Luego de caminar por la zona, no existe ninguna explicación para la agresividad con la que la Policía lanzó bombas lacrimógenas en la calle Manuel Oropa, en la comuna San Miguel del Común, la tarde del 28 de junio. La calle de ingreso —de la parroquia Calderón, al norte de Quito— es estrecha y las fachadas de muchas de las casas —la mayoría de dos pisos, construidas con dinero de remesas de migrantes— no son altas. Por eso, si se lanza una piedra desde la mitad de la calle, sí o sí, va a golpear un vidrio o un techo de alguna vivienda.

Y la noche del 28 de junio no fueron piedras, fueron bombas lacrimógenas. Los testimonios, los cartuchos, las marcas en el piso y en un vehículo, no dejan decir otra cosa.

En la comuna al menos una decena vecinos que no quisieron dar sus nombres dicen que todo empezó a las 5 de la tarde. La versión de la Policía, a través de su comandante general, Fausto Salinas, es que todo empezó a las 8 y 30 de la noche. Salinas dijo, en rueda de prensa este 29 de junio, que mientras una unidad policial “realizaba la apertura de vías” fue agredida y “la Policía tuvo que  hacer uso proporcional de la fuerza, específicamente con el uso de gas”.

Los vecinos de la comuna dicen que no fue así. Están en la calle, visten camisetas y pantalones ligeros, dignos del verano de Quito. Se saludan entre ellos, los niños que están en los juegos infantiles de la plaza central corren al encuentro de los brazos de los adultos. Ellos caminan hacia las tiendas abiertas para comprar lo que necesitan para preparar el almuerzo. La vida sigue aquí, incluso con un paro nacional del que ellos son parte, a pesar de la distancia de los puntos tradicionales de las manifestaciones.

San Miguel del Común, después de los gases

Uno de los vecinos de San Miguel del Común muestra los cartuchos que recolectó de las bombas lacrimógenas que cayeron en su casa. Fotografía de Nicole Moscoso para GK.

Desde que se plegaron al paro, el 13 de junio, se pusieron de acuerdo con policías apostados en la Panamericana Norte, a la altura de San Miguel, y abrieron al menos un carril para no interrumpir el paso vehicular de esta importante vía que conecta a Quito con cantones del norte del país. Y en medio de un mar de versiones sobre por qué empezó todo —que perseguían a jóvenes de la comunidad que pedían dinero para permitir que autos pasaran, o que un policía de civil (“disfrazado como vaquero”, dijeron) llegó a la comuna a tomar fotos y los vecinos lo increparon— lo único que se repite entre todas las personas consultadas es que la acción policial fue desproporcionada.

“¿Con qué se iban a defender los vecinos? ¿Con piedras y gritos?”, dice uno de los comuneros. Hoy y aquí nadie quiere decir su nombre. Solo quieren identificarse como parte de San Miguel de Común y nada más. De acuerdo a ellos, las mujeres, niños, niñas y adultos mayores que estaban en sus casas y en la calle, debieron soportar con desesperación ese gas irritante, mientras buscaban escapar a otros puntos de la comuna donde el aire estuviera más limpio.

La gente de San Miguel del Común dice que todo duró  hasta las 9 de la noche. Que no pudieron salir a quemar y destruir ninguna UPC porque estuvieron ocupados ayudándose entre todos y que estaban rodeados por policías. Mencionan la UPC porque entre las versiones que circulaban ayer en redes sociales sobre lo que ocurría en San Miguel del Común hubo una que los señalaba a ellos como los responsables de destruir dos Unidades de Policía Comunitaria (UPC) en Calderón. 

La distancia que hay entre San Miguel del Común y Calderón es de aproximadamente 6 kilómetros y en carro eso toma 10 minutos. A las 9 y 30 de la noche, la Policía publicó un tuit sobre la destrucción de las UPC en Calderón.

“No fuimos nosotros, fue la gente de los alrededores que se enojó por lo que nos hicieron”, dice uno de los comuneros que parece estar cosechando el maíz de una de las tantas plantaciones de la comuna. El hombre está cubierto de pies a cabeza, lleva un sombrero y hasta mascarilla. Todo sea para soportar el sol de verano.

Los dolores que quedan

Los videos que se compartieron en redes sociales la noche del 28 de junio son terroríficos. Adultos y niños gritando, mientras buscan esconderse o salir de donde estaban, con los sonidos de las detonaciones de fondo. Es fácil entender cómo, en medio del caos, se corrió  la voz de que una niña había muerto. Y que esa voz llegara a Twitter fue solo cuestión de  minutos.

En medio de la desesperación, todas las realidades se vuelven posibles. Pero por suerte, no hubo ninguna niña que hubiera muerto.

Y sí, la palabra es “suerte”, porque en San Miguel del Común hay tantos maizales como hay niños y niñas pequeñas.  Esta mañana están en las calles, en el parque, en las puertas de los negocios de sus parientes.

“Eso sí, pudo ser una tragedia”, dice el comunero que está cosechando. La niña, de año y medio, luego de desmayarse por el gas, fue atendida por los vecinos y luego por un equipo de paramédicos que ingresaron a la comunidad y asistieron a las personas que presentaban molestias por la inhalación del gas.

Hubo una persona de 26 años que debió ser atendida de emergencia, por sus antecedentes respiratorios. De acuerdo a una organización de derechos humanos, una bomba le había golpeado en la cara, pero los familiares lo desmintieron.

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Pese a todo el miedo de la tarde y noche del 28 de junio, a la mañana siguiente, la calle está llena de gente. Hay una brigada del Ministerio de Salud revisando a los habitantes de San Miguel del Común. Las mujeres, niños y adultos mayores están en ese punto y los atienden. Los locales comerciales en la calle Manuel Oropa —donde ayer corrían los vecinos huyendo del gas— están abiertos y al menos un grupo de siete comuneros empieza a recolectar ramas y trozos de madera.

Dicen que se preparan por si la Policía regresa. Ya tienen todo para hacer más fogatas que ayuden a contrarrestar el ardor y la desesperación que produce el gas lacrimógeno. Si no fuera por el paro nacional, este sería un miércoles cualquiera.

Y el paro es muy importante en San Miguel del Común. Ellos, los comuneros, están abiertamente apoyando al paro nacional convocado por organizaciones indígenas. Y como ha pasado en otras manifestaciones y paros en los últimos años, han convertido a la comuna en un centro de alimentación para grupos y comunidades que, en esta ocasión, han llegado de Otavalo, Cotacachi y parroquias de la provincia de Imbabura. “La gente que va hacia la Casa de la Cultura y hacia el centro vienen y comen aquí, con nosotros”, dice una de las comuneras. Ella es una de las más exaltadas del grupo, habla con mucho volumen y a cada rato nos pide que se diga la verdad de lo que pasa.

“Los policías se nos llevaron hasta las ollas con las que cocinábamos para todos y destruyeron las carpas”, dice otra comunera, que también está cosechando el maíz, ese que usan para hacer tostado, para vender, o para comerlo ellos mismos, cuando no tienen qué comer . La mujer, que vive ahí desde hace 52 años, dice que imploró a los policías para que se detuvieran, dice que les escuchó decir cosas terribles sobre lo que les hacían, como “no se quejen, que a nosotros también respiramos eso y no nos hace nada”.

San Miguel del Común, después de los gases

José Arturo Gualote Simbaña está parado delante de su carro con el que viaja a hacerse diálisis tres veces por semana. Después de lo de ayer, deberá encontrar otra forma de trasladarse. Fotografía de Nicole Moscoso para GK.

José Arturo Gualote Simbaña, el único vecino que sí quiso dar su nombre, camina con mucha  lentitud por la misma calle por la que ayer debió moverse con la poca rapidez que tiene, para evitar ahogarse. Muy cerca de su casa, a 10 metros, dice que policías formaban una hilera y lanzaban bombas lacrimógenas  en toda dirección. 

José Arturo Gualote está muy enfermo y tiene que hacerse diálisis tres veces por semana. Para viajar a Quito usa su carro. Pero desde ayer ya no lo puede usar. Una de las bombas de gas lacrimógeno destruyó la ventana trasera de su carro. No había nada más que hacer. No pudo salir de su casa para impedirlo. Por suerte su carro funciona, pero “¿cómo lo voy a mover sin el vidrio? Me va tocar alquilar un carro para ir”. 

El señor está molesto, como casi todos los 10 comuneros con los que hablé. Dicen que no pueden creer que en una zona de gente pobre, de gente pacífica, la Policía haya entrado con tanta violencia. Esa molestia se traduce en decepción cuando hablan del régimen, en desconfianza cuando piensan dos veces antes de responder, y en tranquilidad, cuando dicen que lo que le pasó el 28 de junio, se podría repetir. Quizás recalcan lo de gente pacífica porque en estas protestas, más de una vez, han sido tachados de violentos. El comandante de la Policía Nacional, Fausto Salinas, dijo que San Miguel del Común se ha convertido en un “foco de violencia”, no por toda la comunidad, pero sí por algunos “líderes”. Salinas también dijo que ya tienen investigaciones previas sobre estas personas.

Al mediodía cuatro comuneros suben a la Panamericana Norte con la intención de cerrarla de nuevo. Van de a poco. Antes de cerrarla, advierten: si pasa, ya no regresa por acá. Eso sí, piden dinero para dejar transitar a los camiones. Un miércoles normal del paro nacional.

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Eduardo Varas
Periodista y escritor. Autor de dos libros de cuentos y de dos novelas. Uno de los 25 secretos mejor guardados de América Latina según la FIL de Guadalajara. En 2021 ganó el premio de novela corta Miguel Donoso Pareja, que entrega la FIL de Guayaquil.