La Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, se reunió hoy, 19 de noviembre de 2021, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para afinar los términos de la entrega de los 200 mil dólares que se necesita para realizar el censo carcelario. “El BID está muy interesado en concretar el financiamiento”, le dijo el secretario de diversidades del gobierno, Felipe Ochoa, a GK. 

flecha celesteOTRAS NOTICIAS

El censo carcelario es una de las medidas que el gobierno del Ecuador ha tomado frente a la crisis de las prisiones que vive el país. 2021 se ha convertido en un año macabro para el sistema carcelario del Ecuador: al menos 324 personas privadas de libertad han muerto en violentos incidentes —una consecuencia directa de la profunda penetración del crimen organizado relacionado al narcotráfico internacional. Para intentar lidiar con la ola delictiva que golpea al país tanto dentro como fuera de las cárceles, el presidente Guillermo Lasso declaró un estado de excepción —una medida que se renovó hoy y que se aplicará en 9 provincias.

PUBLICIDAD

Pero más allá de las decisiones reactivas, el censo penitenciario es una de las medidas más necesarias para intentar entender cómo se vive —y se muere— en las cárceles del Ecuador. 

Así se haría el censo

En una breve entrevista con GK, Felipe Ochoa, subsecretario de diversidades del gobierno del Ecuador, explicó cómo se hará el censo. Según el funcionario, será la primera vez que se incluirá una pregunta para poder saber cuántas personas de la diversidad sexogenérica y LGBTI están en el sobrepoblado y mal fondeado sistema carcelario ecuatoriano, donde conviven más de 39 mil personas —un exceso de casi 10 mil internos de la capacidad real de las prisiones del país. 

De lunes a jueves, las noticias más improtantes en tu bandeja de entrada.
Suscríbete a La Diaria

De lunes a jueves, las noticias más improtantes en tu bandeja de entrada.
Suscríbete a La Diaria

De lunes a jueves, las noticias más improtantes en tu bandeja de entrada.
Suscríbete a La Diaria

El censo carcelario tomará 15 días desde el momento en que empiece. 

Ochoa dice que ya está lista la metodología y priorización para hacerlo. El plan contempla que 285 personas se desplieguen por las cárceles del país para conocer las necesidades de las personas privadas de libertad. 

Sin embargo, Ochoa hace un matiz: no se podrá hacer aún en el complejo penitenciario de Guayaquil por motivos de seguridad. “Es indispensable que el SNAI garantice la seguridad de los encuestadores”. Por ello, aunque no se ha definido en qué cárcel empezará el censo, ya se ha decidido —según Ochoa— que se haga primero en las cárceles de mujeres, donde la conflictividad es menor que en las de varones.  

Además, de la seguridad, otras variables que han sido consideradas para realizar el censo son: la cantidad de personas y la localización geográfica de cada cárcel. “El censo es una consulta a las personas privadas de libertad sobre sus condiciones de vida y necesidades”, dijo el subsecretario Ochoa, explicando que es el SNAI quien debe proveer información sobre los servicios con los que cuenta —o no— cada cárcel del sistema penitenciario ecuatoriano. 

El 12 de noviembre, el SNAI le dijo a GK que el objetivo del censo también era “conocer las condiciones de vida y características de las personas privadas de libertad”. Ayer, en una entrevista con Sol Borja, editora política de GK, la Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, dijo que “el censo penitenciario nos va a permitir hacer una verdadera separación de acuerdo a la peligrosidad” que actualmente no hay. Según Ordóñez, “entraremos a intervenir cuando las condiciones de seguridad mejoren”.

La experta en derechos de las personas privadas de la libertad, Daniela Oña, dice que este sería el segundo censo que se hará en las cárceles del Ecuador. El primero, dice Oña, se hizo en 2008 para identificar cómo estaba conformado el sistema penitenciario y poder desarrollar una política de rehabilitación social. “En esa época ni siquiera se sabía cuántas personas estaban en las cárceles”, dice Oña. 

Después de ese censo, explica Oña, se pretendía alojar toda la información recolectada en un sistema informático. Pero el sistema que se planteó al inicio, nunca funcionó. Luego, se intentó trasladar la información a un nuevo sistema llamado FGP2, pero también hubo fallas y los centros penitenciarios tuvieron que recurrir a hacer sus propias bases de datos, que luego enviaban al Ministerio de Justicia —que se encargaba del manejo del sistema penitenciario hasta 2018— y luego al SNAI. El problema con esto, explica Oña, es que no todos los centros recolectaban la misma información y por ende, los datos recibidos por el SNAI no están unificados.

Oña explica además que por las fallas de los sistemas informáticos se empezó a manejar datos numéricos, y se dejó de lado la información de cada persona privada de la libertad. Por ello, ahora, por ejemplo, se sabe cuántas personas son bachilleres, pero no se sabe quiénes son. “No se puede hacer una verdadera política pública de rehabilitación social si no sabemos quiénes son las personas que están en el sistema penitenciario más allá de los números”, explica Oña. 

Según Oña, además de incluir preguntas sobre la diversidad sexogenérica y de la población LGBTI, es importante añadir en el censo otros temas como:

  • Las adicciones a las drogas.
  • Las enfermedades catastróficas u otras vulnerabilidades.
  • Las personas privadas de la libertad que son madres.
  • Los niños y niñas que viven en los centros penitenciarios con sus padres.
  • La fuerza productiva de la población penitenciaria, entre otros. 

Oña dice que esto es importante para que se pueda plantear políticas bien hechas que realmente sirvan para atender las necesidades de las personas privadas de la libertad y ayudarles a que logren una verdadera rehabilitación social. 

Aunque Oña opina que este nuevo censo que se ha planteado es muy importante, la experta asegura que es necesario que sobre todo, sea un censo integral. Ella sostiene que el censo debería incluir a la sociedad civil y a los familiares de las personas privadas de la libertad para que todas las preguntas que se hagan puedan ayudar a crear un mejor —y actualizado— registro sobre quiénes son las personas que están privadas de la libertad y así poder atenderles mejor.

GK
(Ecuador, 2011) Periodismo que importa sobre lo que te importa.