“Se acabó el examen de la Senescyt”. Con esas palabras, el presidente Guillermo Lasso oficializó, el 14 de julio de 2022, la extinción del examen de acceso a la educación superior que la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt) mantuvo durante una década. Aquel cambio forma parte de la reforma planteada por el Ejecutivo al Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), que se concretó mediante la suscripción de un decreto ejecutivo, en la sede de la Escuela Politécnica del Litoral (Espol). Con la nueva reglamentación, el gobierno deja en las manos de las universidades y escuelas politécnicas la potestad de delinear y fijar sus propios procesos de admisión para los estudiantes. 

La reforma al reglamento de la LOES llega después de casi un año que el proyecto, enviado por el gobierno, llegara a la Asamblea Nacional. Sin embargo, el Legislativo no la analizó ni tramitó durante ese período, aseguró el presidente Lasso. Dijo, entonces, que “el presidente tiene la potestad legal y constitucional” de concretarlas a través de la suscripción de decreto. 

El Reglamento —que aún no ha sido publicado por el gobierno hasta la mañana del 15 de julio— está compuesto por 73 artículos, 12 disposiciones generales, ocho transitorias, una reformatoria y una derogatoria. 

Marcos Miranda, subsecretario general jurídico de la Presidencia, explicó que la normativa regula campos principales de la educación superior: 

• Financiamiento
• Elección de autoridades 
• Calidad de la educación 
• Igualdad
• Autonomía universitaria
• Registros de títulos, entre otras normativas. 

Miranda, además, habló de “ejes de innovación” incorporados al nuevo reglamento: 

• Serán las instituciones quienes implementen procesos propios de nivelación y admisión de estudiantes, de acuerdo con las directrices de la Senescyt.  Para la aplicación de esta medida, el presidente Lasso aseguró que se eliminará también la Subsecretaría de Acceso. Esta institución, que formaba parte de la Senescyt, se encargaba, en concreto, de gestionar el examen que debían rendir los estudiantes para acceder a un cupo en las distintas carreras y universidades del país. Cada universidad y escuela politécnica deberá idear su propio mecanismo de ingreso —incluido el examen—, en coordinación con el Ministerio de Educación. 
• Se simplificarán los procesos de aprobación de carreras, con la garantía, dijo Miranda, de mantener “requisitos de calidad” para la oferta profesional por parte del Consejo de Aseguramiento de Calidad de la Educación Superior. 
• Se eliminarán las restricciones a las universidades para que puedan decidir cómo invertirán sus recursos económicos en los centros educativos.

¿Desde cuándo se aplica? 

Para los estudiantes que cursan sus niveles de estudio en la región costa, que iniciaron clases en mayo de este año, el examen de la Senescyt no va más. En el Litoral es un hecho. Mientras que, para la región Sierra, el examen se eliminará desde el 2023, según confirmó Lasso. 

La reforma no significa que haya más cupos en las universidades

Andrea Montalvo, secretaria de la Senescyt, dijo, durante el evento en la Espol, que luego de la suscripción del decreto, también se concretará “la firma del reglamento de régimen académico”. De acuerdo con la funcionaria, esto “permitirá la autonomía de las universidades”. Y aseguró que la eliminación del examen representa un cambio para “más cupos, más carreras, más oferta académica y más modalidades para nuestros jóvenes”. Sin embargo, hay opiniones que contradicen a Montalvo. 

El 15 de julio, después de que la reforma se concretara, la rectora de la Universidad de Cuenca, María Augusta Hermida, aclaró, durante una rueda de prensa, que, aunque las universidades tienen ahora la atribución de crear mecanismos para admitir estudiantes, no significa que los cupos se incrementen. “Que nadie crea que por eliminar el examen se están aumentando los cupos en la universidad. Esto es muy triste, pero es verdad”, dijo. “Lo único que significa es que esta competencia, que estaba centralizada, que permitía distribuir cupos en todo el territorio nacional, que permitía acciones afirmativas para aquellos sectores más vulnerables y que habían tenido menos oportunidades, desaparece”, indicó Hermida. 

Para lograr que los cupos en los centros universitarios aumenten, explicó, en realidad se necesitan “más recursos económicos para infraestructura física, tecnológica y pago a profesores. Y estaríamos gustosos de hacerlo como universidades públicas. Sin embargo, con los impuestos reducidos que se han mantenido desde 2019, 2020, 2021 y 2022, esto resulta imposible”.

¿Qué pasa con la descentralización de los procesos de admisión?

Para Pablo Astudillo, director de USFQ Data Hub, un centro de investigación transdisciplinario de la Universidad San Francisco de Quito, es importante retroceder al 2012, cuando se instauró la centralización del proceso de admisión de estudiantes a las universidades. Astudillo dice que, para el gobierno de turno, el del ex presidente Rafael Correa, aquella disposición se alineó a la idea de que el “Estado era quién debía definir hacia donde iba el país, qué tenías que producir, cuáles eran las prioridades del país, el talento humano que las universidades debían generar. El Estado quería que las universidades se alineen a sus planes, en ese momento”, explica. 

Aquella medida, sin embargo, dice Astudillo, “le quitó la agencia y el poder de decidir a los estudiantes y las universidades”. Había casos de estudiantes, explica, que quizá querían estudiar medicina. Pero el sistema, en cambio, planteaba otras opciones como arquitectura o enfermería, incluso en otras provincias. Si alguien no aprobaba, decidía intentarlo de nuevo. 

Para Astudillo, el debate no se reduce a decir si fue “bueno o malo”, porque aún es importante analizar si los datos confirman que la educación mejoró con la centralización de los procesos. O, si, en cambio, fue un error. Aunque hay algo que durante estos años ha sido innegable: el descontento de varios estudiantes de las universidades públicas. 

Así mismo, dice, las universidades pueden ser quienes conozcan las realidades específicas de sus estudiantes. Según él, el “Estado central no puede conocer todo lo que ocurre en esas zonas”. Y al dejar la centralización de los procesos de admisión, “se vuelve el poder de decisión de las autoridades”. Aunque, en 2012, uno de los motivos para que el gobierno fuera el responsable de los ingresos fue el combate a la corrupción de las universidades por las mafias que operaban en los centros educativos. 

Entonces, dice Astudillo, hay que revisar modelos educativos internacionales. Dice él que Brasil y México son dos de los países latinoamericanos con mejores referencias de universidades. “En Brasil no es centralizado y tiene varias de las mejores universidades públicas de la región. México también tiene un sistema descentralizado, pero el Estado tiene una prueba estándar a las que las universidades pueden decidir si acogerse o no”. 

Ahora, con la eliminación del examen, afirma Astudillo, el Estado debe ser supervisor del proceso y garantizar la transparencia de los procesos de admisión para que no existan arbitrariedades, como el tráfico de cupos que había antes. 

Diez años de examen 

Fue en el 2012 cuando la Senescyt —creada en 2010— instauró el Examen Nacional para la Educación (ENES) Superior como mecanismo de ingreso a las universidades, escuelas politécnicas e institutos técnicos y tecnológicos públicos del país, además del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Durante aquellos años, las quejas se replicaban: había estudiantes postulantes que no lograban entrar o alcanzar el puntaje. Otros, que lograron un cupo en universidades asentadas en otras provincias, sin la posibilidad de acceder por la falta de recursos económicos. 

Su nombre cambió con el paso de los años. El ENES se convirtió en Ser Bachiller en 2015. Dos años después, en 2017, se transformó en el Examen para el Acceso a la Educación Superior. En 2021, cambió a Transformar.