La Comisión de Seguridad sesionó casi dos horas, pero no entregó informe sobre crisis carcelaria. Hoy venció el plazo.

Fue tanto el trabajo de la Comisión de Soberanía, Integridad y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional —adujo Ramiro Narváez, el legislador que la preside— para realizar su informe sobre la crisis carcelaria, que los 30 días que tenían para hacerlo les quedaron cortos. 

Hoy 30 de octubre de 2021 culminó el plazo fijado por la Ley Orgánica de la Función Legislativa para entregar el informe. El documento debía ser debatido hoy, durante la sesión 54 de la comisión. Sin embargo, luego de casi dos horas, los asambleístas apenas pudieron revisarlo y todos coincidieron en un pedido: pedirle una prórroga a la presidenta del Legislativo, Guadalupe Llori. 

“Fue una barbaridad el pretender que se presente un informe en 30 días”, cuestionó Narváez, quien pertenece a la Izquierda Democrática. Sin embargo, afirmó, se marcó una hoja de ruta para desarrollar el informe, que finalmente no fue presentado. 

Aunque no se conoce el contenido concreto del documento, lo único que sí se sabe es que tiene más de 400 hojas y fue alimentado con datos recogidos a través de 900 requerimientos de información dirigidos a instituciones estatales. 

Según Narváez, el Ministerio de Salud Pública y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social nunca respondieron los pedidos. “El Ministerio no envió lo que pedimos porque no tenía nada que informar, porque no ha contribuido para la rehabilitación de las personas privadas de la libertad”, dijo. 

Narváez señaló, además, que la elaboración del informe contó con la observación de organizaciones sociales como la Alianza contra las prisiones, una coalición de colectivos que trabajan por la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad y que se formó luego de la primera masacre registrada en 2021, que ocurrió el 23 de febrero pasado en cuatro cárceles ecuatorianas. 

El asambleísta Narváez aceptó que “hasta cinco minutos antes de entrar al salón, todavía siguen trabajando ese informe”. Luego, él mismo sugirió que uno de sus colegas legisladores propusiera una moción para solicitar una prórroga para “pulir y estructurar de manera adecuada” al informe. 

Y así fue. El asambleísta Xavier Jurado, asambleísta de Guayas por la coalición UNES (quien además fue denunciado por violencia psicológica) presentó una primera moción. 

Desde un vehículo, Jurado informó que desde su oficina se despachó una solicitud de prórroga de 10 días para la aprobación del informe. 

Después, presentó un video que documentó la visita de la Comisión al Centro de Rehabilitación Social de Cotopaxi. Allí, las personas presas protestaron por problemas que ya se conocen y que no han sido atendidos: la escasez del agua, la falta de medicamentos para personas hipertensas y que incluso padecen cáncer sin un acceso a la salud efectiva, la obstaculización para lograr tener una defensa legal adecuada, entre otros nudos críticos del sistema carcelario que aún no encuentra paz. 

En lo que va de 2021, se han documentado al menos 243 muertes en prisiones. La última masacre fue el 28 de septiembre pasado. Dejó 119 personas asesinadas y se convirtió en la quinta peor reportada en la región. 

Jurado dijo que el informe no fue enviado 24 horas como lo estipula la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero que, además, merecía ser analizado detenidamente. Lo mismo dijo el legislador Jorge Pinto, del movimiento oficialista CREO, quien también hizo una solicitud de prórroga. La asambleísta Patricia Nuñez, de la alianza correísta UNES, dijo que había un par de acápites del documento que la preocupaban y que era necesaria una lectura integral. 

La Ley Orgánica de la Función Legislativa, en su artículo 77, fija un plazo máximo de 30 días para la entrega de un informe. Pero, de “manera excepcional”, el pleno de la Asamblea Nacional o el Consejo de Administración Legislativa (CAL) podían otorgar una prórroga máxima de 30 días más con la entrega de una solicitud fundamentada. 

Sin embargo, tanto Narváez como los asambleístas presentes en la sesión parecían confundidos. Durante más de una hora, el debate se centró en por qué debía presentarse una prórroga pero, sobre todo, a quién. 

No sabían. Luego de casi dos horas, fueron informados que debían enviarle a la presidenta de la Asamblea, Guadalupe Llori. En cambio, la legisladora Geraldine Weber, del Partido Social Cristiano y los movimientos sociales ultraconservadores  quiso hablar del proyecto de Ley Orgánica para el Uso Legal, Proporcional, Adecuado y Necesario de la Fuerza, en lugar del informe. “Estoy preocupada por la inseguridad en el país”, dijo. 

Dos minutos antes de culminar la sesión, luego de entender quién debía tramitar la moción, fue aprobada de forma unánime por la Comisión. El legislador Narváez afirmó que pedirán prórroga hasta el 8 de noviembre próximo. Ese día, finalmente, debatirán, si así lo decide la Asamblea Nacional, el informe que ahora mismo es urgente. Las cárceles aún parecen un polvorín siempre al borde del estallido, que no encuentra paz, ni luz, sin una solución integral.