Lejos de que el país logre establecer un espacio de diálogo como salida al paro convocado por la Confederación de Nacionalidades Indìgenas del Ecuador (Conaie), el país parece sumirse en un ambiente de miedo, y ansiedad por lo que pueda suceder en los próximos días.
Es imposible negar las necesidades de la población indígena, las cuáles están presentes desde los inicios de la república, y que al leer la historia del movimiento indígena, hace casi más de 100 años, siguen sin ser resueltas: salud, educación y acceso al mercado.
El Estado ecuatoriano ha sido inútil en lograr resolver estas mínimas condiciones. Solo deja ver un manejo mediocre por parte de las élites que lo han dirigido. Por ejemplo, cuando en su poca visión y entendimiento, delegaron las responsabilidades estatales a las haciendas, estableciendo un sistema gamonal desde el siglo XIX.
Hoy un gobierno que, ante una crisis social, ha ido acumulando una serie de errores, dejando entrever ideas autoritarias y dictatoriales en documentos “borradores” y al tomarse instituciones. Decisiones que, lejos de ser una solución, solo alimentan, envalentonan, y provocan reacciones álgidas de parte de sus opositores.
¿Pero todo es responsabilidad del Estado y gobierno?
En los primeros días del paro se viralizó la cifra sobre desnutrición crónica infantil en pueblos y nacionalidades. Sin embargo, cuando las unidades de salud piden la participación de presidentes de las comunidades, no encuentran eco en sus convocatorias.
Es común escuchar a los líderes parroquiales, afirmar que la salud es un tema al que las comunidades no le dan importancia, ¿de qué hablamos entonces?
Si bien hay cosas irresueltas, hay avances promovidos por los movimientos indígenas, que han quedado establecidos a nivel constitucional, por lo tanto pasan a formar parte de las bases de nuestro Estado.
Desde los 90, la Conaie y otras organizaciones se han convertido en un actor clave, no solo para la política nacional, sino para la implementación de muchos programas. Se han convertido en receptores de fondos de la cooperación internacional, con el fin de resolver los problemas por los cuales luchaban. ¿Lo han logrado?
Después de décadas de financiamiento internacional, ¿las organizaciones del movimiento indígena tienen algún modelo exitoso para combatir la desnutrición crónica, emprendimientos productivos para gestión de agua segura, modelo y técnicas productivas para el campo, redes de comercialización y de procesamiento de productos primarios? ¿Algún modelo exitoso que pueda escalar a política pública?
Al autodeclararse como nivel de gobierno de pueblos y nacionalidades, son responsables de estos puntos. Evidentemente, el Estado tampoco ha logrado resolver estos problemas en las comunidades indígenas.
Si la Conaie responsabiliza al gobierno por la inatención de algunos sectores, a la vez debería evaluar lo actuado por el segundo bloque legislativo, perteneciente a Pachakutik, y conocer qué leyes se han elaborado para la solución de los problemas que aquejan a pueblos y nacionalidades.
Miembros de la Conaie y el movimiento indígena han ocupado puestos directivos de varias instituciones y ministerios. ¿Cómo evaluamos esas gestiones y el funcionamiento de dichas instituciones? ¿Alguna gestión exitosa y que sirva de modelo?
Desde el inicio del paro, entre los habitantes de Quito es imposible no sentir el miedo e indignación frente a otro posible escenario como el de octubre 2019. No es solo de las capas medias y altas, sino también de los migrantes indígenas que hacen sus actividades de trabajo, quienes empiezan a sentir el racismo, a pesar de no compartir ni participar con las propuestas y acciones de la Conaie.
El 18 de junio de 2022, el articulista Roberto Aguilar planteaba que nunca antes, a pesar de que el movimiento indígena ha participado en el derrocamiento de tres presidentes, una protesta social ha generado tanto miedo en la ciudadanía. Es verdad, ¿a partir de qué momento los actos de defensa de derechos han generado tanto temor?
Es innegable que aún existen heridas abiertas producto de los niveles de violencia alcanzados en el 2019, y que eran inéditos para el país.
Pero en aquel paro, las acciones violentas fueron escalando poco a poco. En la actual movilización, desde el primer día hubo patrulleros quemados, intimidación a empresas privadas y policías retenidos.
No se entiende por qué, a pesar de la insistencia del presidente de la Conaie, de mantener acciones en “territorios”, se acercaron caravanas a la ciudad de Quito para hacer rondas en el sector sur. El 19 de junio, en redes sociales, se observaba a vehículos en la ciudad de Ambato, hacer recorridos advirtiendo a las personas propietarias de locales y a transportistas, para que no abran ni realicen sus operaciones con normalidad, pues se iban a tomar la ciudad.
Son actos muy claros de amedrentación e intimidación que ¿son parte del derecho a la protesta? Si creemos las mismas declaraciones de los dirigentes, que establecen que las comunidades actúan orgánicamente, a través de sus representantes comunitarios, entonces se podría pensar que existe algún tipo de lineamiento.
Actos de intimidación y agresiones a conductores de camiones, a pequeños locales comerciales y a personas que no están de acuerdo con el paro, deslegitiman las acciones del paro.
Los hechos de violencia de parte de los manifestantes, la negativa de Iza a aceptar una mesa de diálogo y negociación, y su empeño en que los 10 puntos demandados sean aceptados y promulgados, sin ningún tipo de debate por parte de las instituciones del Estado y la ciudadanía, nos hace preguntarnos si no existen agendas ocultas, con intereses de grupos políticos específicos en la toma del poder, por fuera del orden constitucional y del estado de derecho.
Tampoco es posible dejar de pensar la línea ideológica, comunismo revolucionario, de su dirigente. Más aún, cuando en su libro Estallido afirma que la violencia revolucionaria es válida y legítima, además desecha la propuesta sobre la plurinacionalidad de la Conaie y reivindica la lucha de clases.
Quizás estamos cosechando los frutos de haber sido gobernados por un proyecto de estado y sociedad que entiende su funcionamiento a partir de binarismos esencialmente opuestos, y que la historia solo avanza en base a la disolución de uno de ellos.
Visiones que ya han sido ampliamente debatidas y desacreditas, pero que Iza se empeña en promover.
El Ecuador es un país fracturado y atomizado, y cada grupo crea sus enemigos, sin posibilidad de puntos de encuentro.
El Presidente ha sido incapaz de crear una conciencia nacional, y tampoco hay una organización civil, o un actor individual capaz de unirnos como sociedad. En el Ecuador no hay institucionalidad, no hay espacios ni instituciones para llegar a consensos, tenemos una comprensión manoseada de la democracia.
Como sociedad nos hace falta un ejercicio de autocrítica, para empezar a entender las demandas que cada individuo siente; comprender las limitaciones de cada gobierno y partido político, los propios errores de la Conaie y su responsabilidad en el país que tenemos.
Si se demanda empatía esta no debe ser solo a un sector, la merece la persona que quiera trabajar, el dueño de la empresa, el obrero, la vecina de la tienda, el oficinista, el deportista, y los que quieren protestar.
Las demandas de cualquier sector de la sociedad deben ser procesadas por los canales institucionales democráticos, no pueden ser impuestas a la fuerza. La protesta social es válida, pero cuando detrás de ella se escudan actos de violencia que buscan intimidar a la ciudadanía, debe primar la ley y los derechos de todos los ciudadanos.
Los manifestantes y el Estado deben impedir que en el marco de movilizaciones sociales se pretenda romper el orden democrático, la institucionalidad y el estado de derecho.
Por último, es indignante ver que existan dirigentes que jueguen con la esperanza, fe, compromiso y buena voluntad de las personas, con el fin de promover agendas ideológicas extremistas, intereses y ambiciones de poder individuales y de grupos oscuros que amenazan al país.
Por el bien del país y de todos y todas, ambas partes deben sentarse en una mesa de diálogo sin condicionamientos.
El gobierno debe ser más claro y concreto en su ofrecimiento de negociación, para esto debe proponer metodologías, identificar mediadores y una hoja de ruta. La Conaie no puede pretender establecer como requisito que sus demandas sean aceptadas. A la sociedad civil nos corresponde presionar porque haya un espacio para el debate y el consenso ocurra lo más pronto posible.