En el quinto día de la audiencia de juzgamiento contra el ex alcalde de Quito, Jorge Yunda, y otras trece personas, comparecieron un trabajador de la Contraloría del Estado, una representante de la empresa GenLife y otros testigos de la Fiscalía. 

Las 13 personas acusadas  enfrentan el juicio por un presunto peculado. Es decir, se los acusa de haber usado sus cargos como servidores públicos para apropiarse de bienes o dinero público para su propio beneficio o el de otros. Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), este delito se sanciona con prisión de diez a trece años.

El sexto día de audiencia se reanudará hoy a las 9 de la mañana. 

¿Qué dijeron los testigos?

En una publicación en su cuenta de Twitter, la Fiscalía General del Estado dijo que en la audiencia se presentó el supervisor de Contraloría que revisó el Informe con Indicios de Responsabilidad Penal (IIRP), en base al cual se abrió la investigación contra los acusados. 

Según la Fiscalía, el informe de Contraloría dice que las pruebas que compró la Secretaría de Salud del Municipio quiteño “no cumplían con las especificaciones técnicas de las pruebas”. El informe también dice que la Secretaría no terminó el contrato de forma unilateral y que lo hizo por mutuo acuerdo “sin sustento técnico ni económico”. 

Noticias Más Recientes

  • ¿Quién es Jacobo Bucaram Pulley?

¿Quién es Jacobo Bucaram Pulley?

Jacobo Bucaram fue detenido junto a supuestos líderes de grupos criminales el 10 de mayo de 2024. El escándalo no abandona al hijo de Abdalá.

Sin embargo, la defensa de dos de las acusadas sostiene que eso es falso. La abogada María Dolores Miño (defensora de la científica Linda Guamán) aduce que, primero, el documento de las especificaciones técnicas de las pruebas no exigía que sean pruebas PCR, como alega la Fiscalía, quien ha llamado al caso Pruebas PCR Quito. 

Al contrario, sostiene, lo que se pide son pruebas de detección molecular de covid-19, y las pruebas que se adquirieron sí eran esta clase de pruebas. 

Por otra parte, dice la abogada Miño, el contrato se terminó por mutuo acuerdo porque la ley de apoyo humanitario establecía que la terminación de contratos debe ser “bilateral”. Milo alega que si los acusados hubieran terminado el contrato unilateralmente, ahora las estarían juzgando por haberlo hecho. 

Otro problema con el testimonio del supervisor, según Miño, es que cuando él firmó el IIRP solo se fijó en la forma. 

Según Miño, el supervisor dijo que no leyó el contrato, ni la hoja técnica de las pruebas, es decir, aprobó el informe sin revisar que su contenido tenía sustento. Según Linda Guamán, una de las acusadas, el supervisor revisó ayer por primera vez las especificaciones técnicas del contrato y reconoció que jamás se pidieron pruebas PCR, como argumenta la Fiscalía.  

En el quinto día de audiencia también compareció la gerente general de la empresa GenLife, una de las empresas ofertantes de pruebas de covid-19. Según la Fiscalía, la gerente dijo que fue contactada, vía correo electrónico, por una de las delegadas en el proceso de contratación pública de la Secretaría de Salud del Municipio, para que presentara una oferta de 200 mil pruebas para detectar covid-19.  La testigo dijo que la oferta presentada por GenLife fue de 5 millones 200 mil dólares por las 200 mil pruebas. 

Pero Linda Guamán, ex coordinadora técnica de la Secretaría de Salud y quien también es acusada por la Fiscalía, dice que algo que la Fiscalía no dijo sobre el testimonio de la gerente es que ella admitió que sus pruebas “no tenían registro sanitario”. Guamán explica que la gerente admitió que en la fecha en que presentó la oferta de sus pruebas, “aunque eran más baratas, no tenían registro sanitario”, una norma básica para la compra de esta clase de  productos. 

En el segundo día de audiencia, la Fiscalía dijo en su cuenta de Twitter, que las pruebas que adquirió la Secretaría tampoco tenían registro sanitario. Sin embargo, la defensa de los acusados alega tener el registro sanitario que habría sido otorgado por la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) en febrero de 2020. 

¿De qué se trata el caso?

El 27 de mayo de 2020, la Fiscalía allanó la Secretaría de Salud de Quito y el departamento del entonces secretario de salud, Lenin Mantilla. Los allanamientos se hicieron después de que un reportaje de Teleamazonas denunciara presuntas irregularidades en la compra de pruebas para detectar covid-19 en la Secretaría de Salud. En los allanamientos, la Fiscalía encontró computadores, documentos, memorias portátiles y otros indicios para su investigación.  

Meses después, en noviembre de 2020, un juez le dictó  prisión preventiva a Mantilla, por su presunta participación en el delito de peculado. También se vinculó a otras cinco personas a la investigación. 

El 29 de enero de 2021, un equipo de la Fiscalía allanó nuevamente las oficinas de la Secretaría de Salud de Quito. Según la Fiscalía, el segundo allanamiento se hizo porque “se conoció de manera reservada que funcionarios habrían ocultado” documentos en los que se probaría que hubo irregularidades en la adquisición de las pruebas de covid-19. 

En febrero de 2021, un juez vinculó a la investigación del caso a Ximena Abarca, al alcalde Jorge Yunda, a Linda Guamán y a otros funcionarios. Ahora, son 14 los acusados en este proceso penal. El lunes, en una entrevista con GK, la PhD en microbiología y una de las acusadas, Linda Guamán dijo que prefería irse presa antes que mentir. Además, dijo que si la justicia le llega a fallar, apelará la sentencia.