Cerca de 9 meses después de que se anunciara la realización de un censo carcelario en Ecuador, la mañana del lunes 22 de agosto, el censo comenzó.

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El censo fue inaugurado en la provincia andina de Carchi en un evento en el que participaron Pablo Ramírez, director general del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI) y Paola Flores, Secretaria de Derechos Humanos. También estuvo presente Yaco Marlon Martínez, gobernador del Carchi. 

Flores dijo que el censo es parte del compromiso del presidente Guillermo Lasso “para entregarle dignidad a las personas privadas de la libertad y a sus familias”. También dijo que con esto se busca “transformar el sistema penitenciario”. 

El objetivo del censo, dijo Pablo Ramírez, director del SNAI, es “crear políticas públicas y estrategias para transformar la calidad de vida” de las personas privadas de la libertad. Además, se pretende garantizar una mejor administración en los centros carcelarios del país.

Según el SNAI, un beneficio del censo será el “fortalecimiento de la atención médica y el acceso a tratamientos específicos”. 

El censo durará tres meses y comenzará en las provincias de Carchi y Loja. 

El censo carcelario es una de las medidas que el gobierno ha tomado frente a la crisis de las prisiones que vive el país. 2021 fue un año macabro para el sistema carcelario del Ecuador: al menos 324 personas privadas de libertad murieron en violentos incidentes —una consecuencia directa de la profunda penetración del crimen organizado relacionado al narcotráfico internacional. 

El censo penitenciario es una de las medidas más necesarias para intentar entender cómo se vive —y se muere— en las cárceles del Ecuador. 

Así se hará el censo

En noviembre de 2021, Felipe Ochoa, subsecretario de diversidades del gobierno del Ecuador, explicó cómo se hará el censo en una breve entrevista con GK. 

El funcionario dijo que esta sería la primera vez que se incluirá una pregunta para poder saber cuántas personas de la diversidad sexogenérica y LGBTI están en el sobrepoblado y mal fondeado sistema carcelario ecuatoriano. 

hábeas corpus a favor de alias JR

Cárcel regional del Guayas. Fotografía de la cuenta de Twitter del SNAI.

En noviembre, Ochoa estimaba que el censo carcelario tomaría 15 días desde el momento en que empiece. Sin embargo, el SNAI confirmó que el proceso será más largo y durará tres meses. 

El plan contempla que 285 personas se desplieguen por las cárceles del país para conocer las necesidades de las personas privadas de libertad. 

En noviembre, Ochoa dijo que el censo no se podría hacer aún en el complejo penitenciario de Guayaquil por motivos de seguridad. “Es indispensable que el SNAI garantice la seguridad de los encuestadores”, aseguró. Sin embargo, no se sabe si ahora, 9 meses después, ya se puede proceder con el censo en uno de los complejos donde más hacinamiento y conflictos hay. 

Además, de la seguridad, otras variables que han sido consideradas para realizar el censo son: la cantidad de personas y la localización geográfica de cada cárcel. “El censo es una consulta a las personas privadas de libertad sobre sus condiciones de vida y necesidades”, dijo el subsecretario Ochoa. El funcionario explicó que es el SNAI quien debe proveer información sobre los servicios con los que cuenta —o no— cada cárcel del sistema penitenciario ecuatoriano. 

Además, el 12 de noviembre, el SNAI le dijo a GK que el objetivo del censo también era “conocer las condiciones de vida y características de las personas privadas de libertad”. En una entrevista con Sol Borja, editora política de GK, la ex Secretaria de Derechos Humanos, Bernarda Ordóñez, dijo que “el censo penitenciario nos va a permitir hacer una verdadera separación de acuerdo a la peligrosidad” que actualmente no hay. Según Ordóñez, “entraremos a intervenir cuando las condiciones de seguridad mejoren”.

¿Qué dicen los expertos?

La experta en derechos de las personas privadas de la libertad, Daniela Oña, dice que este sería el segundo censo que se hará en las cárceles del Ecuador. El primero, dice Oña, se hizo en 2008 para identificar cómo estaba conformado el sistema penitenciario y poder desarrollar una política de rehabilitación social. “En esa época ni siquiera se sabía cuántas personas estaban en las cárceles”, dice Oña. 

Después de ese censo, explica Oña, se pretendía alojar toda la información recolectada en un sistema informático. Pero el sistema que se planteó al inicio, nunca funcionó. Luego, se intentó trasladar la información a un nuevo sistema llamado FGP2, pero también hubo fallas y los centros penitenciarios tuvieron que recurrir a hacer sus propias bases de datos, que luego enviaban al Ministerio de Justicia —que se encargaba del manejo del sistema penitenciario hasta 2018— y luego al SNAI. El problema con esto, explica Oña, es que no todos los centros recolectaban la misma información y por ende, los datos recibidos por el SNAI no están unificados.

Ahorcamientos en la cárcel

Hacinados, en condiciones infrahumanas. Así viven los presos en las cárceles ecuatorianas. Fotografía tomada del Servicio de Atención Integral para Personas Privadas de la Libertad.

Oña explica además que por las fallas de los sistemas informáticos se empezó a manejar datos numéricos, y se dejó de lado la información de cada persona privada de la libertad. Por ello, ahora, por ejemplo, se sabe cuántas personas son bachilleres, pero no se sabe quiénes son. “No se puede hacer una verdadera política pública de rehabilitación social si no sabemos quiénes son las personas que están en el sistema penitenciario más allá de los números”, explica Oña. 

Según Oña, además de incluir preguntas sobre la diversidad sexogenérica y de la población LGBTI, es importante añadir en el censo otros temas como:

  • Las adicciones a las drogas.
  • Las enfermedades catastróficas u otras vulnerabilidades.
  • Las personas privadas de la libertad que son madres.
  • Los niños y niñas que viven en los centros penitenciarios con sus padres.
  • La fuerza productiva de la población penitenciaria, entre otros. 

Oña dice que esto es importante para que se pueda plantear políticas bien hechas que realmente sirvan para atender las necesidades de las personas privadas de la libertad y ayudarles a que logren una verdadera rehabilitación social. 

Aunque Oña opina que este nuevo censo es muy importante, la experta asegura que es necesario que sobre todo, sea un censo integral. Ella sostiene que el censo debería incluir a la sociedad civil y a los familiares de las personas privadas de la libertad para que todas las preguntas que se hagan puedan ayudar a crear un mejor —y actualizado— registro sobre quiénes son las personas que están privadas de la libertad y así poder atenderles mejor.

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