Con cinco votos a favor y uno en contra, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) inadmitió, hoy 9 de septiembre de 2021, el pedido de recusación planteado por el legislador Fernando Villavicencio en contra de tres de sus miembros: Guadalupe Llori, presidenta de la Asamblea Nacional, Bella Jiménez, asambleísta y segunda vicepresidenta de la Asamblea, investigada por concusión, y Darwin Pereira, legislador por Pachakutik. La Asamblea Nacional lo informó esta mañana.
Villavicencio, quien preside la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, alegaba que Llori, Jiménez y Pereira por “enemistad manifiesta” en su contra “debieron abstenerse de conocer y calificar” la queja en su contra presentada por Ricardo Vanegas, asambleísta del movimiento Pachakutik. El CAL la calificó a trámite el pasado 27 de agosto y Villavicencio decidió interponer el recurso el 2 de septiembre último.
El CAL, por su parte, argumentó que decidió inadmitir la recusación fundamentándose en un informe jurídico sobre el caso que determinó que el recurso legal no está contemplado en la Ley Orgánica de la Función Judicial. Por lo tanto, resolvió el organismo, “no es procedente ni aplicable al régimen disciplinario de las y los asambleístas”, dice un comunicado difundido por la Asamblea.
Además, el organismo resolvió que Bella Jiménez deberá abstenerse de conocer el trámite de queja contra Villavicencio. En la resolución, el CAL incluyó una disposición general propuesta por Johanna Moreira, legisladora de la bancada de Izquierda Democrática, en la que señaló que el artículo 149 de la Ley sí cuenta con una disposición para garantizar el principio de imparcialidad, “por lo que al existir conflicto de intereses” por parte de Jiménez, no puede participar en el proceso, ni votar durante la sustanciación de la queja.
La recusación es un recurso judicial que se puede interponer para que los jueces que conocen una causa se abstengan de conocer un proceso si es que, entre otros motivos, su imparcialidad está en duda. El Código Orgánico Administrativo establece que una causal de recusación es precisamente tener un interés personal o profesional, además de tener una “enemistad manifiesta”, como alegó Villavicencio, una amistad íntima, parentesco hasta cuarto grado de consanguinidad, relación laboral, entre otros.
La génesis del conflicto entre Villavicencio y Vanegas
Todo comenzó con una acusación. El 4 de agosto, durante una sesión de la Asamblea Nacional, Villavicencio afirmó que Vanegas era accionista de una de las compañías que forman parte del consorcio Oro Negro, investigado por un contrato con Petroecuador en el caso Las Torres. Ese día, el presidente de la Comisión de Fiscalización aseguró que había un informe en contra de los principales representantes de Oro Negro y mencionó al legislador de Pachakutik.
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Villavicencio, además, dijo que en el juicio político contra el aún defensor del Pueblo, Freddy Carrión, procesado por presunto abuso sexual, había interpelantes que eran “accionistas de empresas corruptas que tienen informes con responsabilidad penal, hablamos de asambleístas” y enfatizó que uno de ellos era Vanegas.
Vanegas presentó la queja contra Villavicencio el pasado 12 de agosto, después de que el pleno de la Asamblea aprobara el juicio político contra Pablo Celi por el caso Las Torres, por, adujo, emitir en su contra expresiones “ociosas, irrespetuosas y, sobre todo, infundadas”.
Según el portal Primicias, Vanegas es accionista de la empresa de seguridad Sefiem desde 2002 que es parte del consorcio Oro Negro, que estaba a cargo de la seguridad de las instalaciones de Petroecuador y tuvo un contrato con la estatal petrolera por 38 millones de dólares. Oro Negro está conformado por las empresas Sefiem y A.E.S.M. Asesores Especialistas en Seguridad y Monitoreo Cía. Ltda.
