El estado de excepción en el Ecuador por los altos índices de inseguridad en el país se renovó por 30 días más

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Ayer, 18 de noviembre de 2021, el presidente Guillermo Lasso extendió el plazo del estado de excepción a través de un decreto ejecutivo. 

¿Qué dice el estado de excepción renovado?

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La justificación de la extensión del estado de excepción es que, según el gobierno, aunque ha habido resultados positivos con las acciones tomadas para combatir la inseguridad, “las circunstancias que motivaron el estado de excepción no se han desvanecido en su totalidad”.

El decreto dice que para mantener una tendencia a la baja de la criminalidad, “es necesario” que el Estado siga aplicando los operativos de vigilancia y seguridad de los últimos 30 días.  

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El renovado estado de excepción estará vigente en nueve provincias. En la Costa: 

  1.  El Oro, 
  2. Guayas, 
  3. Santa Elena, 
  4. Manabí, 
  5. Los Ríos, 
  6. Esmeraldas, y 
  7. Santo Domingo de los Tsáchilas,  

En la Sierra, el estado regirá solo en Pichincha. Y en la Amazonía solo en Sucumbíos

El decreto ordena además movilizar a personal de las Fuerzas Armadas a estas nueve provincias para que complementen el trabajo de la Policía Nacional. 

Según el decreto, el número de policías que hay no es suficiente para realizar los operativos que se necesitan y por eso los militares deben apoyar. El decreto dice que por eso, las Fuerzas Armadas apoyarán en los controles necesarios para asegurar la “seguridad ciudadana, protección interna, prevención del delito y orden público”. Además, ayudarán a la Policía a realizar operativos, registros y requisas en los “casos de porte de armas y sustancias sujetas a fiscalización”. 

El decreto explica que todas las acciones que ejecuten los militares durante el estado de excepción estarán coordinadas por la Policía  Nacional y el Ministerio de Gobierno. 

Además, dice el decreto, estas acciones solo podrán ejecutarse mientras el estado de excepción esté vigente “como respuesta excepcional y temporal” por los altos índices de inseguridad y hechos delictivos por los que se declaró esta medida.

Tanto los militares como los policías que participen en estos operativos deberán cumplir con ciertos principios, dice el decreto. Son:

  • Humanidad, que establece que todas las personas deben ser tratadas “humanamente” en todas las circunstancias, preservando sus vidas.
  • Complementariedad, que dice que las leyes nacionales se complementan con las leyes internacionales.
  • Necesidad, que define qué tan necesario es que se tome o no una acción, y
  • Proporcionalidad, que se refiere a evitar el uso desmedido de la fuerza o de ciertas sanciones.

Para eso, dice el decreto, se debe tomar en cuenta: 

  1. La intensidad y peligrosidad de la amenaza, 
  2. La forma de proceder de las personas que representan la amenaza, 
  3. Las condiciones del lugar donde ocurren los hechos, y 
  4. Los medios que tengan los policías o militares para abordar la situación. 

Según el documento, la Comandancia General de la Policía Nacional tendrá también que coordinar acciones  con las autoridades locales públicas para reforzar la vigilancia y ayudar a prevenir delitos. 

El decreto firmado por el presidente Lasso dice también que el estado de excepción no “limitará ni restringirá” los derechos constitucionales de los ecuatorianos. Por ello, las requisas y operativos que se vayan a hacer estarán dentro del marco legal. 

Además, si los militares o policías llegaran a detener a una persona por algún presunto delito, se deben regir “al debido proceso” y poner a esa persona a órdenes de las autoridades competentes como la Fiscalía para que investigue los hechos. 

Finalmente, el decreto ordena al Ministerio de Economía y Finanzas que entregue los recursos que sean necesarios para atender el estado de excepción.

El estado de excepción por inseguridad original, explicado

El pasado 18 de octubre, en una rueda de prensa, el presidente Guillermo Lasso declaró un primer estado de excepción en todo el país por una “grave conmoción interna” debido a los altos índices de inseguridad. 

Debía durar 60 días. Sin embargo, la Corte Constitucional decidió que el estado de excepción solo debían aplicarse en las nueve provincias donde los índices de violencia habían demostrado ser más altos y que solo podía durar 30 días. La Corte, que tiene la obligación de analizar la constitucionalidad de los estados de excepción, dijo que el estado de excepción podía extenderse siempre y cuando el gobierno demostrara la “fundamentación suficiente”. 

Los objetivos principales de esa primera declaratoria de estado de excepción eran:

  1.  Precautelar los derechos de las personas en el país, Controlar la inseguridad, y 
  2. Restablecer la paz y el orden público. 

El presidente Lasso dijo que la inseguridad se debía al narcotráfico. Aseguró que la mayoría de los crímenes y muertes violentas en provincias como Guayas y Manabí, estaba relacionadas con el comercio de estupefacientes. 

Según cifras del Ministerio de Gobierno, la inseguridad en Guayaquil, capital de Guayas, ha crecido en el último año. En 2020, entre enero y agosto, hubo 216 homicidios. Este año, en el mismo periodo de tiempo, ha habido casi el doble de homicidios: 413. 

¿Qué dicen los expertos sobre sacar a los militares a las calles?

Los expertos creen que militarizar las calles para enfrentar la inseguridad puede resultar peligroso

Los militares tienen un entrenamiento para enfrentar enemigos externos y no para mantener el orden social interno. Según varios expertos, no es lo mismo tener que doblegar a un soldado extranjero que impedir que un ladrón robe a una persona. 

Cuando a inicios de octubre la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, dijo que le gustaría tener a militares en la calles, los expertos también dijeron que no era buena idea. Yaakov Gavriel Cedeno, experto en seguridad, dijo que no había ninguna evidencia que mostrara que sacar a las Fuerzas Armadas reduzca los niveles de delincuencia

Según el experto, los delincuentes van a ver a un militar en una esquina y entonces van a ir por otra. “El delincuente es mucho más flexible táctica y operacionalmente”, le dijo Cedeno a GK. Según él, sacar a los militares a la calle no solo no va a funcionar, sino que además va a significar una pérdida significativa de dinero para el Estado porque “no es barato ponerlos en las calles”.

Doménica Montaño
(Quito) Reportera de GK. Cubre medioambiente y derechos humanos.