En años recientes se ha venido posicionando a nivel internacional la necesidad de reconocer un “derecho a la ciudad” que, de acuerdo a ONU Habitat, “es el derecho de todos los habitantes a habitar, utilizar, ocupar, producir, transformar, gobernar y disfrutar ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos, inclusivos, seguros, sostenibles y democráticos, definidos como bienes comunes para una vida digna”.  

El reconocimiento de tal derecho se reconoció en la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad de 2004, que señala que “las ciudades deben ser un ámbito de realización de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, asegurando la dignidad y el bienestar colectivo de todas las personas, en condiciones de igualdad, equidad y justicia, así como el pleno respeto a la producción social del hábitat”. 

La ciudad, como espacio inmediato y más cercano para la realización del proyecto de vida de quienes la habitamos, debe ser dirigida y administrada con un enfoque de derechos humanos. Estando sus autoridades —inclusive las locales— obligadas a garantizar su pleno ejercicio en el marco de sus competencias. Las autoridades del gobierno central, en lo que les atañe, deben asegurar un desempeño que favorezca a una vida en ciudad digna y donde sea verdaderamente posible un ejercicio real de derechos. 

El artículo XI de la Carta, sostiene que las ciudades se comprometen a la creación de condiciones para la seguridad pública, la convivencia pacífica, el desarrollo colectivo y el ejercicio de la solidaridad”. Para ello, “(…) las fuerzas de seguridad tienen entre sus principales misiones el respeto y protección de los derechos de los(as) ciudadanos(as)”. 

Por otro lado, el artículo X consagra el “Derecho a la Justicia”, que indica que las ciudades se comprometen a adoptar medidas destinadas a mejorar el acceso de todas las personas al derecho y a la justicia. Además, a fomentar la resolución de los conflictos civiles, penales, administrativos y laborales mediante la implementación de mecanismos públicos de conciliación, transacción, mediación. En ese artículo también se obliga a garantizar el acceso al servicio de justicia estableciendo políticas especiales en favor de los grupos vulnerables de la población, y fortaleciendo los sistemas de defensa pública gratuita.

En este contexto, el informe de 2021 de la iniciativa Quito Como Vamos, revela datos preocupantes sobre la percepción ciudadana con respecto a la seguridad en la capital. Así como sobre la capacidad de las instituciones estatales de dar respuesta ante violaciones a derechos como la integridad física, la propiedad y hasta la vida, cada vez más amenazados producto de la creciente delincuencia. 

Así, el 68.8% de los quiteños encuestados dicen sentirse inseguros en espacios públicos en Quito, como parques, calles y plazas. Aquello no es una mera percepción, pues 35% de los y las quiteñas encuestadas, indicaron haber sufrido asaltos en el transporte público. Y un 43% de los encuestados reportaron haber sufrido algún acto de delincuencia en la ciudad, siendo las víctimas en su mayoría mujeres de entre 26 a 45 años, es decir, en edades económicamente activas.  

Además, el Informe sobre Calidad de Vida de Quito Cómo Vamos de 2021 revela que el transporte público es percibido como especialmente peligroso para las mujeres, que en un 93% lo consideran un espacio de riesgo. La encuesta indica que al menos 22% de mujeres han sufrido violencia sexual en este ámbito. Así, Quito es una ciudad insegura para casi la mitad de los que habitamos en ella, y particularmente insegura para mujeres. 

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A estos datos, se suman otros que evidencian la poca credibilidad de los quiteños a recibir protección de los entes estatales ante delitos. Así, 53,4% de los quiteños no creen que es posible que un delito cometido en Quito sea sancionado, siendo las personas de 46 años o más, las más escépticas al respecto. 

Del 22% de mujeres agredidas sexualmente en el transporte público, mencionadas arriba, el 96,2% ni siquiera presentó una denuncia porque, entre otras razones, consideran que aquello es “una pérdida de tiempo”.  Ante la ineficacia real y percibida del Estado para asegurar una ciudad segura de habitar, los quiteños se inclinan incluso a creer en la efectividad de mecanismos al margen de la ley para la resolución de conflictos sociales. Como, por ejemplo, la justicia por mano propia, que se acepta como una forma adecuada para sancionar delitos, por al menos el 63.4% de los encuestados. 

Los entes estatales encargados de investigar y sancionar delitos parecen no preocuparse mayormente de las diarias manifestaciones de delincuencia que afectan al ciudadano de a pie. Por ejemplo, en 2021, la Fiscalía tramitó 325.497 denuncias de posibles delitos, y los más comunes fueron, precisamente, robo, violencia psicológica contra la mujer, e intimidación. De estos,  el 90% de los delitos denunciados sigue en investigación previa, lo que quiere decir que no ha avanzado sustancialmente en la investigación. En otras palabras, son casos que mayormente quedan irresueltos. 

Esto se contrasta con el enorme despliegue de funcionarios y aparataje estatal para causas que tienen perfiles políticos elevados, que suelen conocerse o resolverse en cuestión de meses. El mensaje, en todo esto, es que los hechos delincuenciales, que afectan al ciudadano de a pie, no son de interés real de los órganos de investigación y sanción. 

A esto se le suman las escasas gestiones por parte del Municipio de Quito para cumplir con su obligación de proveer de mecanismos para acceder a la justicia, especialmente a través de medios de solución extrajudicial de controversias o medidas de protección. Con respecto a estas últimas, si bien en su momento resultó novedosa la creación de las juntas de protección de derechos de las mujeres, con capacidad de emitir medidas administrativas de protección en casos de violencia, con el tiempo han demostrado ser poco efectivas. 

Incluso mujeres que ya han tenido en sus manos estas boletas han sido luego víctimas de femicidio por sus parejas o convivientes. Por su parte, y de mi experiencia como litigante constitucionalista, las decisiones de las juntas de solución de controversias en el ámbito educativo, en muchos casos irrespetan derechos humanos. Hasta el punto de que son objeto de acciones constitucionales de manera constante. 

Finalmente, los ocho centros de mediación creados por el Municipio de Quito solo atienden cuestiones de orden civil, como temas familiares, comerciales, inquilinato, comunitarios, vecinales, laborales, entre otros. Estos son pocos centros para una población creciente, diversa y con pluralidad de conflictos cuya solución urge. Por tanto, existe un déficit de mecanismos de acceso a la justicia y seguridad tanto desde el gobierno central, como desde el local. 

Esto tiene, creo yo, dos afectaciones graves en materia del ejercicio del derecho a la ciudad. Por un lado, y como ha indicado en reiteradas oportunidades la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la impunidad en delitos cometidos -—en el espacio urbano, en este caso—  crea un escenario propicio para que prolifere la delincuencia. Así, si carteristas, acosadores o violadores saben que no serán sancionados por sus actos, se verán más incentivados a seguirlos cometiendo, y más gente se sumará al cometimiento de estos delitos. El espacio público se vuelve, entonces, el escenario perfecto para delinquir en impunidad. 

Esta situación impacta directamente en el derecho de los y las quiteñas a habitar nuestra ciudad, porque en tanto aumenta la delincuencia, menos ocupamos, disfrutamos y utilizamos el espacio público, viéndonos obligados a encerrarnos y replegarnos en nuestras casas, o dentro de urbanizaciones o edificios privados.

Así, el Estado tiene una obligación de garantizar el derecho a la ciudad. Esto pasa por la adecuación de todos los mecanismos posibles para prevenir, investigar y sancionar actos de delincuencia en el espacio público. No hacerlo, por sí mismo, constituye una violación al derecho de todos los quiteños de contar con una tutela judicial efectiva; pero, además, compromete de manera indirecta la posibilidad de ejercer, en varias aristas, nuestro derecho a la ciudad. 

En este sentido, la corresponsabilidad entre gobierno central y autoridades locales, para asegurar que el espacio público urbano sea uno donde los y las ciudadanas podamos desarrollarnos a plenitud, requiere de inversión y diseño de políticas públicas que no deben limitarse solamente a mecanismos de sanción, sino, sobre todo, a prevención de la delincuencia. A través de un enfoque que privilegie la inversión en educación y cultura, como formas de evitar la delincuencia y basada en estudios criminológicos serios y permanentemente actualizados.