A primera hora de la mañana de este 21 de junio, el ministro de Defensa, general Luis Lara, dio una rueda de prensa en la que aseguró que las Fuerzas Armadas brindan su apoyo al presidente Guillermo. Esto tras 9 días de paro nacional en el que la violencia ha escalado a niveles que solo se habían visto en las manifestaciones de octubre de 2019.

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El general Lara estuvo acompañado por la cúpula militar y aseguró que “la democracia del Ecuador está en serio riesgo”. Además, el ministro dijo que “estamos presenciando la intromisión de otros intereses paralelos a los del derecho a la protesta social”.  Y que existen “personas exaltadas que impiden la libre circulación de la mayoría de ecuatorianos”. 

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Sobre la violencia registrada en la última semana, Lara mencionó que ha sido generada por “grupos violentos, cuyo único objetivo es crear el pánico agrediendo y extorsionando a las empresas, instituciones y autoridades”.  El ministro también se mostró crítico con “quienes rechazan el diálogo” y utilizan la violencia para imponer sus peticiones al Estado. Y aseguró que las protestas sociales están siendo manipulada por estos grupos.

Desde el lunes 13 de junio que comenzó el paro organizado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) su máximo líder, Leónidas Iza, ha asegurado que su organización no quiere dialogar sino que se cumplan a cabalidad los 10 puntos que plantea este grupo índigena. 

Luis Lara se mostró preocupado cuando aseguró que tras las movilizaciones hay un “brutal ataque criminal que el país ha venido sufriendo por parte de los narcotraficantes y el crimen organizado”.   

Antes de terminar la rueda de prensa Lara dijo que “las Fuerzas Armadas no permitirán que se intente romper el orden constitucional o cualquier acción contra la democracia y de las leyes de la República”.  Y aseguró que las protestas sociales son legítimas “siempre y cuando no atenten contra las garantías y derechos de la mayoría de ciudadanos a vivir en paz”.

El pasado 18 de junio, Gary Espinosa, presidente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas Indígenas y Negras (Fenocin), dijo en una rueda de prensa que se debe aplicar el artículo 130 de la Constitución para destituir al presidente de la República por grave conmoción y grave crisis política, con el apoyo de la Asamblea Nacional.

Octavo día de protestas

En el octavo día de paro, fueron más las personas salieron a las calles, en comparación a los días anteriores. En el sur de la capital, donde los manifestantes se concentraron toda la primera semana, más personas se unieron a las paralizaciones. Algunas de ellas eran personas indígenas que llegaron de la provincia de Cotopaxi y otras provincias de la Sierra. 

Avenidas principales como la Pedro Vicente Maldonado y otras calles aledañas en el sector de Cutuglagua, en el sur de Quito, estuvieron cerradas todo el día. Los bloqueos obstaculizaron el funcionamiento de importantes corredores de transporte que conectan el sur con el norte, como el Ecovía y el Trolebús. 

En toda la ciudad hubo suspensiones en los servicios de alimentadores desde estos corredores hacia varios sectores, debido a los cierres de vías.

Mientras el pleno de la Asamblea Nacional sesionaba para tratar la revocatoria del estado de excepción por el paro nacional, el presidente Guillermo Lasso derogó el decreto 455 —que incluía esa medida— y decretó un nuevo estado de excepción. 

El nuevo decreto incluye a seis provincias en lugar de tres. Estas son: Pastaza, Pichincha, Cotopaxi, Chimborazo, Tungurahua e Imbabura. 

Liz Briceño Pazmiño
(Ecuador, 1989). Periodista. Ha cubierto temas de economía y consumo en la Unión Europea. Cubre temas de menores migrantes no acompañados y de desplazados en Ecuador.