Martina*, una adolescente con una discapacidad mental leve, quedó embarazada a los 15 años, luego de que una pareja de su mamá la violara. En 2018, cuando ocurrió, Martina vivía en Cotocollao, una parroquia urbana del norte de Quito de calles repletas de gente, en la que el 22% de su población se dedica al comercio por mayor y menor y que padece la mayor tasa de embarazo adolescente de la capital ecuatoriana. El Informe de Calidad de Vida de Quito Cómo Vamos dice que en esta parroquia urbana —una de las 32 que hay en Quito— hay 280 nacimientos por cada mil adolescentes. Eso es 5 veces más la tasa promedio de la ciudad, que es de 50.
El mismo informe dice que los datos disponibles de la ciudad evidencian que la tasa de embarazo adolescente es alta pero “no permiten diferenciar las edades de las madres ni los factores que inciden en este problema”. La situación de Cotocollao es una dolorosa y gravísima muestra de la situación del resto de la ciudad (Nanegalito, Chillogallo y otras parroquias registran altas tasas también) y del Ecuador, el cuarto país de América Latina —empatado con México— con la tasa más alta de embarazo adolescente.
El caso de Martina, como el de otros de la parroquia, llegó a la Junta Metropolitana de Protección de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de La Delicia en Cotocollao, la institución encargada de proteger a los menores de 18 años y a las mujeres víctimas de violencia, migrantes, con discapacidad y otras situaciones de vulnerabilidad. La Junta ordenó que el violador de Martina se aleje de ella. Sin embargo, él no era su único agresor. Su madre era alcohólica y cuando se enteró que su hija estaba embarazada comenzó a verla y tratarla como si compitiera por su pareja. Por eso Martina fue acogida en una institución especializada en embarazo adolescente en Quito por orden de la Junta y luego de un juez.
El caso de Martina se multiplica por miles en Cotocollao. Según un informe de la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo —hoy Secretaría Técnica Planifica Ecuador— en 2015 y 2017 la tasa de nacimientos de Cotocollao también superó los 280 por cada mil adolescentes. Natasha Montero, especialista en derechos humanos de los niños y adolescentes, dice que uno de esos factores que podría contribuir a esos niveles en la zona es su alta densidad poblacional. Eso, dice Montero, podría impedir el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. No es un problema aislado. Según el informe de Quito Cómo Vamos, el 32% de los quiteños opina que la falta de acceso a los servicios de salud público y privados era el principal problema de la ciudad respecto a la salud antes de la pandemia.
Además del limitado acceso, hay desconfianza sobre este tipo de servicios. El Fondo de población de las Naciones Unidas (Unfpa) dice que la mayoría de las mujeres en Ecuador no sienten confianza cuando acuden a hospitales y centros de salud. Dicen que no tienen suficiente información, que quedan muy lejos de sus casas y, además, algunas tienen ciertos prejuicios sobre los servidores públicos. Eso impide que accedan a muchos servicios de salud, incluyendo métodos de planificación familiar y consultas ginecológicas.
El acceso a esos servicios es todavía más difícil para las personas con discapacidad, como Martina. Una de las principales causas es que muchas veces hay una tercera persona —un padre, madre o cuidador— encargada de su tiempo y dinero. Según un estudio del Unfpa, las mujeres con discapacidad tienen el doble de probabilidades de ser víctimas de violación, abuso sexual y violencia de pareja íntima. El 46% de las mujeres ecuatorianas con discapacidad fueron madres antes de los 19 años. Ese riesgo también está presente cuando son niñas: el 3% de ese 46% tuvo su primer hijo antes de los 14 años, producto de una violación.
En 2018, a Martina nunca le dijeron que al ser una persona con discapacidad que había quedado embarazada producto de una violación, tenía el derecho de abortar. Eso decía el Código Integral Penal (COIP) de ese entonces: el aborto no sería penado “si el embarazo es consecuencia de una violación en una mujer que padezca de discapacidad mental”. De eso jamás se enteró. (Tres años después, la Corte Constitucional despenalizó el aborto en todos los casos de violación).
Otro factor que podría influir en la altísima tasa de embarazo adolescente en Cotocollao es su alto índice de población en migración. Cotocollao y San Carlos son las dos zonas del noroccidente de Quito en las que vive el mayor número de personas colombianas de todo Quito. Las niñas y mujeres migrantes son especialmente vulnerables a la violencia sexual, por eso, dice Natasha Montero, la condición migratoria podría ser otro factor que incide en la elevadísima tasa de embarazo adolescente en la parroquia. Montero explica que es más probable que esas niñas y adolescentes no estén acompañadas por sus padres al desplazarse, lo que aumenta su riesgo de quedar embarazadas. La mayoría de las veces por violación, y muchos de ellas por incesto.
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Para comenzar a reducir los preocupantes indicadores de embarazo en menores de 18 años en Cotocollao —y en Ecuador— se necesita una trifecta de acciones. “Hay tres estrategias de salud pública que tienen incidencia en la reducción del embarazo en adolescentes: educación sexual integral, acceso a la anticoncepción y la despenalización del aborto por completo”, dice Virigna Gómez de la Torre. Implementar esas estrategias también resultaría en la reducción de los hijos no deseados, la morbimortalidad materna y los abortos.
Es una estrategia que debe ser conjunta. “Se deben ejecutar al mismo tiempo, cuando solo se ejecuta una por separado no sirve”, dice Gómez de la Torre. En Ecuador solo se ha trabajado en una: el acceso a la anticoncepción. Gómez de la Torre dice que en eso el país ha avanzado con acciones como instalar dispensadores de preservativos en subcentros de salud, farmacias y otros espacios. Sin embargo, aunque hay avances, también se han creado barreras que impiden que se implemente correctamente.
En las Unidades Metropolitanas de Salud —que ofrecen varios servicios de salud— para acceder a preservativos, un método anticonceptivo que se vende sin receta y que hasta se entrega libremente, los adolescentes deben asistir a uno de los talleres que da la entidad. Sandra Ortiz, responsable de salud sexual y reproductiva de la secretaría de salud del municipio quiteño, dice que los condones —el método que previene con mayor efectividad el embarazo y también las enfermedades venéreas— “se entrega después de un taller, de una recomendación”. Ese requisito no aplica para personas adultas.
Las capacitaciones sobre salud sexual y reproductiva —como los que Ortiz dice que ofrecen las unidades metropolitanas de salud, una especie de pequeños centros de salud pero locales— son importantes, pero los talleres que son un requisito previo podría frenar a los adolescentes a pedir los condones. No se está considerando un factor muy importante: la vergüenza. Natasha Montero dice que una cosa es tener dónde conseguirlos (en las unidades o en los centros de salud) o en una farmacias. “Pero otra cosa es lo que se conoce como ‘la posibilidad social de acceso’, en la que deben tomarse en cuenta factores humanos como la vergüenza o el miedo”, explica Montero. “¿Cuántos de ellos pueden entrar a una farmacia de un barrio tipo Cotocollao y pedir anticonceptivos sin que las personas de las farmacias realicen valoraciones subjetivas?”, se pregunta Montero.
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Una de las cajeras en una gran cadena de farmacias que atiende en uno de los locales de las calles principales de Cotocollao me dice que al día llegan entre 3 y 5 adolescentes a comprar métodos anticonceptivos preventivos —como pastillas y condones— y píldoras contraceptivas de emergencia. “La mayoría sí se ven avergonzados, muchos se paran un rato en la puerta y esperan a que no haya más clientes para entrar”, dice la cajera que prefiere reservarse su nombre. En cambio, el dueño y vendedor de una pequeña farmacia local de Cotocollao, dice que en más de 10 años nunca ha vendido condones ni otro tipo de anticoncepción a un menor de edad. No porque no haya querido, si no porque no se lo han pedido.
Una parte de la estrategia en la que Ecuador casi siempre ha fallado es la educación sexual integral, pues no es parte del currículum educativo de las niñas, niños y adolescentes del país. Sybel Martínez, abogada y vicepresidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, dice que al no tener esta educación, los jóvenes no tienen todas las herramientas para evitar el embarazo o evitar ser violentados.
Sin embargo, se debe incluir en cada parte de su carrera estudiantil. “Desde el prekinder para toda la vida”, dice la doctora Gómez de la Torre. Aclara que debe estar adecuada a la edad de cada grupo. “La educación sexual integral no es enseñarle a los niños a tener sexo, es enseñarles de acuerdo a su madurez sobre su cuerpo, el respeto, a identificar si los están tocando de una forma inapropiada, a no tener miedo de decirle a alguien cuando pasa algo”, dice Gómez de la Torre. Esa es una de las estrategias más importantes para avanzar en la disminución del embarazo adolescente en todo el país.
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Cuando llegó al tercer trimestre de su embarazo, Martina comenzó a rechazar al bebé que llevaba dentro. Decía que no quería tenerlo, pero en la organización en la que la acogieron la obligaron a trabajar en crear una conexión con ese hijo producto de una violación.
Los embarazos pueden tener graves consecuencias físicas y psicológicas en las niñas y adolescentes. Las niñas embarazadas tienen mayor riesgo de tener complicaciones y morir antes o durante el parto. Además, los bebés tienden a crecer poco y ganar menos peso que uno que nace de una mujer adulta. La mortalidad neonatal y materna también es alta; Sybel Martínez dice que en los últimos 10 años, 260 adolescentes entre 15 y 19 años han muerto por complicaciones en el parto.
Además, los cuerpos de las niñas y adolescentes que están en desarrollo deben madurar rápidamente para adaptarse a las necesidades del embarazo, la lactancia y la maternidad. En el caso de las adolescentes, dice Martínez, aunque tienen más madurez en su aparato reproductor, eso no significa que están listas para enfrentar la responsabilidad de la nueva vida de la que tienen que hacerse cargo. Los cambios físicos, sociales y mentales no se cumplen de manera adecuada en las niñas y en las adolescentes cuando quedan embarazadas. Esa es la realidad que viven las casi más de 150 que quedan embarazadas cada día en Ecuador.
Además de las consecuencias físicas, hay económicas y sociales. Eso no afecta solo a las madres; Martínez explica que también repercute en su familia y en el país. Uno de los principales resultados es que la mayoría de las menores de edad que son obligadas a ser madres deja la escuela. Según Martínez, solo el 6% de las mujeres que fueron madres en la niñez y en la adolescencia terminan su educación primaria y secundaria. Lo hacen, dice, con un esfuerzo muy grande y el apoyo de sus familias, cuando lo tienen. Sin embargo, aún menos logran terminar una carrera universitaria.
Eso —verdad evidente— cambia radicalmente su plan de vida: una adolescente con menos educación tiene menos capacidades y oportunidades de insertarse en el mercado laboral. Martínez dice que cuando crecen, su empleo es más precarizado, ganan menos o se dedican al trabajo de cuidado no remunerado.
Además de dictar las medidas de protección, como en todos los casos de violencia sexual que llegan a la Junta Metropolitana de Protección de derechos, el de Martina fue remitido a la Fiscalía para que se abra una investigación, pero el caso no prosperó.
Gómez de la Torre dice que las consecuencias de un embarazo no deseado en los hijos e hijas todavía se está estudiando, pero podrían ser graves. Un estudio de Andrés Delgado —de la Escuela de Población y Salud Pública, Universidad de British Columbia, en Canadá— encontró una “asociación significativa” entre el nacimiento de un embarazo no deseado o inoportuno en Ecuador y la probabilidades de que los niños que nazcan pierdan el rumbo en materia de salud, aprendizaje y bienestar psicosocial.
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Martina dio a luz y el rechazo a su hijo continuó. También se abrió un proceso judicial para determinar qué pasaría con el bebé. El juez del caso, al ver que el niño crecía y que ella seguía sin cambiar de opinión, ordenó que el bebé se vaya a vivir con la familia ampliada de Martina. Esa decisión no funcionó y —después de varios meses llenos de trámites, complicaciones y más traumas para Martina que debía ver al niño como si fuera su primo— el bebé fue adoptado gracias a que una organización feminista auspició el caso y agilizó el proceso.
Ecuador tiene varios documentos, estrategias y políticas para atender los casos como los de Martina y los cientos de otras adolescentes que también han quedado embarazadas, pero la mayoría no han salido del papel en el que fueron aprobadas. Una de las principales es la Política Intersectorial de Prevención del Embarazo en Niñas y Adolescentes (Pipena) que incluye la participación de los Ministerios de Salud, Educación y de Inclusión Social. Fue firmada en 2018, pero no ha tenido financiamiento desde el 2020. Sybel Martínez dice que por la falta de recursos y de voluntad política hasta el momento solo se han visto esfuerzos aislados que no han repercutido en las cifras de embarazos precoces del país.
La Secretaría de Salud del Municipio de Quito también está preparando una estrategia para atender la crisis de nacimientos en menores de edad. Sandra Ortiz, responsable de salud sexual y reproductiva de la institución, dice que el documento fue presentado a finales de septiembre y que están esperando su aprobación. Desde 2019, dice, estaban trabajando en otras iniciativas para hacer que los adolescentes “aprovechen mejor su tiempo” con actividades extracurriculares o en los talleres de educación sexual que se dan en las Unidades de Salud.
Con esos lentos avances y las barreras que siguen existiendo en todo nivel de atención, se está atendiendo una crisis urgente e impidiendo que se evite que cientos de adolescentes tengan la misma suerte que Martina. Virginia Gómez de la Torre insiste en aplicar las estrategias de salud pública de forma conjunta. Solo de esa manera se podrá garantizar que ellas en Cotocollao, Quito y el resto del país puedan terminar el colegio, desarrollarse correctamente y continuar con su plan de vida en vez de preocuparse por criar a un hijo que no deseaban tener.
