Si hay algo que hermana a Rafael Correa, Lenín Moreno y Guillermo Lasso ha sido la explotación petrolera del Yasuní —otro triunvirato, accidental pero verdadero. Han cambiado las formas, sin duda, así como las justificaciones, pero no el resultado: la explotación de uno de los lugares más biodiversos del mundo a través de triquiñuelas legales y tecnicismos engañosos. 

Eso sí, la transformación de ambientalistas en campaña a petroleros con poder ha sido cada vez más rápida. Al actual presidente le tomó menos de seis meses confirmar que, en este tema, sería otro continuista: según un comunicado del colectivo Yasunidos, la Plataforma Petrolera Ishpingo B está siendo construida en pleno parque nacional Yasuní “a pocos metros del área de protección de pueblos en aislamiento voluntario”. Tras años de que los gobiernos se hagan de la vista gorda, el colectivo advierte que ahora, el Estado a cargo de Guillermo Lasso continúa arriesgándose a cometer un potencial etnocidio. 

Hablar del Yasuní ahora parece un viaje en el tiempo a 2014, con Correa, y a 2018, con Lenín Moreno. Son las mismas advertencias y, de parte del mismo Estado (aunque con tres gobiernos distintos), excusas parecidas. Ha perdurado, en especial, el hecho de que la explotación petrolera en el Yasuní amenaza tanto los derechos de la naturaleza como a los derechos humanos de los pueblos no contactados que ahí habitan.

Hay varias razones, pero una especial en estos tiempos: el riesgo de contagio de covid-19. Porque las plataformas petroleras nunca vienen solas: desde marzo de 2020, se construye una nueva carretera al sur de Tambococha para conectar “las plataformas Ishpingo A e Ishpingo B, ambas licenciadas el 31 de mayo de 2019”. Los trabajos de construcción han sido asociados al aumento de casos de contagio por coronavirus en el cantón Aguarico, en Orellana, con un poco más del 10% de la población. Y eso no es lo peor: se acercan cada vez más a zonas frecuentadas por pueblos no contactados que serían afectados con más fuerza por el virus y por procesos de colonización como la cacería ilegal. Era predecible porque las carreteras y las plataformas son las vías del personal petrolero y de construcción. Nuevamente: nunca vienen solos.  

Todo esto se pronosticó hace años. Yasunidos y muchos medios denunciaron “los olvidos” de la ampliación de la Zona de Amortiguamiento desde 2019, cuando Lenín Moreno emitió el Decreto Ejecutivo 751, “una puerta a los peores temores que tienen activistas y expertos sobre el Yasuní”, según la periodista Susana Morán. Entonces, el Decreto fue polémico precisamente al poner en riesgo la protección de los pueblos no contactados: ampliaba la zona intangible pero a la vez permitía la construcción de plataformas de perforación y producción de petróleo en más de 400 mil hectáreas del área de amortiguamiento que sirve de separación entre la zona intangible y la más exterior, donde hay explotación. Tampoco brindaba criterios claros para marcar límites entre zona y zona. Es decir, en territorios de pueblos en aislamiento voluntario que son trashumantes,  la zona de amortiguamiento se convertía en una dimensión desconocida poblada tan solo por la retórica.

“La puerta a los temores” que describía Morán, entonces, se abrió. O nunca se cerró. Porque aunque Guillermo Lasso no es el responsable directo de estas lentas intrusiones a la zona intangible, sí luce como su defensor tácito al ser el continuista —accidental o deliberado— de sus predecesores. Pueden pelearse sobre muchas cosas, pero en esto, los tres últimos presidentes se han pasado la posta sin chistar. O chistando únicamente en campaña, ya que Lasso, también al igual que Correa y Moreno, está traicionando sus compromisos. 

Aquí está el detalle: el presidente no solo traiciona su palabra. En abril de 2021, Lasso me dijo en una entrevista que se comprometía a garantizar los derechos de los pueblos en aislamiento voluntario. Aseguró que lo haría por escrito (lo hizo, de hecho, después de que le dije que “el detalle” era la diferencias entre decir algo y comprometerse por escrito). Dos días después envió el documento con su firma. Fue específico en algunos puntos críticos como “promover una Consulta Popular por el Yasuní”, “desarrollar y respetar las consultas previas, libres e informadas”, y “garantizar los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario”.  

“Compromiso firmado” era uno de los slogans de Guillermo Lasso. Lo repetía con cada vez más vehemencia a medida que se acercaba a la recta final de las elecciones. En retrospectiva, debe estar arrepintiéndose, ya que al comprometerse por escrito, el presidente se arriesgaba a devaluar su firma tanto como la palabra (que en el caso de los políticos, rara vez es de fiar).

Lo cierto es que, ya en el poder, el Yasuní dejó de importarle. Es evidente incluso en los temas que se han tratado en sus últimas entrevistas. La desmemoria de la política: se ha hablado de consultas populares pero no por el Yasuní. 

Era predecible. El Yasuní se ha convertido en una fórmula infalible de los políticos ecuatorianos para emocionar o persuadir al voto joven, para luego ser relegada a temas que luego definen como urgentes y prioritarios. Para Correa, el Yasuní representaba el cambio paradigmático de su plan de gobierno al  “cambiar la matriz productiva extractivista” del Ecuador. Lo traicionó, se traicionó y nos traicionó (yo era joven en aquel entonces)

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Para Moreno, fue una forma de promocionar su consulta popular en 2018 —muy a su estilo— cubierta de ambivalencias. Por ejemplo, aunque se redujo la explotación petrolera de 1.030 a 300 hectáreas, se ignoró que ese máximo de deforestación ya había sido excedido tales espacios. Moreno también se desdijo (aunque ya para entonces, yo había adquirido la costumbre de no creerle a los políticos). 

Lasso quiere continuar esas políticas sin hacer ruido, de agachadito. Depende de la desmemoria y cuenta con que los temas económicos y sociales urgentes como la violencia carcelaria, releguen nuevamente al Yasuní a los pies de página de los periódicos. Pero el olvido podría jugarle una mala pasada: los efectos de la explotación ponen en riesgo los derechos humanos de los pueblos no contactados que juró proteger. Las amenazas no son únicamente ambientales: tienen consecuencias humanas que pueden ser catastróficas. 

Y aquí está el detalle: el presidente ofreció su firma. Si no le importa el Yasuní, que le importe eso.