“Octubre es un mes de lucha y hay que reivindicarlo”, dice Carlos Realpe, vocero del Bloque Proletario, un frente social que agrupa a varias organizaciones populares, y que lidera la convocatoria de la marcha que se realizará este miércoles 13 de octubre de 2021 en Quito. Trabajadores autónomos, estudiantes, activistas sociales, comuneros que rechazan la minería en sus territorios y colectivos independientes saldrán a las calles. Según Realpe, lo harán para protestar contra la política extractivista del presidente Guillermo Lasso, la precarización laboral en el país y el incremento del precio de los combustibles. Arrancará a las dos de la tarde desde el parque El Arbolito e irá hasta el centro histórico.
Para Realpe, lejos de cambiar las condiciones de vida en Ecuador, el gobierno de Lasso ha profundizado las “medidas antipopulares con los tratos con el Fondo Monetario Internacional (FMI)”. El 4 de octubre último, el organismo internacional desembolsó 802 millones de dólares a través del programa Servicio Ampliado (SAF), según anunció el Ministerio de Economía y Finanzas. El SAF fue aprobado a inicios de septiembre, a garantizar la sostenibilidad fiscal. Según el informe del FMI sobre el acuerdo, el gobierno ecuatoriano se comprometió a la reducción de la deuda pública y “la creación de colchones a través de una estrategia de consolidación” para proteger a los más vulnerables, que será “complementada con una reforma de impuestos progresivos”. Sin embargo, el acuerdo ha sido cuestionado constantemente por diversos sectores sociales.
Carlos Realpe opina que la política laboral del presidente Lasso deviene en la precarización y por eso, desde su activismo y la organización a la que pertenece, rechazó categóricamente el proyecto de Ley Creando Oportunidades, con el que el presidente pretendía esbozar su hoja de ruta laboral, económica y tributaria, pero que el Consejo de la Administración Legislativa (CAL) no calificó, el 29 de septiembre último.
El proyecto tenía varias propuestas que causaron rechazo entre sectores sociales, entre ellas, tres contratos alternativos a los ya estipulados en el Código de Trabajo actual. Además, planteaba 13 causales de despido —la normativa actual establece ocho—sin la necesidad del visto bueno como trámite administrativo obligatorio y una indemnización de trabajador a empleado si era despedido por cualquiera de esas causales.
Para el economista John Cajas, la propuesta en materia laboral de Guillermo Lasso atentaba directamente la estabilidad de los trabajadores. Pero también dice que era importante analizarla de forma integral. “Aunque si un empleador despide a un colaborador por una de las causales y él intenta impugnar, no están en igualdad de condiciones. La balanza siempre recae en el empleador”, cuestionó.
Carlos Realpe dice que en la marcha también se levantará la voz por el desempleo en Ecuador, que fue incluso mencionado por el presidente Lasso en cifras oficiales. Durante su intervención en la Asamblea Nacional el 24 de septiembre último, antes de la presentación del proyecto de ley Creando Oportunidades, el Presidente dijo que solo 3 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa cuentan con un empleo formal; es decir, el 70% de los ecuatorianos trabaja en la informalidad. Lasso indicó, además, que en la ruralidad la situación empeora: apenas 2 de cada 10 personas tienen empleo. En términos generales, señaló, 5,8 millones de personas no tienen trabajo fijo estable en el país.
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Otro de los reclamos de las organizaciones sociales por las que saldrán a las calles, dice Carlos Realpe, es el rechazo al decreto 151 del 5 de agosto último. Este disponía que el Ministerio de Energía y Recursos Naturales No Renovables difundiera “a nivel nacional las condiciones en las que la minería legal y responsable debe desarrollarse en el país” y atraer a la inversión extranjera. En el documento se dispone el impulso de normativas sobre procesos de consulta previa, libre e informada a los pueblos y nacionalidades indígenas. Sin embargo, para Realpe el decreto es una vía para abrir el camino a las empresas transnacionales sin tomar en cuenta las necesidades de las comunidades.
“La única salida que tiene el pueblo es una revolución, el cambio de la base económica”, afirma Realpe. En la movilización, además, se protestará por la represión que viven los comerciantes autónomos en las calles, según ha denunciado la Asociación de Trabajadores Autónomos del Ecuador, y su lucha por el acceso a la educación superior.
