En el corazón de la Amazonía ecuatoriana, muy cerca de Mera, una ciudad que tiene como eslogan Donde nace la vida, está el Corredor Llanganates-Sangay, un exuberante pedazo de selva de 30.000 mil hectáreas de bosque natural y 6.000 mil hectáreas de cultivos, pastizales y centros poblados, donde llueve con frecuencia y en cuyas entrañas fluye el crudo que apetecen el Estado y las compañías petroleras del país y el mundo. Ahora, el corredor se ha salvado de ser explotado, pero durante mucho tiempo estuvo en riesgo. Que esa devastación suceda, es un peligro latente.

Esta investigación fue financiada con 

Las especies animales necesitan desplazarse para cumplir su ciclo vital y satisfacer sus necesidades de alimentación, refugio, descanso, hibernación, reproducción. Los corredores ecológicos hacen esto posible: son las áreas donde las especies ejecutan estos movimientos vitales. Son, además, zonas de contacto —es decir, donde se encuentran— diferentes poblaciones de animales, aves e insectos. El corredor Llanganates–Sangay cumple ese papel fundamental y alberga cuencas y paisajes y conecta hábitats de especies animales y permite la propagación de plantas. 

El Llanganates-Sangay está amenazado, como tantos otros espacios amazónicos, por la explotación petrolera. De forma puntual, por el Consorcio bloque 28, integrado por la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) de Chile, Belorusnef (Bielorrusia) y Petroamazonas (Ecuador). El bloque fue adjudicado en 2015 por el Estado ecuatoriano.

El consorcio cree que encontrará reservas de entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo. Para ello, iba a invertir 25 millones de dólares para la exploración inicial y unos 375 millones de dólares para su implementación. 

Mapa oficial del bloque 28 tomado de la Secretaria de Hidrocarburos.

Pero la oposición de las comunidades, colectivos y activistas de la zona han detenido por el momento el megaproyecto en la zona, pero nada impediría que se retome este u otra empresa extractiva en la zona. Por eso, muchos de sus habitantes están vigilantes. 

Asamblea por la defensa del agua en Mera. Fotografía de Marcos Mancero para GK.

La falta de consulta 

Como todo proceso extractivo en el Ecuador, el Consorcio 28 debió hacer una consulta ambiental previa a las comunidades kichwa que habitan en en las riberas del río Anzu: Simón Bolívar, Gavilán del Anzu, Jatun Paccha, Boayacu, Pukayaku, San Pablo de Allishungo. 

Pero nunca la hizo. Intentó con regalos —como mochilas y útiles escolares— conseguir la aprobación de la Construcción de una plataforma y su vía de acceso y la perforación de un pozo exploratorio y dos de avanzada en el área de interés anticlinal Mirador, Bloque 28. Un estudio previo de impacto ambiental hecho por el Consorcio, y que revisé minuciosamente, no tiene en cuenta la gran biodiversidad, el agua y la población del corredor. El documento, de 670 hojas, proponía un diagnóstico del entorno de manera superficial, que no tiene en cuenta que esta área es frágil ecológicamente. Tampoco considera que hay zonas de conservación y estaciones científicas que se dedican a la investigación y la protección del corredor.

El documento tampoco tiene un análisis de las dinámicas e interacción socioeconómica que existe entre la población con el entorno natural y principalmente con el agua que abastece a los cantones Mera, Puyo y Santa Clara. Ese estudio ambiental tenía la intención de hacer creer que en el área de intervención no está habitado y que ahí solamente hay pastizales y bosques secundarios.

Pero no es así. Carlos Mazabanda, ex coordinador de campo de la organización Amazon Watch, destaca la riqueza hídrica del corredor: dice que es una de las pocas áreas de conexión entre los Andes y la Amazonía. Otras zonas de contacto han sido intervenidas y no hay      circulación de biodiversidad. El Llanganates–Sangay es uno de los últimos corredores que se mantiene como un remanente natural. Si se pierde, devastado por la extracción de petróleo o por asentamientos humanos, las especies animales y vegetales así como las de microorganismos no tendrán esta zona de contacto y circulación, alterando el equilibrio ecosistémico. 

De acuerdo con el mapa de zonas de importancia hídrica, elaborado por el mismo Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica (Maate), en el área donde intervendrá el consorcio 28 hay zonas de predominancia hídrica muy alta. Perforarlas para sacar crudo significaría un riesgo muy grande para las cuencas y microcuencas afluentes de los ríos Pastaza y Napo: la contaminación llegaría entonces a las 109 comunidades indígenas que habitan en el bloque 28, explica Mazabanda. 

El bloque 28 abarca alrededor de 175 mil hectáreas. En él están, además, las cuencas del Napo y del Pastaza y varios ecosistemas —el más importante, la zona de transición (Andes – Amazonía) del Abitagua, en la parte alta en Mera.

Herpetofauna de la zona de Mera. Fotografía de Sumak kawsay in Situ.

Patricio Meza, biólogo de profesión y defensor de la naturaleza desde muy joven, explica que solo en el corredor  hay 35 especies de mamíferos como osos, jaguares, pumas y tapires. También aves endémicas y anfibios. “Se están descubriendo nuevas especies, en flora hay una riqueza incalculable donde las orquídeas endémicas tienen un lugar privilegiado”, dice Meza. “El corredor es un laboratorio de vida, uno de los lugares más biodiversos del planeta y de mayor pluviosidad”, dice. 

Pero no solo es un sitio rico en biodiversidad sino que alberga a culturas ancestrales. Teresa Shiguango, mujer kichwa, secretaria de la comunidad Gavilán del Anzu, con su hija pequeña en brazos, dice que las comunidades de Simón Bolívar, Gavilán del Anzu, Jatun Paccha, Boayacu, Pukayaku, San Pablo de Allishungo, unánimemente firmaron un acta donde todas se oponen a la extracción petrolera. 

“Es una amenaza para nuestro territorio”, dice Brigida Tapia, líder de la misma comunidad. “Nuestra nacionalidad Kichwa mantiene una interacción íntima con la naturaleza, con los ríos, con los árboles, con las cascadas y con otros seres que habitan la selva”, dice Tapia, convencida de que si se permite la explotación petrolera en su territorio, su forma de vivir y su cultura se extinguirían. 

“Por eso nos oponemos, nos mantenemos en pie de lucha, pendientes, decididos y resistiendo firmes”, dice resuelta. 

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En Mera, Shell, Puyo y sus alrededores, muchas personas dicen que el consorcio desde el 2015 hacía regalos de mochilas escolares, especialmente en el inicio de clases. Era una forma, dicen, de persuadir a la población de autorizar la explotación petrolera. Las mochilas escolares entregadas con identificativos del consorcio aún se pueden ver en las principales ciudades y parroquias cercanas al área de intervención. “En megaproyectos extractivos que afectan a territorios indígenas y que van a afectar a toda la población tiene que haber consentimiento de las partes, han tomado la consulta como un mero proceso de información y socialización y esa no es una consulta previa libre e informada como lo establecen los estándares internacionales de derechos humanos”, dice la lideresa Patricia Gualinga, primera mujer indígena del mundo en ganar el prestigioso premio Olof Palme. 

Lineth Calapucha, vicepresidenta de la nacionalidad kichwa de Pastaza Pakiru, advierte que no se socializó la construcción de la plataforma petrolera y está sorprendida de que exista ya una buena carretera y red eléctrica hasta el lugar donde se instalaría la plataforma. “Hay territorios donde hay comunidades con muchos habitantes y no tiene redes eléctricas, ni vías de acceso”, dice.

“Es importante que nuestros pueblos digan cómo se sienten, y en este momento se sienten amenazados”, dice Gregorio Díaz Mirabal, coordinador de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (Coica). “Sienten que su derecho al territorio está siendo violado, su derecho a la consulta, a una vida plena, el vivir bien no está bien en el territorio”, dice Díaz.

Para detener el avance de la extracción petrolera en el bloque 28, las comunidades presentarán una acción legal. El abogado Lenin Zarzosa, parte del equipo que planteará la demanda al consorcio, dice que son tres elementos clave del juicio: el territorio, la autodeterminación y la consulta previa libre e informada. “El territorio para los pueblos originarios trasciende la concepción occidental de límites”, dice Zarzosa. 

Para explicar la autodeterminación pone un ejemplo: cuando Sarayaku se negó a participar en las elecciones presidenciales de 2021 lo hizo basado en el derecho de los pueblos originarios a tomar decisiones y a respetar su expresión. 

Sobre la consulta previa, libre e informada, dice, debe realizarse indefectiblemente antes de cualquier intervención en los territorios. Libre significa que no tenga condiciones, e informada sin tecnicismos, con intérpretes y ofrecer toda la información en forma directa. No solo es una obligación constitucional: el convenio 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales, que el Ecuador ha suscrito , dice que consulta previa, libre e informada es un derecho fundamental de los pueblos y nacionalidades. Deben realizarse “de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias”, dice el Convenio. 

Cartel en una de las manifestaciones en defensa del agua. Fotografía de Marcos Mancero.

Pero los trabajos en el corredor empezaron antes de la consulta. Desde marzo de 2016 se hicieron inspecciones en la vía Mera – Colonia 24 de Mayo para constatar el mejoramiento de la vía y la instalación del tendido eléctrico que permitirían el ingreso del consorcio. En una asamblea pública en Mera el 20 de octubre de 2018, los asistentes entregaron a la Defensoría del Pueblo una declaración en la que decían que “los recursos hídricos y naturales, no son negociables con ninguna transnacional petrolera porque somos la ruta del agua”. 

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A partir de la entrega de la declaración de Mera en 2018, la Defensoría del Pueblo empezó una investigación para determinar si existía una vulneración de derechos y si hubo adecuados procesos de consulta. “Asistimos a una reunión en la Tenencia Política de Mera, donde el consorcio Bloque 28 estaba supuestamente socializando la aprobación de los planes de manejo con funcionarios de la Secretaría de Hidrocarburos, del Ministerio de Energía y Ministerio del Ambiente junto a un pequeño grupo de personas del centro de Mera y el Teniente Político”, recuerda Yajaira Curipallo, delegada de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Pastaza. 

“Fue justamente ahí donde surgió una gran preocupación: ¿por qué este consorcio petrolero pretende tener la aprobación en una reunión nada representativa y en una pequeña oficina?”, se pregunta Curipallo. La delegada ha participado en otros procesos como el del caso Waorani donde se declaró la vulneración de derechos a la consulta previa, libre e informada y autodeterminación contra 12 comunidades Wao. También acompañó el Caso de la nacionalidad Sapara contra el Ministerio de Agricultura donde obtiene la acción de protección para recuperar su territorio (250 mil hectáreas) que fuera entregado a una asociación particular.

Según el estudio de impacto ambiental del proyecto previo presentado por el consorcio, la superficie a intervenir tiene un total de 3,8 hectáreas que corresponden a pastizales, bosque secundario y cultivos de naranjillas. Las caminatas por la zona hechas por el personal de la Defensoría del Pueblo comprobaron que no era cierto. El Informe de visitas de campo y observaciones hechas por el Colectivo Geografía Crítica contradijeron lo expuesto por el consorcio ya que en realidad el proyecto afectaría una superficie de 96 hectáreas.

La defensa legal en coordinación con Defensoría del Pueblo de Pastaza después investigado y recogido toda la información posible en un expediente de más de 30 cuerpos, estaban listos para interponer una acción de protección con medidas cautelares para suspender toda actividad relacionada con la autorización, construcción y puesta en funcionamiento la plataforma del Bloque 28. 

Entre los documentos que recabó el equipo legal, estaba un pedido de información al Ministerio de Ambiente y Agua y Transición Ecológica (Maate). En esa solicitud, pedían copia certificada del informe de participación social para la emisión de la licencia ambiental, estudio de impacto ambiental, el acuerdo de inversión social, área de influencia (actual), certificado de intersección del proyecto, entre otros documentos. 

Sorpresivamente, el 10 de octubre de 2021 el Ministerio respondió que el proceso del consorcio estaba archivado. El mismo consorcio había desistido de seguir con el proceso. La presentación de la demanda y la gran marcha con tambores, consignas y pitos que se estaba preparando se quedaron callados y en pausa por ahora. 

Todo el entramado de organizaciones, colectivos, pueblos, comunidades, ambientalistas, Iglesia, defensores y defensoras de la naturaleza, defensores del agua y otros actores en Pastaza celebraron, pero están atentos y vigilantes de lo que pueda venir. 

Pero mientras dure esta pausa, el Corredor Llanganates-Sangay está seguro. Las 6 comunidades Kichwas también. ¿Hasta cuándo se mantendrá así?