El voto trans, un proceso lleno de obstáculos

No es un domingo cualquiera. Desde muy temprano, la gente empezó a salir de sus casas para acercarse a una junta receptora donde está su nombre como ciudadano, y votar. Isabela* es la única persona de su casa que no irá a una urna para ejercer su derecho a decidir quién será el próximo presidente del Ecuador. No irá porque no quiere sino porque el Consejo Nacional Electoral (CNE) la obligaría a votar como alguien que no es: con un nombre y un género que ya no son los suyos. 

Isabela es guayaquileña, ingeniera en sistemas y una mujer transgénero. Tiene 42 años y vive en Guayaquil. 

Es 15 de octubre de 2023 y en Ecuador es la segunda vuelta presidencial de unas elecciones anticipadas. Son casi las 11 de la mañana e Isabela y su esposa salen de casa. Sus dos hijos se quedan. Ella no tiene ánimos para manejar.

Isabela no votará. “Imaginar ir a la fila de hombres, cuando soy y me veo como una mujer, para mí es una humillación”, dice. Por años, Isabela ahorró para realizarse la cirugía de reasignación de sexo. En diciembre de 2021 lo logró: viajó a Chile y se operó para que su cuerpo corresponda a quien realmente es: una mujer. 

Cuando regresó a Ecuador, hizo el trámite que en Ecuador es posible desde 2016: reemplazar sexo por género en el documento de identidad. En septiembre de 2022, cambió en su cédula sus nombres y categoría de ‘sexo-hombre’ por ‘género-femenino’. 

La categoría de sexo en la cédula de identidad hace refercia a lo que Proyecto Zoom, un obsevatorio de género ecuatoriano, denomina como “características sexuales”. Estas pueden ser los órganos reproductores —útero, ovarios o testículos—, los cromosomas XX para mujeres y XY para hombres en la mayoría de los casos, y las diferencias en las hormonas sexuales, como lo es el estrógeno en mujeres y la testosterona en hombres. 

El género, en cambio, tiene más relación con lo social que lo biológico. Es la idea colectiva que creamos como sociedad de lo que vinculamos a lo masculino y femenino. Como la vestimenta, los manierismos, las formas de hablar. 

Estas diferencias, que para un público general pueden ser sutiles, son esenciales para un grupo de la población que es parte de las diversidades sexuales. 

Cuando Isabela hizo el trámite de su cédula, en septiembre de 2022, faltaban cinco meses para elegir alcaldes y prefectos en todo el Ecuador. Aunque el cambio en su documento de identidad era oficial, cuando en noviembre de 2022 entró al enlace que el CNE había habilitado para  verificar el lugar de votación, se encontró con que aún constaba en la junta receptora del voto masculina y con sus nombres anteriores.

Un mes después fue a las instalaciones de la delegación provincial del Guayas del CNE, en el sector de la Atarazana, para pedir que actualizaran sus datos. La funcionaria que la atendió le dijo que no era necesario y “que no se hiciera problema porque tiene discapacidad y la gente con discapacidad no paga multa”, recuerda Isabela. Ella una discapacidad leve pero insiste en que no se trata de la multa. “Se trata de que quiero votar, quiero que mi decisión importe, y que lo pueda hacer como mujer, como realmente soy”, dice, con frustración, lo que le respondió a la funcionaria.

Todos los días, las personas trans —que se identifican con el género contrario al sexo con el que nacieron— viven experiencias que invalidan su identidad. Desde obligarlas a usar el baño contrario a su autoidentificación hasta miradas y murmullos juzgadores en lugares públicos. 

Pero que invaliden su identidad en un momento como las elecciones tiene un significado más fuerte. “Las elecciones constituyen un acto de pertenencia cívica”, explica el psicólogo Kamil Paulé, especialista en identidades trans. Dice que tiene una alta carga simbólica porque representa qué tán válida y valiosa es nuestra participación frente a la democracia en las políticas y decisiones del país. 

En las elecciones de febrero de 2023, Isabela se resignó. Confió en que en las siguientes votaciones, como le había asegurado la funcionaria del CNE, podría ejercer su derecho al voto en la fila correcta. Las siguientes votaciones habrían sido en 2025. 

Pero el 17 de mayo de 2023, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, declaró la muerte cruzada, un mecanismo constitucional que le permitió disolver la Asamblea Nacional. La decisión también obligó al CNE a llamar a elecciones generales, tanto legislativas como presidenciales, de manera anticipada. 

Isabela pensó que, en esta ocasión, sus datos estarían actualizados en el padrón electoral. Pero no fue así. Cuando entró al link habilitado por el CNE notó que seguía la información que no correspondía con su identidad.

Esta vez, decidió que pelearía para que su voto fuese válido. A finales de junio de 2023, el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH), una organización que promueve los derechos ciudadanos, envió una carta a Diana Atamait, presidenta del CNE. Le exigieron que reconocieran la identidad de Isabela en las votaciones de la primera vuelta electoral, donde se escogería además a la Asamblea Nacional y vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social . 

El abogado Abraham Aguirre, coordinador legal del CDH, dice que “lamentablemente, el derecho al voto que debe ser garantizado por la función electoral no es tomado desde un enfoque de género ni de derechos humanos”.

El 7 julio de 2023, Atamaint respondió al oficio diciendo que era imposible hacer el cambio. Según el correo enviado por la presidenta del CNE, es porque el padrón electoral estaba actualizado con corte al 21 de julio de 2022. Es decir que todo cambio que se haya hecho después en los registros, no se toman en cuenta. 

Isabela hizo el cambio de su cédula dos meses después de esa fecha.

En Ecuador, las personas pueden cambiar su género en la cédula. Pero la actualización de los cambios no es ágil. Fotografía de Camilo Cabezas para GK.

Según el Registro Civil, de agosto de 2022 a julio de 2023, se hicieron 226 cambios de sexo a género, y cambio de nombres. Esto quiere decir que, como Isabela, al menos 225 personas trans no pudieron ejercer su derecho al voto con su nueva identidad en las elecciones seccionales ni en las elecciones anticipadas de 2023. Esas personas o no fueron a votar o se vieron obligados a hacerlo en la fila del género contrario. 

Sobre el grupo de personas que cambió su género en la cédula en ese periodo y no votó, Fernando Toledo, coordinador nacional de procesos electorales del CNE, dice que “sin tratar de discriminar, sin tratar de minimizar, en este proceso electoral, no tendría mucha injerencia el número de personas que no sufragan”. 

Pero no se trata sólo de cómo este ausentismo afecta los resultados finales de las elecciones. “Puede que ese número de ciudadanos sean muchos o pocos, pero lo que se está afectando va más allá de los derechos [de las personas trans]; lo que se está afectado es la legitimidad de los procesos electores”, opina el antropólogo y jurista experto en derechos políticos, Santiago Cahuasquí. 

De cierta manera, explica Cahuasquí, simbólicamente con el comentario de Toledo se está diciendo que hay ciudadanos que son menos ciudadanos que otros; al menos, desde el ejercicio democrático de elegir mandantes.

Para que unas elecciones puedan ser realmente un reflejo del deseo ciudadano, dice Cahuasquí, “las autoridades electorales deberían presentar un registro electoral lo más acorde a la realidad del país”. Para el académico, “se está afectando derechos de participación, derechos de identidad, se está afectando derechos de libertad”. Estos, dice, son principios fundamentales para una democracia real. 

Para el psicólogo Kamil Paulé, mensajes como el de Toledo sólo reflejan la falta de sensibilización de funcionarios públicos electorales en temas de diversidad. Comparar un caso como el expuesto por el funcionario, hace que las personas trans “se sientan juzgadas o cuestionadas por su expresión de género e identidad autopercibida”, explica el psicólogo. 

“No es que la persona no quiera ir a votar, es que las personas trans no se sienten seguras porque no hay las condiciones para hacerlo”, concluye Paulé.

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Los miembros de las juntas receptoras del voto fueron capacitados específicamente sobre diversidad sexo-genérica para las elecciones anticipadas de 2023, dice Fernando Toledo. Eso, dice el coordinador de Procesos Electorales del CNE, se hizo para evitar la vulneración de derechos de poblaciones minoritarias en las votaciones. 

Entre las soluciones que se plantearon para las personas trans cuyo registro no está actualizado, cuenta Toledo, estuvo permitir que el padrón pueda ser movido, momentáneamente, a la mesa contraria, para que la personas trans pudiese votar en la fila donde se sintiera más cómoda y segura. Como segunda solución se planteó mover la papeletade la persona trans a la mesa de atención preferente, destinada para personas con discapacidad pero sin distinción de sexo o género. 

Sin embargo, estas soluciones no se habrían aplicado en todo el país. Karla Rodriguez es un ejemplo. Rodríguez es una mujer trans, activista y presidenta de la Asociación Trans Crisalys, e hizo su cambio de género y nombres en agosto de 2022. 

Como los obstáculos para votar no son nuevos, en junio de 2023, Rodríguez, desde su organización, logró coordinar reuniones con la Dirección Nacional de Procesos Electorales, la Subsecretaría de Diversidades y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género. Allí, Toledo del CNE le dijo a la asociación lo mismo que respondió para este reportaje: que se activarán estos mecanismos donde podrán votar ya sea en la fila del género con el que se identifican o en la mesa destinada para personas con discapacidad. 

Karla Rodríguez creyó que podía estar tranquila y confió.

Pero el domingo 20 de agosto de 2023, el día de la primera vuelta de las elecciones anticipadas, Rodriguez se dirigió hacia el recinto electoral que le tocaba. En años anteriores a su cambio de cédula, se había visto obligada a camuflarse en la fila masculina. Usaba camisetas holgadas, unos jeans grandes y una gorra para tapar su cabellera. “Aún así, había alguien que me decía ‘señora, la fila de mujeres está por allá’, y yo sólo me reía”, recuerda. 

Pero para ella cada elección era una humillación. Durante varios años, mientras avanzaba la cola, tenía que soportar las miradas fijas y las burlas que no lograban ser contenidas. Quizá su turno no duraba más de 10 minutos, pero ella sentía que era una eternidad.

Este 2023, como le indicó Toledo, Karla Rodriguez se dirigió al coordinador de mesa correspondiente y le explicó la situación. Estaba confiada de que no existiría mayor inconveniente. Pero la coordinadora de ese recinto electoral, ubicado en Quito, le dijo que no tenía idea de lo que hablaba. Le dijo que tenía dos opciones: o hacía en la fila de hombres, o retiraba su certificado de presentación sin poder votar. 

Karla Rodriguez decidió que su voto era igual de importante que el resto de ecuatorianos, así que pasaría la humillación en la fila masculina. Aunque esta vez no había traído su “disfraz de chico”, como ella le dice. 

Según Karla Rodriguez, muchas otras mujeres trans como ella sufrieron tratos discriminatorios al momento de votar, de acuerdo a las denuncias que le han llegado a través de la Asociación Transgénero Crisalys. Entre las elecciones de primera y segunda vuelta presidencial de 2023, a nivel nacional, recopilaron 20 denuncias en redes sociales, que las convirtieron en alertas de discriminación.

Rodríguez reconoce que sí hubo casos en donde los miembros de mesas en las juntas electorales estuvieron sensibilizados y capacitados correctamente; pero que esto variaba de junta a junta. 

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Al momento de votar, las personas trans no sólo deben enfrentarse a la posibilidad de tener que hacerlo en la fila contraria a su género. En algunos casos, no pueden votar en ninguna fila y los pueden multar por eso. No pueden sufragar en la fila con su nueva identidad porque no están en los registros; no pueden votar en la de su antigua identidad porque ya no tienen su documento. 

Es común que, luego de tener su nueva cédula, boten la anterior. 

Patricio Fernández, director nacional de registro electoral del CNE, explica que mientras hay una persona que no es reconocida por el CNE, hay otra que está en los registros pero no vota, y es multada por eso.

Debido a que el padrón electoral no se actualiza desde julio de 2022, quienes hayan hecho el cambio de nombre después de eso, no existirán para el CNE. Por lo que la persona estaría obligada a conservar también su cédula caduca para poder reclamar el voto que por derecho es suyo. 

Si por alguna razón la persona trans botó su cédula de identidad anterior, no se le permitiría votar. Además, sería multada a pesar de que se hubiera presentado a votar. “La normativa nos indica que si una persona no sufraga, esa persona debe ser multada”, dice Fernñandez. “Nosotros tenemos una normativa legal y a eso nos regimos”, insiste, al consultarle sobre si esta medida es justa.

Fernando Toledo, del CNE, dice que las personas trans que desecharon su cédula antigua son contabilizadas como ausentismo. Aunque sí hayan estado en la fila, y no se les haya permitido votar con su cédula actual. 

Para explicarse, Toledo compara el ser una persona trans con una persona que no está en su ciudad en el día de elecciones. “Es como si yo estuviera en Guayaquil pero sufrago en Quito, y me acerco a una mesa que no es la mía para votar. No podría porque esa mesa no me corresponde”, dice Toledo, haciendo una confusa comparación que no tiene lógica. 

Si una persona vota en una ciudad y pretende votar en otra en una mesa que no le corresponde, es su responsabilidad el no poder ejercer su derecho. Si a una persona trans le niegan el derecho al voto porque el CNE no ha actualizado sus datos, es responsabilidad de la institución. Obligarla a votar con un nombre y género que no es el suyo sería discriminatorio.

La Asociación Transgénero Crisalys ha identificado en todo el país alrededor de 50 casos donde las personas ya no poseen sus cédulas antiguas y no pueden votar. Sin embargo, estos números no son posibles de contrastar con el CNE, ya que para la institución todos se contabilizan como casos de ausentismo aunque, en realidad, las personas no se hayan ausentado. “Si la persona no va con la cédula que está en el padrón, es como que no haya ido”, dice Toledo. Aunque se trate de cédulas antiguas y, en teoría, sin validez. 

Al no dejarles sufragar, las personas trans estarían obligadas a pagar la multa que corresponde al 10% de un Salario Básico Unificado (SBU): 45 dólares en el 2023. 

Fernández, del CNE, dice que hay una posible vía para no sancionarlas. Pide que los hombres y mujeres trans presenten un reclamo explicando su caso en las delegaciones provinciales. Sin embargo, asegura que es solo eso, una posibilidad de que no los multen. 

Aunque el funcionario del CNE admite haber tenido reuniones con organizaciones trans, asegura que hasta el día de hoy no existen denuncias formales presentadas por escrito por estos casos. 

Las personas trans no pueden votar porque las obligan a hacerlo en la fila del género que no les corresponde. Fotografía de Camilo Cabezas para GK.

Por eso, dice que el análisis de la viabilidad de impugnar la multa no ha podido ser analizado por el departamento legal. “La institución hará lo mejor para el cuidado”, dice Fernández, “pero debemos regirnos por lo que diga la norma”.

Tanto Toledo como Fernández creen que es necesario que el Código de la Democracia sea reformado. Dicen que es necesario extender los tiempos luego de activar la muerte cruzada, que les obliga a ejecutar las elecciones en 90 días. Esto, según explica Toledo, los obliga a saltarse varios pasos que se harían en procesos electorales ordinarios; entre ellos, poder tener un padrón electoral actualizado.

A pesar de esto, el abogado Abraham Aguirre, defensor de Isabela y miembro de la CDH, cree que “las instituciones tienen la obligación de crear mecanismos idóneos y con enfoques en género, para que todas y todos puedan acceder a los derechos”. El catedrático Cahuasquí dice que obligarles a votar en la fila contraria, a pesar de haber hecho el cambio en su cédula “incumpliría con el principio de igualdad y no discrminiaciòn”.

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El 2023 no es el primer año que las personas trans se enfrentan a problemas para votar. El 11 de septiembre de 2020, la Alianza por los Derechos Humanos de Ecuador lanzó un comunicado alertando sobre “la vulneración del derecho a la identidad de género de personas trans” para las elecciones generales del 2021.

Frente a esto, Cahuasquí hace recomendaciones que podrían aplicarse en el sistema electoral ecuatoriano. Cree que es obsoleto seguir con un modelo binario de organización. Pone como ejemplo el caso de Brasil, Paraguay y Guatemala, donde “no existe una fila exclusiva para el voto de hombres y otra para el de mujeres; existe simplemente una clasificación territorial por domicilio”. 

Toledo dice que el CNE está desarrollando un piloto donde se pueda sufragar simplemente con identificación de la huella dactilar. Es decir que no importaría si esa persona hizo cambio de nombres, apellidos o de género, ni como luzca; simplemente se tomaría en cuenta su código dactilar. 

Según el funcionario, en las elecciones generales de 2025, se hará un primer piloto en un cantón pequeño que aún no se ha definido.

Mientras tanto Isabela y Karla Rodriguez seguirán sin poder votar sin que su identidad sea invalidada. Esto, dice el abogado Cahuasquí, podría traer consecuencias para el Estado, en el caso de que alguno de estos grupos sociales decida interponer una denuncia constitucional. 

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El 15 de octubre de 2023, en la segunda vuelta presidencial, Karla Rodriguez, en Quito, ya no intentó votar.  

En Guayaquil, Isabela maneja de regreso a casa con su esposa que ya sufragó. Llega a la 1 y media de la tarde. Está sentada en su sala y dice: “ya casi no recuerdo cómo es eso de votar”, dice con un tono en broma, como de quien está resignado y busca verle el lado alegre a los problemas. Pero en realidad, ya pasaron casi tres años desde la última vez que pudo ejercer su derecho al voto. Esa vez sufragó como alguien que no era.  

En la segunda vuelta, su única participación en la democracia fue encender el televisor pasadas las 5 de la tarde. Ahí vio los resultados desde la pantalla como si de un país lejano se tratase, aunque era el suyo. 

*Isabela es un nombre protegido