En la masacre en la Penitenciaría del Litoral ocurrida entre la noche del 12 y la madrugada del 13, se identificó que Hellen Brigitte Maldonado, una mujer transexual fue asesinada. Maldonado cumplía una sentencia de 30 meses por el delito de posesión de estupefacientes. Según Odalys Cayambe, de la organización Vivir Libre que trabaja por la población trans LGBTI privada de libertad, Maldonado fue torturada e incinerada. 

La escalada de violencia que se ha desatado en los centros carcelarios del Ecuador, en especial en la conflictiva y violenta Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil, ha generado alarma entre defensoras de derechos humanos de las personas trans en dichas prisiones. 

En el Ecuador, existen 17 cárceles de varones, 17 mixtas y solo 3 exclusivamente de mujeres. A pesar de que las personas trans en el Ecuador pueden cambiar su género en su cédula, muchas de ellas siguen siendo obligadas a utilizar servicios que no están acordes a su identidad de género. Uno de esos casos, son las mujeres trans que son obligadas a cumplir sentencias en cárceles de varones. “Para muchos causó sorpresa ver un nombre femenino dentro de un contexto heteronormado, como es una cárcel de varones”,  dice Cayambe, “pero para nosotros no es sorpresa ni novedad. Es algo que las personas trans venimos denunciando hace tiempo”, afirma. “Hellen es solo el rostro de lo que viven muchas personas trans”, asegura Cayambe. 

Felipe Ochoa, subsecretario de diversidad del gobierno del Ecuador, dice que no hay una cifra oficial sobre el número de personas trans en el sistema penitenciario. Según él, esto se da por una razón específica: cuando los jueces ordenan el traslado de las personas sentenciadas para que cumplan su condena, lo hacen con base a la cédula que las personas tienen en ese momento. “Y muchas personas trans no han realizado el cambio de sexo y género de su cédula de identidad. Ahí tenemos una tarea importante de sensibilización a los jueces”, explica Ochoa. La próxima semana la Secretaría de Derechos Humanos implementará una mesa técnica con el Registro Civil y el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) para que las personas trans puedan hacer el cambio en sus cédulas y ser trasladadas. 

“Este es un asunto de autoidentificación de la identidad de las personas”, matiza el subsecretario Ochoa y cita el caso de un ejemplo de una mujer trans privada de la libertad que decidió permanecer en el centro de detención de varones de Loja, donde cumple su condena. 

De su parte, Cayambe tiene una cifra basada en el trabajo de campo que realiza su organización, aunque no sea muy preciso. “Hay entre 70 y 75 chicas trans LGBTI en las cárceles del Ecuador que viven en la misma condición que vivió Hellen: en áreas y pabellones que no van de acuerdo a su identidad, género y expresión”, afirma, aunque dice que las cifras en las distintas cárceles son variables —el último registro que levantaron fue el 19 de noviembre de 2021. “En la Penitenciaría hay entre 50 y 45”, dice y afirma que cuando las cárceles son más pequeñas, es más fácil llevar un registro. En Lago Agrio, cita como ejemplo, hay 3. Ni la Subsecretaría de Derechos Humanos ni el SNAI han corroborado esta cifra. 

Según Cayambe, las mujeres trans que habitan centros carcelarios ecuatorianos de varones, “se encuentran a merced del mal trato de los administradores del sistema penitenciario y demás presos”. Ahí son violentadas continuamente por su condición y orientación sexual, sostiene Cayambe, y agrega que “son blanco de ataques, insultos, amenazas y de explotación sexual”. “Otro secreto a voces es que las está consumiendo la tuberculosis”, afirma. 

GK contactó al SNAI para tener una versión sobre estas cifras y declaraciones, pero hasta el cierre de esta nota no recibimos respuesta. 

Así se haría el censo carcelario

La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, se reunió hoy con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para afinar los términos de la entrega de los 200 mil dólares que se necesita para realizar el censo carcelario. “El BID está muy interesado en concretar el financiamiento”, le dijo el subsecretario Felipe Ochoa a GK. 

Según Ochoa, será la primera vez que en un censo carcelario se incluirá una pregunta para poder saber cuántas personas de la diversidad sexogenérica y LGBTI están en el sobrepoblado y mal fondeado sistema carcelario ecuatoriano, donde conviven más de 39 mil personas —un exceso de casi 10 mil internos de la capacidad real de las prisiones del país. 

El censo carcelario tomará 15 días desde el momento en que empiece. Ochoa dice que ya está lista la metodología y priorización para hacerlo. El plan contempla que 285 personas se desplieguen por las cárceles del país para conocer las necesidades de las personas privadas de libertad. 

Sin embargo, Ochoa hace un matiz: no se podrá hacer aún en el complejo penitenciario de Guayaquil por motivos de seguridad. “Es indispensable que el SNAI garantice la seguridad de los encuestadores”. Por ello, aunque no se ha definido en qué cárcel empezará el censo, ya se ha decidido —según Ochoa— que se haga primero en las 3 cárceles de mujeres, donde la conflictividad es menor que en las de varones.  

Además de la seguridad, otras variables que han sido consideradas para realizar el censo son: la cantidad de personas y la localización geográfica de cada cárcel. “El censo es una consulta a las personas privadas de libertad sobre sus condiciones de vida y necesidades”, dijo el subsecretario Ochoa, explicando que es el SNAI quien debe proveer información sobre los servicios con los que cuenta —o no— cada cárcel del sistema penitenciario ecuatoriano.