La Asociación Nacional de Servidores Penitenciarios Activos del Ecuador (Asoserpen) presentó una denuncia por delito de odio contra Fausto Cobo, Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI). La mañana de hoy, 18 de noviembre de 2021, René Arcos, vicepresidente de la Asoserpen le confirmó a GK que la demanda ya fue presentada en la Fiscalía Provincial de Pichincha.

En un comunicado de la Asoserpen dijo en un comunicado que presentaría la denuncia contra Fausto Cobo por declaraciones que él dijo en una entrevista en un programa del canal  Teleamazonas. Ayer, 17 de noviembre, Cobo dijo que “ese cuerpo de guías penitenciarios no sirve”. Refiriéndose al personal que trabaja en la Penitenciaría para atender la crisis que la cárcel vive actualmente. 

El 12 y 13 de noviembre murieron 62 personas en enfrentamientos entre pabellones liderados por bandas delictivas que operan dentro de la cárcel. En septiembre de este año, en esa misma cárcel pasó la peor masacre carcelaria en la historia del Ecuador: 119 personas murieron en esos enfrentamientos.

Después de presentar la demanda, Carlos Ordóñez, presidente de la Asoserpen, dijo que Cobo los ha “humillado, faltado el respeto a 1.500 familias ecuatorianas y no podemos permitir eso”. Ordóñez añadió que se debería fortalecer al personal y que eso no se está haciendo. “Viene este señor a decir que el cuerpo no sirve, no hay armamento,  no hay logística, no hay equipamiento, no hay personal”, dijo. 

¿Qué dijo Cobo en la entrevista?

Ayer, el director del SNAI dijo que “ese cuerpo de guías no sirve para maldita la cosa”. Añadió que dentro de las cárceles la Policía y las Fuerzas Armadas son “las que tienen que poner el orden y la presencia del Estado. No hay otra”. 

En una entrevista exclusiva con GK un agente de la Penitenciaría del Litoral dijo que “en esta cárcel no hay control de nada“. El agente contó que normalmente hay un solo guía para cada  uno de los 12 pabellones, que están repletos con entre 800 y mil presos en cada uno por el nivel de hacinamiento que tiene esa cárcel. “No resulta en temas de seguridad (…) uno como guía no puede hacer nada a cargo de tantas personas”, dijo en la entrevista.

Además de Fausto Cobo, en la entrevista de ayer en Teleamazonas también estuvo el asambleísta Ramiro Narváez, presidente de la Comisión de Soberanía y Seguridad de la Asamblea Nacional, que está analizando la crisis carcelaria en el Legislativo. Cobo le pidió a Narváez que la Asamblea le dé al SNAI y a la fuerza pública “el marco legal adecuado para poder actuar” en los violentos incidentes dentro de las cárceles. 

Uno de sus principales reclamos fue lo que la ley permite que los agentes penitenciarios hagan dentro de las cárceles. “Los guías no pueden usar armas dentro de la Penitenciaría, ese es un cambio que deben hacer en las leyes”, dijo Cobo. Añadió “¿cómo es posible que no se pueda usar armas dentro de los pabellones? Si ellos [los presos] tienen armas, entonces cómo entran [los agentes], con catapultas o pidiéndole de favor para que nos dejen entrar a nosotros”. 

En la entrevista con GK, el agente penitenciario dijo que “los guías solo estamos armados de valor en la Penitenciaría. No tenemos nada con qué defendernos, mucho menos armas de disuasión y no existe el suficiente personal penitenciario”. Además, contó que en las masacres “nosotros hemos estado ahí. Claro que nos toca correr en medio de las balas, pero nosotros no somos el objetivo”. 

La Alianza sobre las prisiones, una coalición que trabaja por la defensa de los derechos de las personas presas, le dijo a GK que “proponer armas a los guías como ‘solución’ deja incuestionado el problema del ingreso clandestino de armas”. Además, la Alianza dijo que en esos casos se podría “hablar de sociedades e instituciones sobrearmadas, es decir, que solucionan los problemas de organización con violencia punitiva que puede llegar a ser de muerte”. 

La crisis carcelaria

En 2021 se han confirmado más de 320 muertes violentas en las cárceles del país. Eso es 6 veces las muertes violentas que hubo en las cárceles en 2020. 

Desde el 29 de septiembre, las 37 cárceles del país y los centros de rehabilitación de adolescentes infractores están en estado de excepción. El presidente Guillermo Lasso lo decretó por 60 días, después de la masacre de septiembre en la Penitenciaría. Sin embargo, la violencia no se ha detenido con el estado de excepción.

En la entrevista de ayer, Fausto Cobo aseguró que el SNAI contará con el dinero para trabajar en la crisis del sistema penitenciario. Sin embargo, cuando le preguntaron si ya tenía el dinero en sus manos respondió que “el Presidente de la República va a dar los recursos, hay muchas normas y leyes que impiden que se utilicen de forma inmediata yo no voy a cometer el error como funcionario público y dilapidar esos recursos”. 

Ayer, el Ministerio de Economía y Finanzas también anunció que “está gestionando” un préstamo de 45 millones de dólares al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para “mejorar los servicios de rehabilitación social y de seguridad”. Sin embargo, no se han dado más detalles sobre cómo será distribuido ese dinero si el préstamo es aprobado.