Corte IDH condena al Estado ecuatoriano por desaparición forzada de Gustavo Garzón, ¿qué significa?

La familia del escritor y militante Gustavo Garzón —desaparecido desde el 10 de noviembre de 1990, durante el gobierno de Rodrigo Borja— tuvo que esperar más de 30 años para que el Estado ecuatoriano fuese responsabilizado por la desaparición de Garzón. 

El 7 de octubre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó a Ecuador por la desaparición forzada de Garzón y declaró en su sentencia que el Estado es “responsable por la violación de sus derechos al reconocimiento de la personalidad jurídica, vida, integridad, libertad personal, garantías judiciales y protección judicial”. 

Clorinda Guzmán, su madre, se unió a la lucha por las personas desaparecidas en 1990. Acompañaba a otros familiares que buscaban a sus seres queridos. Entre ellos, Pedro Restrepo y Luz Elena Arismendi, padres de Santiago y Andrés Restrepo, desaparecidos en 1988 en el gobierno de León Febres Cordero. Cada miércoles se plantaban ante el Palacio de Carondelet para exigir respuestas. En el país no las encontraron y, como en tantos otros casos, tuvieron que acudir a instancias internacionales. 

Para la Corte IDH, esta sentencia es, en sí misma, una forma de reparación para Gustavo Garzón  y su familia, que presentó el caso de su desaparición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos hace 25 años. Recién en julio de 2019, la Comisión lo remitió a la Corte, cuyos jueces ahora ordenaron cinco medidas de reparación integral:

• Obligación de investigar: el Estado ecuatoriano deberá  “continuar eficazmente y con la mayor diligencia las investigaciones y el proceso penal en curso” para identificar y juzgar a los responsables de la desaparición forzada de Garzón. 
• Determinación de su paradero: el Estado deberá ejecutar una búsqueda rigurosa por “la vía judicial y administrativa pertinente” para encontrar a Gustavo Garzón. Si se hallan sus restos, deberán ser entregados a sus familiares con la mayor brevedad posible y sin costo alguno. 
• Medidas de rehabilitación: Ecuador deberá brindar gratuitamente, a través de instituciones de salud especializadas y de forma inmediata, tratamiento psicológico y psiquiátrico que requieren las familias sobrevivientes y víctimas, previo consentimiento informado y por el tiempo que lo necesiten. Esta ha sido una exigencia constante de la Asociación de Familiares y Amigos de Personas Desaparecidas (Asfadec).
• Medidas de satisfacción: el Estado debe publicar un resumen oficial de la sentencia de la Corte IDH en un diario de amplia circulación nacional y la integridad de la sentencia en el sitio web del gobierno. Asimismo, deberá realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional en relación al caso. 
• Indemnizaciones compensatorias: el Estado deberá pagar 15.000 dólares por daños materiales e inmateriales a la familia de Garzón. 

¿Quién fue Gustavo Garzón?

Gustavo Garzón fue un escritor y militante del movimiento subversivo Montoneros Patria Libre, considerado una célula terrorista por el gobierno de Febres-Cordero. El cuatrienio en que el líder socialcristiano estuvo en el poder estuvo marcado por constantes abusos contra los derechos humanos (entre ellos, detenciones arbitrarias, desapariciones e incluso ejecuciones extrajudiciales) de personas que el régimen consideraba peligrosas. 

A Febres-Cordero lo sucedió en el poder el socialdemócrata Rodrigo Borja. En su gobierno, a pesar de la política oficial de terminar con la represión previa, aún se dieron abusos y desapariciones por parte de las fuerzas de seguridad del Estado. 

El 9 de noviembre de 1990, Gustavo Garzón salió de su casa, en el barrio San Juan, en el centro de Quito. Ese día, Garzón fue a una biblioteca para avanzar en su tesis de doctorado literario. Apenas unos meses antes, el 7 de septiembre, había salido de prisión después de haber sido torturado y acusado de un asalto que nunca pudo comprobarse, por lo que fue sobreseído. Desde que fue liberado, sufrió constantes  persecuciones —tanto en casa como en las calles, dicen sus familiares.

Ese 9 de noviembre se vio con amigos en la clásica discoteca Son Candela. Estuvo con ellos durante horas, hasta la madrugada del 10 de noviembre. Ese fue el último que lo vieron vivo. Tenía 32 años. 

Desde ese día, su familia ha exigido respuestas sobre su paradero. Clorinda Guzmán, unida a la lucha por los desaparecidos en el Centro Histórico, gritó siempre por su cuarto hijo, cultor de letras desde que cursaba las aulas del colegio Montúfar, que experimentó con las matemáticas, la estadística y la aviación y que eligió la militancia de la izquierda radical en el país. 

La investigación de su desaparición tiene más de 40 mil  fojas, agrupadas en 40 cuerpos fiscales. Continúan almacenadas en la Dirección de Derechos Humanos y Participación Ciudadana en la Fiscalía, hasta este 2021, según la investigación de la periodista Mayra Caiza, compactada en el documental Brutal como el rasgar de un fósforo,  que relata el caso y la vida del escritor y militante.  

Una vida de resistencia

“Gracias a todas las personas que piensan en mi hijo Gustavo” dijo Clorinda Guzmán,  sentada en el centro del escenario de una sala de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en julio pasado en el estreno de Brutal como el rasgar de un fósforo. 

En aquel momento le pregunté qué significaría para ella una sentencia de la Corte IDH contra el Estado ecuatoriano, dijo que sería reivindicatoria pero también un claro signo de la impavidez estatal. “Es una decepción el haber luchado tantos años y no haber conseguido nada porque los gobiernos nunca han respondido”, reclamó. 

Para Lidia Rueda, presidenta de Asfadec, esta sentencia es una muestra más de que “la única respuesta es la lucha en las calles, porque si no hacemos eso, en el país no pasa nada, no les importa”, dijo. En Ecuador, según cifras oficiales, hay 1876 personas desaparecidas, aunque la organización piensa que esa es mucho menor a la real. A través de su activismo, Asfadec reclama por más de 4.400 desaparecidos, una cifra que fue emitida por el entonces fiscal general Galo Chiriboga en 2015. Pero no se cansan. Ahora, uno de los hermanos de Gustavo, Rodrigo, es secretario de Asfadec y continúan reclamando investigaciones efectivas. 

La lucha de las familias logró que en Ecuador se aprobara la Ley Orgánica para la Actuación de Búsqueda de Personas Desaparecidas en enero del 2020. En noviembre de ese año, se emitió su reglamento —cinco meses después del plazo dispuesto por la Asamblea Nacional. Sin embargo, las negligencias denunciadas por las familias continúan. “No hay fiscales capacitados, las investigaciones continúan en indagación previa, no hay diligencias ni pericias efectivas. No es una persona, son miles de familias con sillas vacías en casa”, cuestiona Lidia Rueda. 

Cuando Guillermo Lasso asumió la presidencia, en mayo de 2021, Asfadec hizo un llamado para que el nuevo gobierno atienda la situación de las personas desaparecidas. Incluso, le enviaron una carta pidiéndole concretar una reunión. Hasta este 8 de octubre, no ha habido respuesta del presidente de la República, quien tampoco ha hecho pronunciamiento público alguno sobre el tema. En su plan de gobierno, al igual que en los de los otros 15 candidatos que se disputaron la presidencia, no hubo una sola línea dedicada a los desaparecidos en Ecuador.