Naomi Arcentales murió el 12 de diciembre en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. La primera versión fue de Jorge Luis Ortega, su abogado en una denuncia por violación, y apuntaba a que la muerte de Arcentales se trataba de un suicidio. La versión fue luego desmentida por su familia, y las dudas sobre las circunstancias de su muerte crecieron cuando su hermana Taís Arcentales difundió chats de WhatsApp, a través de su cuenta de Twitter, en los que Naomi Arcentales supuestamente habla con Juan Izquierdo, quien era su pareja y también fiscal en Manabí. 

La Presidenta del Consejo de la Judicatura, María del Carmen Maldonado, se pronunció una semana después de la muerte de Naomi Arcentales. Anunció que Izquierdo sería suspendido de su cargo como medida preventiva, “mientras el Consejo de la Judicatura investiga posibles infracciones disciplinarias.”

Maldonado se pronunció el mismo día que se hicieron públicos los supuestos chats de Naomi Arcentales y su expareja. “Te di la libertad una vez y terminaste violada”, le dice su pareja en una de esas supuestas conversaciones, después de decirle que no confía en ella. “Yo jamás alzo la mano pero contigo no puedo más”, dice en otra parte de las conversaciones. 

El hombre al que se le atribuyen esas respuestas es un fiscal del cantón El Carmen, de la provincia de Manabí, que ha tenido en sus manos procesos por violencia de género. Es inevitable preguntarse cómo una persona que en su vida privada habría atentado contra su pareja, puede defender a otras mujeres. Y esta contradicción pone en debate la discusión sobre cómo son los procesos de selección para los funcionarios públicos que deben defender derechos humanos, que deben conocer y aplicar un enfoque de género en sus funciones. 

El caso de Naomi Arcentales evidencia la urgencia de que los operadores de justicia, más allá de sus conocimientos profesionales como abogados o su experiencia, puedan ser evaluados en dimensiones que rebasan su profesión o sus títulos académicos. Izquierdo, abogado de profesión, fue nombrado agente fiscal de Manabí en abril de 2015 después de haber obtenido una nota de 98,83 en un concurso de méritos y oposición, según un documento del Consejo de la Judicatura. Sus calificaciones no alcanzan para saber quién es el hombre que, al atender casos de violencia de género, tiene en sus manos la vida de miles de mujeres. Por eso es urgente que el sistema de justicia establezca mecanismos claros, eficientes y transparentes para garantizar que quienes acceden a cargos de poder estén comprometidos con los derechos humanos.

Tampoco se puede quitar la mirada sobre el parte policial en el que, según Ortega, se establecía el suicidio como la causa de la muerte de Naomi Arcentales. La investigación también debe incluir posibles irregularidades en ese parte. 

Los supuestos chats entre el fiscal y Arcentales no fueron lo único que podría evidenciar violencia en contra de Naomi Arcentales. También circuló en redes sociales un video en el que un hombre golpea a una mujer en un sitio público —podría ser un almacén o un hotel. El hombre está en el counter y de repente le da una cachetada a la mujer. El golpe es tan fuerte que la hace casi caerse. El hombre sería Juan Carlos Izquierdo y la mujer, Naomi Arcentales.

El abogado de Izquierdo —quien está temporalmente suspendido de su cargo—, Julio César Cueva, le dijo a Teleamazonas que pedirá una pericia de identificación para cotejar las imágenes y confirmar o descartar que se trate de su cliente. “Yo no te puedo decir si es o no es porque eso tiene que manejarse desde un punto de vista estrictamente técnico”, dijo el abogado al medio. 

Las palabras del abogado de Izquierdo dejan espacio a la duda. Esa duda debe ser disipada por la justicia que determinará si es que Izquierdo tuvo relación con la muerte de Naomi Arcentales. De confirmarse que las conversaciones difundidas por la hermana de Naomi Arcentales son entre ella e Izquierdo habría ya indicios irrefutables de que el fiscal ejercía violencia en contra de su pareja. Que un fiscal que, supuestamente, debe defender a las mujeres, ejerza violencia con su pareja, es inadmisible. 

La familia —y la Fiscalía— ya han pedido la exhumación del cuerpo de Naomi Arcenrales para esclarecer cómo murió, pero la sospecha de que pudo haber sido asesinada por su pareja cae como una pesada sombra que nos revela lo evidente.

Si vivimos en una sociedad machista, en la que cada 41 horas una mujer es asesinada por su condición de mujer, es inevitable que aquellos que violentan, agreden y menoscaban la integridad de una mujer, estén en todos lados: en la política, en la empresa privada, en la academia, en la función pública y sí, en el sistema de justicia también. 

La obligación del Estado para empezar a saldar esa deuda con las mujeres es enorme, e incluye establecer mecanismos de control hacia los funcionarios públicos que están en puestos clave. No solamente porque su obligación es estar capacitados —en el más amplio sentido de la palabra— para poder garantizar el acceso a una justicia que no revictimice, que proteja y garantice procesos justos y reparadores, sino también porque desde esos cargos pueden usar su poder para amedrentar y silenciar.

Es responsabilidad del sistema judicial que eso no ocurra. 

El silencio o la inacción de las instituciones públicas no puede servir de refugio para funcionarios misóginos, violentos o potenciales femicidas. Y esa es una obligación que las instituciones públicas no pueden ignorar.