Si se suman todas las horas que se invierten cada año en el Ecuador en diligencias, reuniones y otros eventos relativos a casos de violencia contra las mujeres, la cifra resultante es demencial: 18 millones de días se van en esos tristes trámites. Parece un cálculo imposible porque el año tiene solo 365, ese es el tiempo que las mujeres que han sufrido algún tipo de violencia en el país —6 de cada 10— deben destinar para visitar médicos, abogados, ir a juzgados y un largo etcétera. Para hacerlo, deben faltar a sus trabajos. 

Los días productivos perdidos equivalen a que 63 mil empleados contratadas a tiempo completo nunca se presentasen a trabajar durante un año. Son cifras desproporcionadas, difíciles de comprender, pero que se modulan cuando se traducen a las pérdidas para las empresas de este país: en el escenario más conservador, un estudio del programa PreViMujer/GIZ y la Universidad San Martín de Porres de Perú, halló que solo en salarios a las empresas privadas de Ecuador les cuesta más de 574 millones de dólares cada año. 

574 millones de dólares es dos veces lo que se necesita cada año para que el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI), el organismo que no logra controlar la violencia en las cárceles del Ecuador, opere en óptimas condiciones. 574 millones de dólares es casi la misma cantidad que el gobierno del Ecuador ha invertido en la vacunación contra el covid-19. Es más de dos veces la utilidad bruta de la Corporación Favorita, la empresa ecuatoriana que más facturó en 2020. Además, con 574 millones se podría comprar un Boeing 777-9X, el avión más grande del mundo que cuesta 442 millones, y tener cambio.

Para evitar esas pérdidas, algunas empresas han optado por programas y procesos para prevenir y tratar la violencia contra las mujeres.

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Una de esas, fue la cosmética Avon que desde 2020 aprobó un protocolo para prevenir y atender la violencia contra las mujeres en sus más de 135 franquicias en el mundo. El protocolo incluye programas de acompañamiento psicológico y económico, según Paola Rueda López, presidenta honoraria de la fundación Avon. Invertir en programas como este no solo es un acto consecuente con los estándares de derechos humanos, una decisión socialmente responsable, sino que es un mejor negocio que suponer que la violencia contra las mujeres no es un asunto, también, empresarial. 

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Los 574 millones de dólares se calcularon tomando en cuenta también el tiempo que los trabajadores asistieron a la oficina, pero no fueron productivos por distracciones o preocupaciones. “Cuando tu mente está en otro lado y no estás presente al 100% en lo que haces”, explica la abogada experta en género Walleska Pareja. Esa situación se conoce como “presentismo”, y causa que se pierdan entre 5 y 7 días laborables por persona cada año. 

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Además, el cálculo consideró el ausentismo: la cantidad de trabajo perdido por los días en los que las personas no asistieron porque no querían que vean las evidencias de los ataques, tenían que ir a declarar ante las autoridades, y por otros motivos. Otro factor fueron las tardanzas. Pareja dice que eso es común cuando una mujer está siendo víctima de violencia porque una de las represalias de sus agresores suele ser que se rehúsan a llevarlas al trabajo.

Las soluciones pueden comenzar poco a poco. Pareja dice que en caso de no tener un protocolo establecido, una empresa puede comenzar con cosas que parecen sencillas, como ejercicios para reforzar las relaciones entre el personal o acompañamiento psicológico para los empleados. Así se pueden identificar comportamientos violentos, síntomas de que una persona está siendo abusada, o crear un espacio seguro para que se puedan hacer denuncias. 

Crepes & Waffles es una de esas empresas que, aunque no tiene un protocolo establecido, decidió poner en marcha procesos para garantizar el bienestar de sus empleadas. “Una persona que está triste, que está maltratada, pues obviamente no es tan productiva como una persona que está anímica y sentimentalmente bien”, dice Sergio Mosquera, CEO de Crepes & Waffles en Ecuador. Por eso su empresa decidió invertir en varios asuntos relacionados a la erradicación de la violencia contra las mujeres: desde acompañar los procesos judiciales que entablan hasta financiar el tratamiento oncológico de una de ellas.

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Para reducir los astronómicos costos asociados a la violencia contra las mujeres, las empresas deben enfocarse en la prevención. El estudio de la GIZ dice que las compañías que tengan un modelo preventivo pueden reducirla en un 28% y recuperar la productividad por ausentismo y presentismo en un 41% en los siguientes 3 años.

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Como parte de sus esfuerzos para prevenirla, Rueda López dice que organizan capacitaciones para hablar sobre los distintos tipos de violencia, cómo identificarlos y su impacto. Lo hacen casa adentro—entre sus empleados— y hacia el público en general. A nivel interno, está por lanzar uno para capacitar a sus empleados en cómo prevenir y tratar la violencia contra las mujeres —incluyendo qué hacer cuando una sobreviviente les pide ayuda, y otra sobre la ruta para denunciarla. 

La Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT) también ha hecho ciertos esfuerzos para prevenir la violencia contra las mujeres, según el estudio de la GIZ. El documento dice que la estatal de telecomunicaciones hizo una aplicación para que las personas que estén en esa situación puedan acceder a información y pedir ayuda desde sus celulares de forma simple y segura. Pedí una entrevista con la empresa para saber más sobre el aplicativo; sin embargo, sus voceros pidieron posponerla. Hasta el cierre de edición de este reportaje, no respondieron a mi solicitud.

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Las tardanzas, ausencias y el presentismo son solo algunas de las cosas que pueden indicar que hay algún problema. Solimar Herrera dice que las empresas pueden funcionar de la misma manera que las escuelas y colegios lo hacen para identificar casos de maltrato infantil. “Son los primeros en notar los signos”, dice y explica que es en la convivencia diaria en la que se notan cambios de carácter, físicos o emocionales que pueden indicar que hay violencia. Al detectar los casos, las empresas deben tener una ruta clara de cómo se tratarán. 

Para ello, es útil tener un protocolo establecido. Rueda López dice que el proceso de poner y tramitar una denuncia en Ecuador toma mucho tiempo. Por eso, en su protocolo incluyeron una licencia remunerada de varios días para que el personal que ha sobrevivido a la violencia pueda hacer los trámites que necesita. Además, Walleska Pareja dice que cuando se separan de sus agresores, las mujeres deben encargarse solas de sus hijos, por eso recomienda a las empresas flexibilizar sus horarios. Esos procesos toman tiempo y son complicados. Sergio Mosquera dice que en su empresa “antes decíamos ‘vayan, denuncien’, pero nos dimos cuenta que no es fácil que lo hagan”. Por eso ahora tienen abogados que las acompañan en ese proceso. 

El estudio de GIZ dice que el hotel Swissotel, en Quito, tiene una ruta para dar “soporte inmediato y facilidades administrativas” al personal afectado por violencia. GK se contactó con Sandy Benalcázar, generanta de recursos humanos del Swissotel y la persona entrevistada por la GIZ en el estudio, para una entrevista sobre lo que hace la empresa para atender la violencia. Sin embargo, ella respondió a un correo electrónico diciendo que no estaba “autorizada al uso del nombre institucional para esos fines”. 

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Además de consumir mucho tiempo, las denuncias por violencia demandan dinero. Algunas empresas incluyen en sus protocolos préstamos para que las mujeres puedan pagar los trámites legales y financiar otros egresos relacionados. No hay un monto definido porque cada caso tiene necesidades especiales. “Pueden ir desde poner una boleta de auxilio hasta un juicio que dure varios meses”, dice López Rueda. La solución ideal, cree Mosquera, “es que todo regrese a la normalidad cuando el caso se resuelve, pero eso es muy difícil, especialmente cuando hay maltrato físico”. 

No todos los servicios tienen que provenir de la empresa. El estudio de la GIZ recomienda que se articule “una red de servicios institucionales especializados para tratar psicológica, física y legalmente cada situación”. Avon se alió con otras organizaciones para dar apoyo psicológico y legal en casos más específicos que el equipo de recursos humanos no puede manejar internamente. 

También se ha hecho en otros países. En México PepsiCo, que produce refrescos, tuvo el programa Speak Up en el que habilitaron una línea gratuita y anónima para que sus empleados denuncien conductas violentas. En Chile, los laboratorios Bagó hicieron una guía para otras empresas para prevenir la violencia contra las mujeres. En Uruguay, la empresa pública Obras Sanitarias del Estado hizo un manual para prevenir y sancionar el acoso sexual. 

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Los costos dependen del tipo de violencia. La más grave —que incluye abusos sexuales— es la que causa más días perdidos de productividad. Afecta a 11 de cada mil trabajadoras. En cambio, la más leve —como las humillaciones y que está normalizada— afecta a 247 de cada mil mujeres y es la que genera el 50% de los costos totales de la violencia para las empresas. La abogada Solimar Herrera dice que por ahí se debe comenzar: eliminando esos comportamientos que pasan desapercibidos como ciertos tratos entre colegas, comentarios sobre el aspecto físico, entre otros. Parecen ser acciones mínimas, pero su costo es el que más impacta. 

Para solucionarlo, más empresas deben comprometerse a poner en práctica políticas que las conviertan en espacios seguros para sus empleados y empleadas. Paola Rueda López dice que espera que el protocolo de su empresa sirva de ejemplo para otras. Por eso se han reunido con varias organizaciones como la Cámara de Industrias y Producción, la Fiscalía, el Municipio de Quito, el Centro Ecuatoriano para la Promoción y Acción de la Mujer (Cepam), entre otras. Esperan que esas alianzas permitan que otras compañías también creen un programa para proteger a sus empleadas. 

Mosquera dice que le gustaría tener un programa definido para lidiar con casos de maltrato, violencia y discriminación. “Creo que llegaremos a tener un programa en el futuro”, dice. Según él, debe ser un esfuerzo regional impulsado por Colombia, el país donde están las oficinas centrales de la marca. “No es algo que esté pasando solo en Ecuador, pasa en el mundo entero”, dice. 

Conocer los costos que genera la violencia es necesario para entender sus impactos. Walleska Pareja dice que espera que así las empresas entiendan que la violencia contra las mujeres no es un problema que es privado ni que se queda en casa. 

Acompaña a las mujeres que la sufren en todos los aspectos de su vida personal y laboral. “Deben ponerse la mano en el corazón y pensar cómo lo van a abordar”, dice. De esa manera, podemos acercarnos un poco más hacia ese mundo ideal en el que este tipo de agresiones no existen y en el que las empresas ya no tienen que gastar en el peor negocio del mundo. 

Susana Roa Chejín
(Ecuador, 1997) Periodista lojana y jefa de la redacción de GK. Cubre economía, sexualidad y derechos. Le interesan los temas de empleo, educación financiera y salud sexual y reproductiva.