En la 75º Asamblea de Naciones Unidas, en septiembre de 2020, China definió un importante cambio de discurso sobre la crisis climática global: prometió iniciar una “revolución verde” con el objetivo de lograr la neutralidad de carbono en el año 2060. Esto implica que las emisiones generadas por China no podrían superar a las que son absorbidas por sus océanos o bosques.
Este giro en la postura de Beijing sobre la crisis ambiental global fue tomado con escepticismo pero también como una oportunidad para que el país más contaminante del mundo se involucre en las soluciones de la crisis ambiental. Este es el asunto que más desazón produce en la comunidad internacional porque la tradicional indiferencia de China hacia los temas ambientales parecía un laberinto sin salida para todas las iniciativas de reducción de emisiones y de conservacionismo en el planeta.
El estratégico giro discursivo del Partido Comunista Chino sobre el cambio climático se dio como una respuesta política ante los continuos desaciertos de la administración Trump en temas ambientales que incluso llegaron a negar el fenómeno, el rol del ser humano al respecto y la responsabilidad de Estados Unidos como el segundo país más contaminante del planeta. Fue la salida de Washington del Acuerdo de París —un instrumento jurídico internacional que pretende reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático— el factor que motivó a los chinos a llenar el vacío y emerger como líder global en la lucha contra el cambio climático.
Además del uso del tema ambiental para mejorar la imagen de China en el mundo existen otras razones para este cambio de discurso como las enormes inversiones chinas en tecnologías con bajas emisiones de carbono como parte de su proyecto “One Belt, One Road”. Este constituye una enorme estrategia de creación de infraestructura en todo el mundo para facilitar el comercio entre China y sus cientos de socios comerciales y políticos. En palabras del ministro chino de Asuntos Exteriores, Wang Yi, “One Belt, One Road es un producto de cooperación inclusiva, no una herramienta geopolítica, y no debe ser observada con una mentalidad obsoleta de la Guerra Fría”.
Más allá de las promesas
Sin embargo, a pesar del significativo esfuerzo del Partido Comunista Chino por cambiar la imagen de su país como el mayor responsable del calentamiento climático, la deuda de China en temas de conservación ambiental es gigantesca. Uno de los ejemplos más visibles, al menos en Latinoamérica, es el devastador papel que ha jugado la flota china en el daño a ecosistemas de todo tipo, incluidos los que tienen protección especial como es el caso de Galápagos. Las alertas están plenamente justificadas ya que los casos de enormes incautaciones de aletas de tiburón son frecuentes. Por ejemplo, en mayo del 2020 se descubrió en Hong Kong un cargamento de 26 toneladas de tiburón proveniente de Ecuador.
La percepción de China como un depredador de los mares no es nueva y desde hace décadas ha causado preocupación en actores de la comunidad internacional. Desde el 2001 hay registros de países latinoamericanos sobre la presencia de una verdadera ciudad flotante, con más de 400 barcos que depredan los ecosistemas a su paso. Existe evidencia también sobre las actividades de la flota cerca de la reserva marina de Galápagos; incluso imágenes satelitales reportaron cómo los pesqueros industriales, la mayoría de ellos con banderas chinas, se agrupan en los límites de la zona económica exclusiva para ejecutar actividades masivas de pesca.
No es un problema solo ecuatoriano sino que ha marcado la agenda de protección ambiental en Latinoamérica, especialmente en los países del Pacífico Sur. Perú, Chile y Argentina también han mostrado mucha preocupación al respecto. Incluso en el 2016 se registró un incidente militar en el que la policía guardacostas abrió fuego en contra de un pesquero de bandera china que intentó embestir contra la embarcación argentina.
Varias de estas advertencias han llegado desde Washington demostrando que con la presencia de la flota en la región ya se configura un asunto geopolítico, parte de la disputa permanente entre Estados Unidos y China. Bloomberg reportaba en agosto del 2020 que “La pesca de tiburones por parte de la flota china frente a las costas de Ecuador alimenta la tensión de las superpotencias”, refiriéndose al cruce de acusaciones entre Mike Pompeo, ex Secretario de Estado de Estados Unidos, y la cancillería china.
Los posibles daños causados a especies protegidas de Galápagos fueron el detonante del impasse, donde Washington acusó a China de prácticas de pesca insostenibles, infracción de las normas y degradación ambiental intencionada de los océanos.”
El hecho de que la última gran incautación de aletas de tiburón provenientes de Ecuador haya sucedido en Hong Kong también evidencia que el daño a Galápagos pasó de ser un asunto ambiental y local a un tema con trasfondo geopolítico. Hong Kong mantiene una disputa territorial e identitaria con Beijing desde 1984, cuando la ex colonia británica se reincorporó al país comunista, bajo ciertas condiciones: el respeto a la libertad individual y a los derechos humanos, tomando como modelo la democracia liberal de occidente.
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Las tensiones entre la isla y el continente son permanentes y no es una mera coincidencia que las autoridades hongkonesas hayan mostrado al mundo el escalofriante hallazgo de 26 toneladas de carne de tiburón provenientes de Ecuador. Fue un golpe en lo simbólico, un ataque directo a los intentos chinos por lavar su imagen de país depredador, exhibiendo una penosa realidad que es financiada, ejecutada y promovida por China desde hace décadas, que es el saqueo del mar y el exterminio de ecosistemas marinos de forma indiscriminada.
Los esfuerzos que no alcanzan
A pesar de que la depredación de las costas de Ecuador, y especialmente de las Islas Galápagos, causaron un choque discursivo entre dos superpotencias, las acciones del Estado ecuatoriano para enfrentar el problema de la pesca indiscriminada en territorio ecuatoriano han sido mínimas, tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
De hecho, la empresa sospechosa de haber facilitado el contrabando de 26 toneladas de aletas de tiburón sigue activa como exportadora, lo que demuestra la poca capacidad estatal para frenar un daño ambiental que llamó la atención de las más importantes ONGs de conservación y protección de los mares a nivel mundial.
El control a nivel nacional será insuficiente si la Cancillería no realiza gestiones a nivel internacional para promover la construcción y aprobación de instrumentos jurídicos con carácter vinculante que protejan las cercanías de Galápagos. La mayoría de las acciones de la flota pesquera china se realizan en la frontera marina: entre la zona económica exclusiva y aguas internacionales.
Las aguas internacionales se han convertido en escenarios ideales para actividades que atentan contra la sostenibilidad de los recursos del mar y la conservación de la biodiversidad marina. Son también espacios para actividades ilícitas como la piratería, el contrabando de combustible, la violación de derechos humanos, el narcotráfico y la pesca ilegal. Por esta razón, es fundamental que el fortalecimiento del Corredor Marino del Pacifico Este Tropical (Cemar) sea una prioridad de la política internacional ecuatoriana. El Corredor fue concebido para proteger la biodiversidad y promover el uso sostenible de los recursos marinos y costeros en las Zonas Económicas Exclusivas de Ecuador, Costa Rica, Colombia y Panamá.
Ecuador podría liderar la iniciativa y fomentar que el nuevo tratado establezca sanciones específicas de carácter regional en caso de que naves pesqueras pongan en peligro los ecosistemas del Cemar. Sin embargo, el enorme peso político y económico de China detiene el avance de cualquier iniciativa sancionatoria al mismo tiempo que se niega a reconocer responsabilidades. De hecho, Beijing aduce que respeta los acuerdos internacionales, la soberanía del Ecuador y que mantiene un estricto control sobre sus naves para asegurarse de que no ingresen en la zona económica exclusiva ecuatoriana, ni incurran en actividades de pesca ilegal no declarada y no reglamentada.
Es preocupante que el nuevo gobierno y la Cancillería todavía no posicione el tema de la pesca ilegal china y la potencial destrucción de especies protegidas, especialmente en Galápagos, en los distintos foros internacionales donde participa. No lo hizo en la CELAC hace dos semanas, a pesar de que la protección ambiental es un tema transversal comúnmente discutido en estos espacios.
Sería importante que en la 76° periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) en el que participará el presidente Guillermo Lasso, se incluya una línea discursiva sobre el riesgo que corre Galápagos y las posibilidades que tiene la comunidad internacional para protegerla.
