El juez Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, aprobó en enero de 2022 la extradición de un miembro del cártel de Sinaloa. Semanas después, el Departamento de Justicia de Estados Unidos confirmó que Brayan Alberto Rodríguez Alcalá, mexicano de 23 años y presunto miembro del cártel de Sinaloa, fue extraditado desde Ecuador a Estados Unidos. 

Rodríguez Alcalá llegó a territorio norteamericano, específicamente, a la ciudad de San Diego, el 11 de febrero de 2022. Había sido detenido la noche del 29 de noviembre de 2021, en el norte de Quito. 

Rodríguez Alcalá era buscado por la justicia estadounidense desde el 19 de octubre del 2021. En ese entonces, un jurado de la Corte Distrital Sur de California acusó al joven de formar parte de una “conspiración mundial”, según dijo el Departamento de Justicia en un comunicado, de larga data para traficar cocaína desde Centroamérica y Sudamérica: primero a México, y luego, a Estados Unidos, su mercado final. 

El hombre extraditado ya tuvo su primera comparecencia ante el juez federal Bernard Skomal el 12 de febrero de 2022. Luego de aquella audiencia inicial, su juicio —en el que afrontará al menos cuatro cargos— comenzará a la una y media de la tarde del 16 de mayo.

Los cuatro cargos contra Rodríguez Alcalá son: 

• Conspiración internacional para distribuir cocaína con fines de importación ilegal. De ser hallado culpable, podría ser sentenciado con una pena de diez años a cadena perpetua, como establece la ley estadounidense. Además de una multa de diez millones de dólares,
• Conspiración para importar cocaína. Por ese delito, también podría ser sentenciado con una pena de diez años y cadena perpetua. La multa económica es la misma que el primer cargo. 
• Conspiración para distribuir cocaína. El joven enfrentará una pena de entre diez años y cadena perpetua. 
• Conspiración para lavar dinero. Rodríguez Alcalá podría enfrentar una pena de veinte años de reclusión, además de una multa de 500 mil dólares o el valor duplicado del dinero que habría lavado. 

En esa cadena de tráfico de sustancias consideradas ilegales, Ecuador ha sido un país no solo de tránsito, sino más bien uno logístico para la distribución de droga y su paso a países de alto consumo como los europeos y Estados Unidos. 

Rodríguez Alcalá no residía en el país, sino que estaba de paso. Aquella visita, cuyos fines aún no ha sido esclarecida por la Policía Nacional del Ecuador, pudo tener dos objetivos principales, si se observa la forma operativa de las redes de delincuencia organizada. 

Por un lado, el encargo de seguridad para que, como una suerte de veedor, observe que los cargamentos de sustancias sean correctamente despachados. O, por otro lado, como operativo de las finanzas de la red en zonas locales. 

Aquellas redes no solo se nutren del dinero con la venta a mediana y gran escala, sino también de los expendedores que se dedican a la venta al menudeo, es decir, al microtráfico. Un reportaje que será publicado este miércoles en GK lo demuestra. 

¿Cómo fue el proceso de detención y extradición en Ecuador? 

Brayan Rodríguez Alcalá huía de la justicia estadounidense desde octubre de 2021. 

Un mes después, el 24 de noviembre de ese año, según consta en documentos entregados a la Corte Nacional de Justicia, la Embajada de Estados Unidos en Ecuador solicitó el arresto provisional, la detención y la extradición de Rodríguez Alcalá a la Dirección de Asistencia Judicial Internacional y Movilidad Humana de la Cancillería. 

Ese día comenzó la cooperación binacional para dar con el paradero del presunto narcotraficante. 

La petición fue remitida a la Corte Nacional de Justicia, la institución que debe aprobar las extradiciones en el país. Fue el presidente encargado de la Corte, José Suing Nagua, recibió el documento y dio paso al trámite. El 30 de noviembre de 2021, la Policía ecuatoriana anunció la detención de Rodríguez Alcalá. 

Ese mismo día, el presidente de la Corte, Iván Saquicela, giró la boleta de encarcelamiento para que el detenido permaneciera en una prisión hasta que la extradición se concretara —para ello debía realizarse una audiencia— y otorgó 40 días de plazo para que Estados Unidos presentara una solicitud formal de extradición. Desde ese día, Rodríguez Alcalá permaneció en la cárcel de El Inca, en el norte de Quito. El Departamento de Justicia norteamericano envió el pedido de extradición el 6 de diciembre. 

Al día siguiente, se desarrolló la audiencia en la que compareció Rodríguez Alcalá, vía telemática desde la cárcel 4 —como se conoce a la prisión de El Inca. 

Dos días después, el 9 de enero, Saquicela solicitó a Estados Unidos, que se garantice los derechos humanos del detenido, que no sea perseguido por “motivaciones políticas, raza, creencia religiosa o nacionalidad”, y que no será enjuiciado por delitos anteriores a los que argumentaron su pedido de extradición. Este pedido responde a una exigencia legal de la ley ecuatoriana para autorizar una extradición. 

El 11 de enero, Saquicela dio fin a la resolución y ordenó la extradición de Rodríguez Alcalá.