San Miguel del Común, comuna asentada en el norte de Quito y una de las primeras que se unió al paro nacional, fue el centro de un rumor en el día 16 del paro nacional. La noche del 28 de junio, la noticia del supuesto fallecimiento de una niña en medio de enfrentamientos entre manifestantes y policías se regó por las redes sociales e incluso fue replicada en varios medios de comunicación. Sin embargo, GK confirmó que no murió nadie en este poblado, pero una niña de año y medio fue socorrida por haber estado expuesta al gas lacrimógeno esparcido por las bombas lanzadas por policías. Ricardo Vásquez, de 26 años, que padece una enfermedad terminal pulmonar, también fue auxiliado por la inhalación de gas. 

Katya Villalba, coordinadora de la Junta Cantonal de Protección de Derechos de la Niñez y la Adolescente de Calderón —la parroquia rural a la que pertenece San Miguel del Común— dijo a GK que “no hay ninguna pérdida humana en el contexto de las manifestaciones” en la comuna y esclareció que una bebé de un año y medio “fue expuesta a los gases lacrimógenos”. 

Patricio Quilombo es tío de la bebé y cuñado de Ricardo Vásquez. El hombre, al otro lado del teléfono, cuenta que pasadas las cinco de la tarde de ayer, tres bombas impactaron su casa de dos pisos —en el primero funciona un local comercial de comida rápida. Una de las bombas ingresó por la ventana del segundo piso, dice Quilombo. El gas lacrimógeno comenzó a esparcirse en toda la vivienda, que está asentada a una cuadra de la avenida Panamericana Norte. “No se podía salir, porque afuera también estaba lleno de gas lacrimógeno. Tiraban bombas a cada rato y lo único que pudimos hacer fue intentar salir de ahí, ayudarnos entre los vecinos, porque nosotros no teníamos armas, no teníamos nada. La bebé se desmayó porque respiró demasiado gas y pensamos que podía morir”, relata Patricio Quilombo, aún angustiado. 

La bebé, cuenta Patricio Quilombo, que se desmayó pasadas las siete de la noche, fue asistida primero por un grupo de vecinos que salió al parque central de la comuna. “Los paramédicos llegaron después, porque no podían pasar porque la policía seguía lanzando bombas. Nosotros gritábamos que queríamos paz, que nos respeten”, dijo. Ahora, la niña está estable, descansando en la casa de vecinos de una comunidad aledaña que decidieron acogerlos. 

A las 11 de la mañana de hoy, 29 de junio, la socorrista de paz, Joyce Soto, dijo durante su comparecencia en la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional, que se “había confirmado la muerte de un niño” y su comentario fue difundido en las redes sociales de la Asamblea. Sin embargo, GK consultó a Soto sobre su comentario y afirmó que pidió una rectificación al Legislativo. Soto explicó que no estuvo en San Miguel del Común y que, en realidad, su intención fue “solidarizarse” con lo que se había difundido el 28 de junio.

Bombas lacrimógenas fueron lanzadas en las calles y viviendas de San Miguel del Común. Fotografía de Nicole Moscoso para GK

Un joven que vive con una enfermedad terminal también está afectado 

Patricio Quilombo fue una de las personas que acompañó a Ricardo Vásquez, un joven de 26 años, a un hospital quiteño, la tarde del 28 de junio. Habían regresado a San Miguel del Común a las cuatro y media, minutos antes de que el gas lacrimógeno cubriera el poblado, donde viven casi 3 mil personas. 

Ricardo Vásquez vive con fibrosis quística terminal —un trastorno potencialmente mortal que daña a los pulmones y el sistema digestivo. Los médicos, dice Patricio Quilombo, les dijeron que no podía estar expuesto a humo, peor aún a gas lacrimógeno. Sin embargo, minutos después de que la niña se desmayara, Vásquez también fue afectado por el gas. Ahora, lamenta Patricio, su cuñado está con una fuerte infección pulmonar.

Primero, fue trasladado al Hospital Eugenio Espejo, en el centro norte de Quito. Sin embargo, allí no tenían las medicinas que necesitaba. Luego, su familia lo llevó a un centro privado, donde un neumólogo lo está atendiendo. Pero el dinero no les alcanza y, en medio de una profunda crisis económica que vive la familia, el acceso a medicinas parece agotarse para Ricardo Vásquez. Por eso, Patricio organizó un encebollado solidario para el próximo 6 de agosto de 2022, en la comuna. 

La bomba lacrimógena lanzada por la Policía entró por la ventana del segundo piso. Fotografía cortesía de Patricio Quilombo.

Patricio Quilombo aún mantiene el buen ánimo, pero no deja de cuestionar la actuación policial. “Ellos podían tirar bombas a la Panamericana, ¿pero por qué lanzaron bombas directamente a nuestras casas? Nosotros apenas llegábamos del hospital. Aquí hay niños, niñas, ancianos, personas con discapacidad ¿por qué nos hacen esto? Nos han dicho terroristas, nos culpan de la quema de los UPC en Calderón. Nosotros intentábamos no asfixiarnos, es imposible”, cuestiona. Quilombo se refiere a que la noche de ayer, un grupo de manifestantes quemó dos Unidad de Policía Comunitaria (UPC) en Calderón; la distancia entre San Miguel de Común y estas instalaciones es de, al menos, 10 minutos si se va en auto particular. 

GK también consultó a la Dirección Nacional de la Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen) sobre la presunta muerte de la niña. El teniente coronel Luis Coyago, jefe nacional de la Dinapen, dijo que recibió la alerta de un supuesto fallecimiento, replicada en redes sociales. Entonces, aseguró, se realizó una verificación con el Servicio Integrado de Seguridad ECU 9-1-1, con la Comandancia del Distrito Calderón, además de un patrullaje en la zona y el centro de salud asistencial del sector y “es información falsa. Ningún menor ha fallecido en el sector”, aseguró a GK.

José*, uno de los comuneros que se ha unido al paro nacional, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) y a la que se han unido diferentes sectores sociales, estuvo en los enfrentamientos ayer. “Nosotros hemos estado aquí desde el día 1 y ayer todos nos asustamos. Lo que cerramos fue la calle, como hemos hecho desde el 13 de junio, y pasadas las cuatro nos comenzaron a caer decenas de bombas. Había niños, todos estuvimos ahí”, relata. En medio de la conmoción, recuerda, “vimos a una niña asfixiada. Luego, supimos que estaba viva. Realmente es mucho el miedo que teníamos, hasta nuestras ollas comunitarias se llevaron los policías”, lamenta. 

La mayoría de bombas lacrimógenas lanzadas son granadas de explosión múltiple GL-700, según fotografías a las que accedió GK, y otras bombas fabricadas por Condor Tecnologías No Letales, modelos GL-202 y GL-201.

Una mujer —quien prefirió que su nombre no fuera divulgado— coincide con José. Por la mañana, conversó con un equipo de GK que fue a San Miguel de Común, antes de unirse nuevamente a las protestas y dijo: “cogieron y bombardearon todito. Había niños, había personas de la tercera edad y no tuvieron pena de hacernos eso”. Ella, junto a otras personas, se refugió en una casa cercana. “Y ahí adentro [en la casa] también botaron bombas. Si nosotros no salimos de ahí éramos de morir cinco personas ahogadas ahí adentro. Pero damos gracias a Dios que ha habido otra puerta y salimos por ahí. Estábamos entre algunos y por suerte los niños salieron”, recuerda. 

Por la noche, ese mismo día, dos Unidades de Policía Comunitaria de la Policía fueron quemadas en Calderón. “Nos han de echar la culpa a nosotros, pero, ¿cómo? si estuvimos aguantando gases por casi ocho horas”, dice José. 

Katya Villalba dice que desde la Junta Cantonal están verificando “cuáles podrían ser las necesidades que existan posterior a lo ocurrido en San Miguel del Común”. Así mismo, recordó, las juntas metropolitanas ya habían emitido dos resoluciones exhortando a las autoridades para que la fuerza pública no interfiriera en los espacios de paz o en todo espacio donde pudieran existir niños, niñas y adolescentes. 

También están analizando, dijo Villalba, lo que ocurrió en el colegio Miguel del Hierro, en el sector La Gasca, en el centro norte de la capital, donde un fuerte contingente se plantó en las inmediaciones del centro de paz. La misionera Laurita, Carmen Cepeda, quien se encontraba en el centro educativo, dijo: “aquí tenemos alojadas a muchas personas, incluidos niños. Queremos hacer un llamado, señor presidente de la República, a la paz. Este es un lugar de paz. No necesita hostigamiento policial. Por favor, bajen las armas”, instó. 

No es la única denuncia sobre vulneraciones a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ayer, el Comité de Derechos del Niño de la Organización de Naciones Unidas dijo que había recibido denuncias de militares y policías antidisturbios que dispararon gases lacrimógenos y perdigones contra varios grupos de manifestantes indígenas entre los que había niños y adolescentes.