En 2020, por primera vez en al menos 5 años, las denuncias por el delito de trata de personas en Perú no sobrepasaron las mil. 

Este reportaje fue financiado por la beca TOA-GK para contar historias a profundidad de la Amazonía

En años anteriores, hubo en promedio 1.300 denuncias por este delito. La reducción de 2020 no fue por un cambio en las leyes, la cultura, ni un incremento en la prevención de estos casos. 

Ese año las denuncias, que fueron 692, por el confinamiento de la pandemia del covid-19. Sin embargo, el problema de la trata de personas en Perú —especialmente en la selva central— todavía no ha sido solucionado. 

Este reportaje audiovisual narra la historia de una de las mujeres que fue víctima de este delito “hace muchos años”. Ella cuenta que cuando tenía 9 años y estaba pescando en el río cercano a su comunidad se la llevaron “malas personas”. La hicieron caminar por el bosque, en medio de mucho frío, picaduras de insectos, cansancio y hambre. Dice que pasó varios años con esas “malas personas” y que logró escapar después de ganarse su confianza. 

Américo Cabecilla Galvez, dirigente de una organización indígena de la zona, dice que actualmente la trata de personas en la selva central se hace a través de compradores intermediarios de frutas que tienen la confianza  con las comunidades y les ofrecen trabajo a las hijas menores de las familias. Luego, cuenta Cabecilla, se las llevan a Lima y les ofrecen apoyo para que complete sus estudios a cambio de que trabaje en la casa de alguien. 

Ruth Buendía Metsoquiari, lideresa de las comunidades, dice que la mayoría aceptan estas ofertas por los problemas económicos que tienen las personas de la selva peruana. “Pero muchas veces las niñas se dejan de engañar de personas que le ofrecen trabajo”, advierte.

“Se llevan niños para esclavizarlos”, dice la mujer que cuenta su historia después de ser víctima de tráfico de personas. Ella dice que tenía tanto miedo de las personas que la retuvieron que cuando finalmente logró huir no regresó a su comunidad. Se escondió por varios años lejos de su familia porque tenía que los maten como represalia por su escape. “No tenía documentos, no tenía identidad”, dice nerviosa. 

Ante las preocupantes cifras y las difíciles historias relatadas por las víctimas de este delito, se están planteando algunas estrategias para prevenirlo. Efrén Ramos Espíritu, subjefe de una comunidad indígena de la selva central peruana, dice que comenzaron a cuestionar más esos ofrecimientos de trabajo, a preguntar dónde y cómo será. Pero dice que ahora la técnica es hablar con los padres para aconsejarlos y evitar que manden a sus hijas con extraños, a pesar de los problemas económicos que puedan tener. 

Pese a que la Policía insiste en que tiene “las puestas abiertas” para cualquier denuncia, los miembros de las comunidades dicen que no es así. Ellos dicen que las autoridades excluyen los pedidos de los indígenas y que no les dan una solución para el grave problema que les ha tocado enfrentar solos y en silencio. 

El reportaje termina con un consejo de la protagonista, cuya identidad ha sido protegida: que las madres cuiden a sus hijos para que no terminen esclavizadas como ella y muchas de sus compañeras a las que no sabe qué les pasó después de que ella logró huir.