El asambleísta por Pachakutik, Ricardo Vanegas, ha sido señalado dentro de las investigaciones del caso Las Torres, en el que se investiga una presunta trama de delincuencia organizada que involucra al ex contralor subrogante, Pablo Celi. El señalamiento fue revelado en un reportaje de Primicias, que recogió información de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, donde se prepara un informe dentro del juicio político contra Celi, y de la Fiscalía General de la Nación. 

De acuerdo a la información revelada por Primicias, la participación de Vanegas no sería directa, pero una de las compañías en las que él es accionista aparece como vinculada a un contrato que es parte de la investigación de Las Torres. 

GK se intentó comunicar con Ricardo Vanegas a través de sus redes sociales y de su secretaria personal, Sindy Altamirano, para tener su versión del tema. Cerca de las cinco de la tarde, Altamirano contestó que quien era el administrador del contrato con Petroecuador era Juan Sotomayor, exprocurador común de contrato. Por lo que Vanegas no tiene nada que ver. Además dijo que la contratación se hizo “mediante el procedimiento adecuado” y que no hubo ningún sobreprecio.

¿Por qué es asociado Vanegas a este caso?

Vanegas es accionista de la empresa de seguridad Sefiem desde 2002. Según Primicias, Sefiem es, a su vez, parte del consorcio Oro Negro, que se hacía cargo de la seguridad de las instalaciones de Petroecuador y tuvo un contrato con la estatal petrolera por 38 millones de dólares. Oro Negro está conformado por las empresas Sefiem y A.E.S.M. Asesores Especialistas en Seguridad y Monitoreo Cía. Ltda.

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En marzo de 2016 —en la gerencia de Álex Bravo, sentenciado por corrupción en Petroecuador— el consorcio Oro Negro firmó el contrato con Petroecuador para ofrecer seguridad privada por 38,9 millones de dólares. El Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop) ordenó que no se firme ese contrato porque se detectaron anomalías graves. Según diario Expreso, el contrato se extendió hasta noviembre de 2019. 

Luego de la finalización del contrato principal, en marzo de 2018, se firmaron dos contratos complementarios por casi 13 millones de dólares. Desde el 18 de diciembre de 2018 hasta noviembre de 2019 se firmaron once convenios de pago por 20,3 millones de dólares a favor de Oro Negro. Petroecuador terminó pagando 72 millones de dólares al consorcio. 

En una de las conversaciones entre José Luis de la Paz, dueño de NoLimit, con Roberto Barrera y Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi y exfuncionario de Petroecuador, De la Paz dice que una exfuncionaria de Petroecuador “hace los cobros” a esta empresa. 

El asambleísta por el Partido Social Cristiano (PSC), Luis Almeida, fue uno de los primeros en acusar a Ricardo Vanegas. El 22 de julio, en una de sus intervenciones en la Asamblea dijo que Vanegas nunca debió ser asambleísta. “Tiene un contrato que inició en el 2015 por 34 millones de dólares que después terminó saliendo con aumento a 72 millones”, dijo Almeidas en referencia al contrato de seguridad con la petrolera. Además lo calificó de un oligarca en un “partido noble” como Pachakutik.

Hasta el momento, el asambleísta Vanegas ni la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional se han pronunciado sobre los recientes señalamientos. 

¿Qué es el caso Las Torres?

El caso Las Torres es la investigación presunta trama de delincuencia organizada. Los líderes de la estructura habrían exigido sobornos a cambio de desvanecer glosas impuestas por la Contraloría por la indebida ejecución de contratos entre Petroecuador EP y la empresa NOLIMIT S.A., dedicada a la venta de maquinaria y equipos para la construcción y minería. Según la Fiscalía, la Contraloría habría desvanecido glosas por 13 millones de dólares entre 2017 y 2020.

El caso empezó en junio de 2019, cuando José Raúl de la Torre, sobrino de Pablo Celi y ex funcionario petrolero ecuatoriano, y el empresario Roberto Barrera fueron detenidos en Estados Unidos en una investigación por lavado de activos. Allá fueron sentenciados. 

Con la información revelada, la Fiscalía ecuatoriana comenzó una investigación que concluyó, que se habrían conformado una estructura organizada, cuya finalidad era cometer varios delitos contra la seguridad pública y la eficiencia de la administración pública.

Celi fue detenido la madrugada del 13 de abril de 2021 en uno de los allanamientos hechos por la Fiscalía en un megaoperativo del caso Las Torres. La Fiscalía dijo que la detención de Celi y de los otros presuntos involucrados se dio porque habrían participado en el delito delincuencia organizada, que involucraría presuntos actos de corrupción en Petroecuador, la Contraloría y en la Secretaría de Comunicación destinados a desvanecer glosas a favor de empresas privadas. 

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El excontralor Celi enfrenta un juicio político en la Asamblea Nacional. Es acusado por presuntamente haberse extralimitado e interferido en las competencias del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante el proceso de las elecciones generales de 2021. También es acusado de incumplimiento de funciones por el supuesto desvanecimiento de glosas durante su administración y una supuesta arrogación de funciones al asumir el cargo de contralor subrogante.