La crisis carcelaria en Ecuador es tan aguda que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) decidió visitar el país para observar la situación de las personas presas en Ecuador. En 2021, al menos 324 personas han sido asesinadas en violentos enfrentamientos en varias cárceles del Ecuador.  Según organizaciones sociales que trabajan con los derechos de las personas privadas de libertad, otras 25 habrían muerto este año por otras formas de violencia dentro de los recintos penitenciarios. 

El equipo técnico de la CIDH llegó al país para visitar tres cárceles. Una en Quito, Guayaquil y Latacunga, reunirse con autoridades nacionales —incluido el presidente Guillermo Lasso—, sobrevivientes de las masacres penitenciarias y organizaciones sociales. Su visita se extenderá hasta el 3 de diciembre de 2021.

La misión de la CIDH está conformada por Stuardo Ralón, comisionado y relator sobre Derechos de las Personas Privadas de la Libertad, Tania Reneaum Panszi, secretaria ejecutiva de la Comisión, María Claudia Pulido, secretaria ejecutiva adjunta para el Monitoreo, Promoción y Cooperación Técnica en Derechos Humanos. Los acompañan, además, cuatro técnicos especializados del organismo internacional.

¿Qué hará el equipo de la CIDH en Ecuador? 

Son varias las actividades que copan su agenda en el país, en medio de dos estados de excepción que fueron extendidos por 30 días más: uno para intentar capear la violencia en las calles del Ecuador y otro para intentar controlar la situación que se vive en las cárceles.

La delegación comenzó su visita a las diez de la mañana con una reunión amplia con el canciller Mauricio Montalvo. Allí, según informó el organismo, se reiteró que el objetivo de la visita es observar y constatar lo que viven las personas privadas de la libertad en el país. Luego, mantuvo un encuentro con Bernarda Ordóñez, secretaria de Derechos Humanos, quien entregó un diagnóstico de las víctimas de los hechos de violencia. Para el mediodía está agendado un encuentro con el presidente Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet. 

En la tarde, en cambio, la delegación de la CIDH se reunirá con César Córdova, defensor del Pueblo encargado, y con organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, tendrá encuentros con la Asamblea Nacional y la Procuraduría General del Estado. 

Para mañana, jueves 2 de diciembre, el equipo se diversificará para visitar la Penitenciaría del Litoral y la cárcel de Mujeres en Guayaquil, dos prisiones que forman parte del complejo penitenciario de la ciudad porteña. Allí también se reunirán con Pablo Arosemena, gobernador del Guayas y con la sociedad civil. La delegación también llegará al Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, y al Centro de Privación de Libertad de Mujeres en Quito. 

El viernes, el equipo de la CIDH tendrá una reunión con las instituciones encargadas de la administración de la justicia en el país: la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Corte Constitucional y la Defensoría Pública. 

Después, la delegación tendrá varios encuentros, entre ellos, con la ministra de Gobierno, Alexandra Vela, la comandante general de la Policía Nacional, Tannya Varela, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (SNAI), Fausto Cobo, y el ministro de Defensa, Luis Hernández. 

En la agenda de la CIDH también consta una reunión para dar seguimiento a la medida cautelar que dictó a favor del ex vicepresidente Jorge Glas Espinel, quien permanecerá en la cárcel de Latacunga luego de que se le negara la unificación de penas para acceder al beneficio de la prelibertad.

Y luego, ¿qué sigue? 

La visita de la misión de la CIDH se concretó luego de reiterados llamados urgentes al Estado ecuatoriano en los que exhortaba al gobierno adoptar medidas inmediatas y efectivas para garantizar los derechos a la vida e integridad de las más de 37 mil personas presas que viven en condiciones precarias e indignas en las 37 cárceles del país. 

El organismo instó a Ecuador a investigar los hechos, es decir, las masacres, identificar y sancionar a los responsables y a prevenir su repetición.

Sin embargo, el gobierno nacional no ha logrado cumplir con ninguno de los llamados. En cambio, en el sistema carcelario siguen muriendo personas, como ocurrió entre la noche del viernes 12 y el sábado 13 de noviembre, cuando, en medio de los gritos de auxilio de las personas presas durante dos horas seguidas en una trasmisión en vivo, al menos 65 presos fueron asesinados en el pabellón 2 y el área transitoria de la Penitenciaría. 

En sus pronunciamientos, la CIDH también fijó varias medidas urgentes que el Estado debe priorizar: 

• Construir protocolos para prevenir amotinamientos.
• Garantizar el acceso a información a las familias. 
• Impedir las actividades y acciones de organizaciones delictivas.
• Incrementar el personal de seguridad y vigilancia.
• Investigar de oficio, de manera seria e imparcial. 

Luego de su visita, la CIDH elaborará un informe con recomendaciones para el Estado. Sin embargo, al ser un órgano no jurisdiccional, el documento con sus resoluciones no son vinculantes. Más bien, necesita de la voluntad política de los Estados para implementar y alcanzar sus objetivos.

¿Cuándo fue la última vez que la CIDH visitó al país en misión de observación?

Las competencias de la CIDH tienen más dimensiones políticas, como las visitas in situ que realiza a los Estados para conocer de cerca un caso. La última vez que estuvo en el Ecuador fue en 2019, tras el paro nacional de Ecuador que se levantó contra las medidas anunciadas por el gobierno del entonces presidente Lenín Moreno. 

La CIDH recibió denuncias de personas y organizaciones defensoras de los derechos humanos del 28 al 30 de octubre. Tras la visita, emitió un informe en el que determinó que sí hubo violencia y violaciones de derechos humanos contra los manifestantes, que fueron reprimidos por la fuerza pública. 

La delegación entrevistó 439 personas. Registró el testimonio de 380 personas que dijeron ser “víctimas de violaciones a los derechos humanos y de otras afectaciones”, según el documento. 

Las denuncias incluyen la falta de consulta y participación en la adopción de medidas que afectaban derechos sociales de la población, falta de información a familiares sobre los fallecidos y detenidos, obstaculización de los servicios médicos en hospitales públicos, agresiones y uso del sistema penal en contra de los manifestantes, entre otras.