La Alianza por los Derechos Humanos presentó una demanda de medidas cautelares contra el gobierno por el avance de una carretera cerca de la Zona Intangible del Parque Nacional Yasuní, una reserva creada para proteger el territorio de los indígenas en aislamiento voluntario. La mañana de hoy, 23 de septiembre de 2021, varios representantes de la Alianza fueron hasta el Complejo Judicial Norte, en Quito, capital del Ecuador, para presentar el recurso a las autoridades.
La Alianza —conformada por 15 organizaciones—dio una rueda de prensa en los exteriores del Complejo Judicial Norte para hablar sobre los motivos y objetivos de la acción. Ahí, Sylvia Bonilla, abogada de la organización, dijo que uno de los objetivos de la demanda era “que se pare de forma inmediata la construcción de la carretera por ser inminente la llegada a la zona de la población intangible”.
La carretera mencionada en el recurso está situada en el Bloque 43 – ITT (Ishpingo, Tambococha, Tiputini), ubicado en el corazón del Yasuní. La vía se comenzó a construir en marzo de 2020. Para agosto de 2021, según el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), la construcción superaba los 4 kilómetros y estaba a 10,5 km de la Zona Intangible de los indígenas Tagaeri y Taromenane —que viven en aislamiento voluntario— y a solo 300 metros de su Área de Amortiguamiento, un espacio designado para disminuir el impacto de las explotaciones hata llegar a la Zona Intangible.
¿Qué dice la demanda?
La demanda de medidas cautelares fue presentada contra:
- Petroecuador, que absorbió a Petroamazonas, la compañía que administra los campos petroleros de esa zona.
- El Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica (MAATE), como la autoridad encargada del control del medioambiente en Ecuador.
- A la Secretaría de Derechos Humanos, por ser la organización encargada de proteger a los pueblos en aislamiento.
Con las medidas, dice el documento presentado por la Alianza, piden que:
- Petroecuador detenga inmediatamente la construcción de la carretera que va desde la Plataforma Tambococha C hasta el Pozo Ishpingo, pasando por las Plataformas Ishpingo A, B, C y D.
- El MAATE y la Secretaría de Derechos Humanos determinen mecanismos eficaces para la protección de los pueblos en aislamiento, enfocadas en la protección reforzada dentro del Área de Amortiguamiento y la Zona Intangible.
- Las instituciones deben hacerlo a través de la Dirección de Monitoreo y Seguimiento de Protección a Pueblos Indígenas en Aislamiento Voluntario (DMSPPIAV).
- Además, debe incluir la participación de organizaciones y pueblos indígenas de reciente contacto que habitan la zona, la sociedad civil y las personas que presentan la demanda.
La abogada Bonilla dijo hoy que el Ministerio de Ambiente y la Secretaría de Derechos Humanos debían hacer un “seguimiento a estas actuaciones arbitrarias que amenazan la vida de las poblaciones de la zona y de la naturaleza”. Así, dijo Bonilla, se espera que se generen medidas eficaces de protección para garantizar los derechos de los pueblos y de la naturaleza.
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La carretera en el Yasuní
La construcción de la carretera comenzó en 2020. A mediados de marzo de ese año, el Proyecto de Monitoreo de la Amazonía Andina (MAAP), una iniciativa de Amazon Conservation Association y Conservación Amazónica (ACCA), detectó la construcción de una vía de 2,2 kilómetros que se dirigía hacia la Zona Intangible.
El 18 de agosto de 2021, según un reportaje de Mongabay Latam, el MAAP reportó que la carretera había crecido otros dos kilómetros más y que estaba a solo 11,7 kilómetros de la Zona Intangible y a 1,3 kilómetros del Área de Amortiguamiento. Solo 15 días después, el MAAP confirmó que la vía seguía creciendo y que estaba a sólo 0.5 km de la Área de Amortiguamiento y a 10.5 km de la Zona Intangible.
En la demanda, la Alianza cita el decreto ejecutivo 751 de 2019 que prohíbe “realizar en la Zona de Amortiguamiento nuevas obras de infraestructura tales como carreteras, centrales hidroeléctricas, centro de facilidades petroleras; y, otras obras que los estudios técnicos y de impacto ambiental juzguen incompatibles con el objeto de la zona intangible”.
Petroecuador y el MAATE han insistido en que no se trata de una carretera y que es un sendero ecológico. Sin embargo, el geógrafo Manuel Bayón le dijo a Mongabay Latam que “se ve que hubo introducción de materiales externos como arena y gravilla. Hay modificaciones de la geomorfología, ha habido zonas de relleno donde se cambia la funcionalidad de la zona”. Por eso, dice Bayón, “trata de una carretera en un parque nacional” que tiene mucha riqueza de biodiversidad y en la que viven los últimos pueblos indígenas en aislamiento en Ecuador.
Natalia Bonilla, del Colectivo de Antropólogas del Ecuador, dijo en la rueda de prensa de hoy que la construcción de la carretera afecta a los pueblos indígenas porque incrementa “las posibilidades de que haya más encuentros entre pueblos y las personas que están construyendo”. Incluso, dice la Alianza, la construcción de la carretera podría causar el exterminio de los pueblos Tagaeri y Taromenane porque dependen del territorio para supervivencia física y cultural.
Además, la Alianza dice que la situación de la zona ha sido agravada por la pandemia del covid-19. Según un comunicado de la institución, el incremento de contagios de la enfermedad en el cantón Aguarico —en el que se encuentra una parte del Parque Nacional Yasuní— se deben a las actividades extractivas en el Yasuní.
Vivian Idrovo, coordinadora de la Alianza por los Derechos Humanos, dijo hoy que presentaron la demanda de medidas cautelares contra el Estado “por las vulneraciones a los derechos que en este caso pueden producir daños irreparables, graves e inminentes a los pueblos en aislamiento”. Uno de los argumentos de la organización es que el 10 de mayo de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) le pidió al Estado ecuatoriano medidas cautelares a favor de los pueblos aislados para garantizar sus derechos.
