Hace casi dos décadas, durante la primera alcaldía de Paco Moncayo, se creó la Comisión Metropolitana de Lucha Contra la Corrupción que se convertiría en la unidad anticorrupción municipal bajo el nombre de   Cuando candidato, para las elecciones de 2000, Moncayo había señalado que su administración tendría a la lucha contra la corrupción como uno de sus pilares fundamentales y que era urgente implementar acciones para prevenir y combatir cualquier manifestación de falta de integridad y transparencia en el Municipio.

¿Cómo ha sido el accionar de la Comisión durante estos veinte años? ¿Ha cumplido con sus objetivos de prevención y de combate a la corrupción? Para comprender la situación actual de la institución es necesario recorrer su historia, revisar sus normas y algunos resultados de gestión de quienes la han liderado en cada período.

Los inicios

Ya con Moncayo como alcalde, la Comisión se puso en marcha. En una resolución municipal, se estableció que se encargaría de la prevención, investigación y verificación de actos de corrupción y, de ser el caso, su tramitación para ser sancionados. Sus acciones no solo cubrirían las dependencias municipales, sino las empresas públicas metropolitanas y todos los organismos en los que el Municipio tuviera algún tipo de participación.

Para entonces ni siquiera existía el concepto de gobierno abierto, tal como lo conocemos: un modelo de gestión pública, incluyendo a los ciudadanos en los procesos de toma de decisiones. Sin embargo, se concibió a la Comisión como un espacio colaborativo entre varios sectores: se la integró por un representante del alcalde —quien la presidiría, una “personalidad” de la academia— por las universidades de la ciudad, un representante de la sociedad civil, un empresario de la Cámara de Comercio de Quito, y un profesional de la Cámara de la Construcción de Quito.

El presidente de la comisión tendría a su cargo dirigir los procesos. El primero fue Simón Espinosa Cordero, quien venía de realizar un excepcional trabajo como miembro de la Comisión de Control Cívico contra la Corrupción, constituida informalmente tras la caída de Abdalá Bucaram y constitucionalizada en 1998.

Durante sus cuatro primeros años de funcionamiento, la Comisión recibió aproximadamente 1000 denuncias que fueron diligentemente investigadas. Notas de prensa dan cuenta, por ejemplo, de la realización de operativos conjuntos con las autoridades que dieron como resultado funcionarios municipales detenidos por el presunto delito de cohecho, o de la denuncia presentada por Espinosa contra el entonces concejal, Antonio Ricaurte, por corrupción en la Empresa Municipal de Rastro, lo que le valió incluso una acción penal por injurias en su contra.

La formalización y la reforma

Si bien la Comisión venía funcionando gracias a una Resolución de apenas 7 artículos, en ella se establecía con claridad que tras las investigaciones, en caso de que estas arrojen responsabilidades, no solo se debía dar a conocer a la autoridad nominadora para que imponga sanciones. Además, su presidente, dependiendo la situación, pondría en conocimiento de la Dirección Metropolitana de Auditoría Interna, la Contraloría General del Estado o la Procuraduría Metropolitana, para que esta a su vez inicie acciones en la Fiscalía (entonces llamada Ministerio Público).

En 2004, producto del importante trabajo que realizaba la Comisión, y con base en la necesidad de formalizar su existencia y funcionamiento de la mejor manera, se resolvió instituirla como una Unidad Especializada e incluirla en el Código Municipal mediante una ordenanza reformatoria. Si bien se mantuvo su integración de cinco miembros, se cambió la “personalidad” por un docente universitario, el empresario por un profesional afiliado a una de las Cámaras de la Producción de la capital, y el profesional también podía pertenecer a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros de Pichincha.

La ordenanza estableció además normas mucho más minuciosas para el funcionamiento de la Comisión, a la que le dio el rango de unidad. También tenía una sección específica para las denuncias y su trámite, manteniendo la obligación de la Comisión de remitir a la Contraloría o a la Fiscalía sus conclusiones. El cambio fundamental radicaba en el hecho de que esto ya no era responsabilidad del presidente, sino que debía hacérselo a través de “la autoridad municipal competente”. Es decir, la persecución de delitos de corrupción pasó a depender de la voluntad de una tercera parte.

Espinosa se mantuvo al frente de Quito Honesto hasta 2009, durante los gobiernos de Paco Moncayo y Andrés Vallejo.

Quito Honesto pierde fuerza

Durante la alcaldía de Augusto Barrera, Quito Honesto fue liderado por Rita Vargas Ríos (2009 – 2010) y Rosario Utreras Miranda (2011 – 2014). En este período, se realizó una actividad permanente de activación ciudadana de cara a la conformación de veedurías y otros procesos de control social, el fortalecimiento de capacidades de los funcionarios públicos y eventos nacionales e internacionales.

Los datos relacionados a las investigaciones, tanto de oficio como a partir de denuncia ciudadana, muestran una caída, aunque la capacidad de respuesta de la institución se mantuvo al 100%. Sin embargo, llama la atención que en los informes anuales de rendición de cuentas, se dejó de mencionar el número de casos que fueron puestos en conocimiento de las autoridades respectivas — como Fiscalía y Contraloría— para su sanción definitiva.

Esta situación se mantuvo durante la gestión de Mauricio Rodas como alcalde. En ella, Quito Honesto tuvo 4 presidentes: Enrique Jurado Dávalos (2014 – 2016), Héctor Muñoz Alarcón (2016), Gastón Velásquez Villamar (2017 – 2018) y Juan Carlos Rivadeneira (2018 – 2019).

En este período ni siquiera se pudo mantener la conformación del Pleno de la Comisión con sus cinco integrantes, pues los representantes de sociedad civil y de academia no fueron nominados. Los reportes tampoco señalan estadísticas en cuanto a la entrega de resultados de las investigaciones a las autoridades judiciales, como correspondía de acuerdo con la norma vigente.

Para el período de Jorge Yunda, Quito Honesto estuvo presidida por Michel Rowland García. Los informes señalan que en 2019 se recibieron 144 denuncias de las cuales apenas 32 fueron calificadas y pasaron a investigación, junto a 27 que se arrastraban desde 2018.

De las 59, 33 obtuvieron informe preliminar – 27 de 2018 y 6 de 2019. En el último reporte disponible, que cubre hasta mayo de 2020, se menciona que ese año apenas ingresaron 8 denuncias, de las cuales se desconoce su resultado. De 2021 aún no hay datos.

Es conocido por todos que la justicia tramita varios casos de corrupción relacionados con esta última administración municipal. Ha sido frecuente leer comunicados de organizaciones y gremios, así como mensajes de ciudadanos en redes sociales, reclamando la inacción y la falta de presencia de una institución que en sus inicios mostró buenos resultados.

De cara al futuro

Sobre la base de la información disponible, una conclusión a la que fácilmente se llega es que la reforma de 2004, si bien le dio mayor formalidad, quitó a su presidente la posibilidad de actuar por cuenta propia, estableciendo que los resultados debían pasar primero por las autoridades municipales.

Estas, probablemente por temor o por conveniencia, dejaron de ser meros canalizadores para que la justicia haga su trabajo, y se convirtieron en una traba para lograr resultados.

Durante los últimos años, varias voces se han sumado a la necesidad de reformar la institución. Incluso hay quienes manifiestan que es mejor desaparecerla. ¿Cuál es el camino a seguir?

La reforma normativa es indiscutible, pero no simplemente para devolver la posibilidad a quien presida Quito Honesto perseguir efectivamente los actos de corrupción. Para revivir la institución hay algunas decisiones por tomar.

La primera, dotarla de independencia y autonomía real. Quito Honesto no puede ni debe ser parte de la administración municipal, mucho menos depender de ella. La situación actual es similar a la que hemos visto en más de una ocasión con esas Secretarías Anticorrupción adscritas al Poder Ejecutivo, actuando siempre en función de lo que diga el presidente de la República.

La segunda, modificar su estructura, ampliar su conformación y dotar de roles reales y activos a los comisionados. El cuerpo colegiado debe sostener el trabajo de quien realice el trabajo ejecutivo mediante directrices claras, así como monitorear permanente el cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.

La tercera, cambiar la figura de quien debe estar al frente. Esta persona no puede ser designada directamente por el alcalde. Incluso sus funciones deben estar más en sintonía con el trabajo que realiza un director general o un director ejecutivo de instituciones que funcionan sobre la base de cuerpos colegiados.

Finalmente, la promoción de la integridad y la transparencia, así como la lucha contra la corrupción, necesitan recursos. Una institución como esta no puede funcionar con un presupuesto reducido que incluso limita que más investigadores puedan ser vinculados para llevar a cabo la tarea principal, la de conocer las denuncias ciudadanas.

El nuevo presidente de Quito Honesto, Mauricio Riofrío Cuadrado, tiene plena conciencia de la realidad institucional y cuenta con amplia experiencia en el sector público. Más allá de dirigir una Comisión en la que los quiteños han perdido su confianza, tiene el enorme reto de —en los casi 15 meses que le quedan de gestión… impulsar las reformas que permitan que esta reviva y cuente con herramientas suficientes para combatir de manera efectiva la corrupción que lamentablemente se ha normalizado en nuestra ciudad.