La condena al policía ecuatoriano Santiago Olmedo de tres años y cuatro meses de prisión por el delito de extralimitación en la ejecución ha generado una polémica que se conecta, aunque no parezca, con la crisis penitenciaria.

Olmedo fue sentenciado en Chimborazo por disparar en junio de 2021 contra tres presuntos delincuentes y de matar a dos. ¿La conexión con la crisis?

Por un lado, para la opinión pública, es más fácil reconocer cuán inhumanas son las condiciones en las cárceles, cuando el preso es un cabo que —como insiste su defensa— “cumplía con su deber”. Por otro lado, gran parte del apoyo que este ha recibido ha minimizado la gravedad del delito que habría cometido (hay apelación y otros recursos pendientes) y podría convertirse en combustible para discursos y políticas antiderechos que solo exacerbarían la crisis.

Tras el anuncio de su condena, el cabo recibió el apoyo público del presidente Guillermo Lasso y de la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, así como de políticos como Yaku Perez Guartambel. En general, coincidían en el aparente absurdo de que un policía acabara preso por proteger la vida de un adolescente que estaba siendo supuestamente asaltado. 

Inicialmente, la noticia del cabo Olmedo también me inspiró simpatía hacia él. Muy desde la panza: en este país, muchísimos nos hemos sentido, en algún momento, desamparados ante la delincuencia.

Después de la última vez que me asaltaron, no podía dejar de fantasear en todo lo que haría a los asaltantes para castigarlos. Disfrutaba de cada detalle, como releyendo el Conde de Montecristo, novela de Alejandro Dumas dedicada a la venganza. 

Mis reprimendas no pasaban de la ficción, por supuesto, pero me ayudaban a mitigar la sensación de impunidad e impotencia. Porque algo que también nos une a muchos ecuatorianos es la frustración con los servicios de seguridad del país, su ineficiencia, corrupción y su apatía proverbial. 

La noticia del cabo Olmedo da rienda a ese tipo de fantasías. Superficialmente, es la historia de un justiciero de Hollywood que abate a los malhechores sin cara ni nombre. Cuando la inseguridad es tan rampante, ese tipo de relatos son especialmente tentadores. La idea de un villano abatido por un héroe, aunque sea ficticia, reconforta a muchos.

Es precisamente por eso que se han tipificado delitos como el de “extralimitación de fuerza”.  Los justicieros sin restricciones ni controles no deben salir ni de las películas de Hollywood ni de nuestras fantasías. Que se queden en Marvel y DC. En el mundo real, son un riesgo enorme.

En los hechos, a pesar de la condena, el cabo Olmedo tuvo suerte. O más que él, las personas a su alrededor. Al vaciar el cilindro de su pistola en el fragor del momento, el cabo pudo haber dejado daños colaterales enormes.

En Ecuador es lo que ha sucedido la mayoría de veces. Actualmente hay 900 policías procesados a nivel nacional por su accionar en el cumplimiento de su trabajo. Solo en octubre del año pasado, en Guayaquil hubo dos víctimas de balas perdidas disparadas por policías en plena refriega: Amalia, en pleno centro de Guayaquil y Sebastián, de apenas 11 años, en una cafetería del Barrio del Centenario.

La diferencia en el caso de Santiago Olmedo es que no hubo balas perdidas. La cobertura sería muy distinta si hubiera abatido a más personas aparte de los dos sospechosos.

Pero Olmedo hizo uso indebido del uso progresivo o racional de la fuerza—como dictaminó el tribunal de Chimborazo— causando la muerte de dos ciudadanos. 

Como policía, o servidor de las Fuerzas Armadas, él tiene la obligación de seguir los lineamientos y protocolos oficiales y de precautelar los derechos de todos, incluso de los sospechosos. 

En este caso, la muerte de los supuestos ladrones brinda una sensación engañosa de justicia, como si el accionar de Olmedo, aunque riesgoso, se justificara en sus resultados. 

Pero los resultados en estos casos son irrelevantes. El Estado de Derecho, por eso, no es consecuencialista; se rige por principios deontológicos y no por especulaciones sobre los resultados de una acción. En este caso, el debido proceso no puede estar sujeto a la suerte o puntería de un oficial. 

No es nuestro lugar especular sobre las intenciones de Olmedo; pudo haber actuado enteramente llamado por el deber. El hecho es que ahora enfrenta tres años en la cárcel en medio de una grave crisis penitenciaria. Más allá de si sus acciones fueron o no de nuestro agrado, su incumplimiento del uso progresivo de la fuerza debe ser penalizado. La ley así nos protege de la tentación del vigilante.

El problema, por eso, no es el debido proceso ni la obligatoriedad del uso progresivo de la fuerza. El problema es la cárcel, un lugar cruel e inhumano para quien sea que acabe allá. En Ecuador, el sistema penitenciario es como el dios griego Cronos, que se comía a sus propios hijos.