Las cifras de las vacunas —cuotas de dinero para permitirles trabajar— varían: pueden ser entre cinco y diez dólares diarios, treinta y cien dólares semanales, e incluso entre trescientos y ochocientos dólares mensuales. Son cantidades exorbitantes frente a los pocos ingresos diarios de las trabajadoras sexuales trans. Jéssica Martínez no lo denunció formalmente en la Fiscalía, pero sí públicamente en sus redes sociales y encuentros de la comunidad trans. Solicitó protección a la Policía para ella y las casi veinte trabajadoras trans de Ambato, como decía en aquel audio y en sus pronunciamientos en redes sociales. Sin embargo, cuestiona Odalys Cayambe, nunca hubo respuesta. Tampoco hubo para Samantha, una lideresa trans que fue brutalmente golpeada y tuvo que dejar de trabajar por temor a ser asesinada. 

Ni Jéssica Martínez ni Samantha son las únicas. A la violencia y la discriminación que han vivido siempre en las calles, se suman los primeros registros de extorsión de grupos delincuenciales organizados que —dice Odalys Cayambe— empezaron en 2020. Comenzaron en Quito, donde les exigían el pago de entre 500 y 800 dólares mensuales. “Al ser amedrentadas, todas se fueron del país. Ya no queda ninguna de ellas. Tuvieron que irse. Esa es nuestra situación”, relata Cayambe. 

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La Red Comunitaria Trans del Ecuador y la Fundación de Asistencia Social y Judicial Tacos Rojos han denunciado que varias de las extorsiones en Guayaquil, por ejemplo, vienen desde una de las cinco prisiones que forman parte del complejo carcelario de Guayaquil. GK confirmó, con una fuente reservada, que una de ellas sería la cárcel regional, donde están confinados varios de los líderes de bandas narcodelictivas. 

En el sistema judicial de Ecuador y en la Defensoría del Pueblo sí existen denuncias por extorsión interpuestas por mujeres trans que vinculan a grupos delincuenciales que operan en las calles. 

Una de ellas fue presentada ante la Fiscalía el 13 agosto de 2021. Camila*, trabajadora trans migrante, denunció ser víctima de extorsión y ataques por parte de alias Majo, en julio de ese año. Imágenes difundidas a través de redes sociales la muestran con sangre en el rostro, sin poder moverse, en los brazos de vecinos que la ayudan. 

En la denuncia,  la trabajadora trans relata que alias Majo simularía ser una mujer trans para poder ingresar a la zona donde trabajan. “Un grupo de hombres nos golpea y son los encargados de cobrarnos la cuota a mí y a mis compañeras”, dice en la denuncia escrita. 

Ese mismo día, el 13 de agosto de 2021, la Red Comunitaria Trans de Ecuador presentó una denuncia pública ante la Defensoría del Pueblo, en ese entonces liderada por Zaida Rovira, para visibilizar lo ocurrido con Camila. 

En abril de 2022, otra mujer trans presentó una denuncia contra alias Majo y una mujer que, según el documento, sería miembro de la banda Los Choneros, en Guayaquil. En el documento, relata que le exigen el pago de treinta dólares semanales. Al negarse, habría llegado un carro rojo “donde iban hombres con machetes y armas. Al rehusarme, me robaron la cartera y con un bate me obligaron a correr”, dice. 

Sin embargo, ninguna de las denuncias ha terminado en la detención de los sospechosos.

Odalys Cayambe —al igual que sus compañeras— insiste en su activismo, pese a que son vulnerables a la violencia porque, afirma, es la única forma en la que pueden protegerse unas a otras. Cuestiona no solo al Estado, sino también a las organizaciones sociales “que tampoco han hecho nada por nosotras, pese a decirse defensoras de derechos humanos. Pero tampoco podemos dejar que digan que la mataron sicarios y ya, porque sabemos que va a seguir pasando”. 

Dice Odalys Cayambe que, aunque no dejará de denunciar las violencias que viven las mujeres trans en Ecuador, también teme por su vida. Aunque ese miedo no es reciente. “Siento ese temor desde que comencé esta lucha. A mí me han criminalizado todo el monopolio LGBTIQ+. Tenemos una expectativa de lucha y sabemos también a lo que nos enfrentamos. No me voy a callar. Pero como somos mujeres de fe, no nos queda mucho más que esperar. Eso ha sido la vida, esperar”.

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Karol E. Noroña
Quito, 1994. Periodista y cronista ecuatoriana. Cuenta historias sobre los derechos de las mujeres, los efectos de las redes de delincuencia organizada en el país, el sistema carcelario y cubre permanentemente la lucha de las familias que buscan sus desaparecidos en el país. Ha escrito en medios tradicionales e independientes, nacionales e internacionales. Segundo lugar del premio Periodistas por tus derechos 2021, de la Unión Europea en Ecuador. Coautora del libro 'Periferias: Crónicas del Ecuador invisible'. Forma parte de la organización Chicas Poderosas Ecuador.
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