Este contenido fue publicado originalmente en Mongabay Latam
Entre julio y septiembre de este año, Mongabay Latam publicó dos reportajes de investigación sobre la empresa ecuatoriana sospechosa de comercializar 26 toneladas de aletas de tiburones amenazados que fueron decomisadas en Hong Kong durante el 2020.
Según reveló la investigación, los antecedentes que apuntan a la ecuatoriana FishChoez & Villegas S.A fueron puestos a disposición de la Fiscalía hace un año. Sin embargo, hasta ahora no hay sanciones penales en contra de los responsables de este caso emblemático de tráfico de aletas, considerado uno de los más grandes de los últimos años.
Tras la publicación, el presidente de la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales de la Asamblea Nacional, Washington Varela, aseguró a Mongabay Latam que enviará un exhorto a la Fiscalía “para que proceda lo más rápido posible con esta situación”. Precisó, además, que “en este caso la Fiscalía no está actuando como tendría que actuar en todos los procedimientos. ¿Por qué para algunos procedimientos lo hace rápido y para otros lo hace lento?”.
El asambleísta indicó que también solicitará información al Ministerio de la Producción para saber si se han iniciado procesos administrativos sancionatorios en contra de la empresa. Esto último debido a que, según dio a conocer la investigación periodística, FishChoez & Villegas S.A solicitó al Ministerio del Ambiente y Agua y Transición Ecológica de Ecuador (MAATE) un permiso extemporáneo para la exportación de especies amenazadas, es decir, para una carga que ya había sido enviada hacía meses a Hong Kong. Este cargamento coincidía con el decomisado en 2020 en la isla asiática.
Cabe resaltar, que abogados especialistas en materia ambiental aseguraron que dichos permisos necesariamente deben tramitarse antes de la exportación. Sin embargo, no existe información pública que dé cuenta de que la empresa haya sido sancionada administrativamente por incurrir en esta infracción.
“Esto lo vamos a organizar. Es nuestro deber como asambleístas y sobre todo en la Comisión de Biodiversidad y recursos naturales que tiene y está obligada a proteger el ambiente y la naturaleza”, dijo Varela.
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Por último, respecto al hecho de que la empresa ecuatoriana siga exportando hacia Perú y que las empresas compradoras en ese país tengan antecedentes por comercialización ilegal de tiburones, el presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea señaló que “es algo que no se puede tolerar” y precisó que “en el Ecuador hay que ir endureciendo las penas. Caso contrario va a seguir pasando lo mismo”.
