La violencia contra las mujeres además de tener un altísimo costo social, tiene uno económico que se ha estudiado poco. Gran parte del impacto económico se lo llevan las empresas privadas. Un estudio del programa PreViMujer/GIZ y la Universidad San Martín de Porres de Perú encontró que solo en salarios, a las empresas privadas de Ecuador les cuesta más de 574 millones de dólares cada año. 

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Es decir, ese es el dinero perdido por los días en los que los trabajadores no cumplen con sus obligaciones laborales por algún factor relacionado a la violencia contra las mujeres. 

Más cifras de cuánto cuesta la violencia de género a empresas privadas: 

  • 31 de cada 100 trabajadores de las grandes y medianas empresas ecuatorianas estuvieron involucrados directamente en situaciones de violencia contra las mujeres, en algún momento de su relación de pareja. Esa cifra incluye a las personas agredidas y a los agresores. 
  • En total, se pierden cerca de 18.153.892 días laborales productivos cada año. Parece un cálculo imposible porque el año tiene solo 365 días, pero ese es el tiempo que las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia —física, psicológica, sexual, patrimonial— en el país deben destinar para visitar médicos, abogados, ir a juzgados, entre otros trámites y atenciones. 
  • Los días productivos perdidos equivalen a 63 mil empleados contratados a tiempo completo que nunca se presentasen a trabajar durante un año.
  • En promedio, se pierden 10,5 días hábiles laborales por año por trabajadora agredida, 12,8 días por trabajador agresor, 7,8 por trabajador que atestigua la violencia si es mujer y 11,4 si es hombre.

¿Cómo se calcularon los costos?

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Además de las ausencias y los retrasos de los y las trabajadoras, los 574 millones de dólares que pierden las empresas cada año se calcularon tomando en cuenta el tiempo que los empleados asistieron a la oficina pero no fueron productivos por distracciones o preocupaciones. Esa situación se conoce como “presentismo” y causa que se pierdan entre 5 y 7 días laborables por persona agredida cada año.

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La abogada experta en género Walleska Pareja dice que en esos días la mente de los empleados está en otro lado y no están presentes al 100% en lo que haces. Por eso, la productividad es menor y debe considerarse como un indicador del impacto de la violencia dentro de las empresas. 

Si se incluye la productividad perdida, el costo de la violencia contra las mujeres para las empresas privadas ecuatorianas aumenta 3,1 veces. Así llega a casi 1,8 mil millones de dólares en pérdidas cada año por este tema. Es decir, al 1,65% del producto interno bruto de Ecuador. 

¿Cómo reducir los costos?

Para reducir los astronómicos costos asociados a la violencia contra las mujeres, las empresas deben enfocarse en la prevención. El estudio de la GIZ dice que las compañías que tengan un modelo preventivo pueden reducirla en un 28% y recuperar la productividad por ausentismo y presentismo en un 41% en los siguientes 3 años.

Algunas empresas organizan capacitaciones para hablar sobre los distintos tipos de violencia, cómo identificarlos y su impacto. Otros han facilitado canales de comunicación para que se puedan hacer denuncias de forma segura y anónima. 

Otras empresas también trabajan en tratar los casos de violencia contra las mujeres que ya se están dando. Por eso, dan apoyo legal, económico o psicológico para que las mujeres puedan denunciar y continuar los procesos judiciales en contra de sus agresores. Otra práctica recomendable es que se flexibilicen los horarios para que puedan hacer los trámites correspondientes. 

Otras iniciativas para promover las buenas prácticas en contra de la violencia

El 25 de noviembre de 2021, en el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Ecuador creó el Sello Empresa Segura. Un reconocimiento para aquellas que estén libres de violencia y discriminación contra las mujeres.

El sello se hizo en una alianza público privada entre la Cámara de Industrias y Producción (CIP), los Ministerios de Trabajo, Producción y Comercio Exterior, y el Servicio Nacional de Contratación Pública. Fue hecho bajo la asistencia técnica del Programa de Prevención de la Violencia contra las Mujeres (PreViMujer) implementado por la cooperación alemana GIZ. 

Para la entrega del sello, habrá un comité interinstitucional conformado por representantes de los participantes en la alianza público privada. En el comité también estarán representantes de la sociedad civil y la Escuela Nacional. Su objetivo será evaluar las acciones que esa empresa ha hecho para promover espacios libres de violencia. 

Los primeros sellos se entregarán el próximo año, en noviembre de 2022, para reconocer las buenas prácticas de las empresas para prevenir y tratar la violencia contra las mujeres. 

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.