El Consejo de Administración Legislativa (CAL) calificó a trámite la queja presentada contra el asambleísta Fernando Villavicencio por Ricardo Vanegas, otro de los legisladores. En la sesión de ayer, 27 de agosto de 2021, los miembros del CAL tomaron la decisión después de que revisaron que Vanegas cumplió con los requisitos de admisibilidad. 

El asambleísta de Pachakutik acusa a Villavicencio, de la Alianza Honestidad, de una falta administrativa por proferir acusaciones en su contra que son “ociosas, irrespetuosas y sobre todo infundadas”, que atentan a su “buen nombre y reputación”, dijo Vanegas. 

Los comentarios de Villavicencio sugirieron que Vanegas habría participado en actos de corrupción relacionados con el caso Las Torres, en el que se investiga una presunta trama de delincuencia organizada que desaparecía glosas interpuestas por la Contraloría a cambio de sobornos. 

Entre los asambleístas que votaron a favor de calificar a trámite la queja contra Villavicencio está Bella Jiménez, segunda vicepresidenta del Legislativo que esta semana fue acusada de recibir presuntos pagos ilegítimos por entregar puestos de trabajo en el Legislativo y en un ministerio. Además de los procesos administrativos que se han comenzado en contra de Jiménez en la Asamblea, Fernando Villavicencio, presentó una denuncia en la Fiscalía para que se abra una investigación en contra de la asambleísta Jiménez. 

¿Cuáles fueron los comentarios de Villavicencio que generaron la denuncia?

El 4 de agosto, en una sesión de la Asamblea Nacional, Villavicencio —que preside la Comisión de Fiscalizacion del Legislativo— dijo que el legislador de Pachakutik es accionista de una de las empresas que forman parte del consorcio Oro Negro, que es investigado por un contrato con Petroecuador en el caso Las Torres. 

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Villavicencio dijo que había un informe de indicios de responsabilidad penal que derivó en una indagación previa de la Fiscalía en contra de los representantes de Oro Negro, resaltando que era una empresa de propiedad de Vanegas. El pasado 15 de julio, un reportaje del medio digital Primicias había revelado esa misma información que constaba en un informe de la Comisión de Fiscalización, presidida por Villavicencio. Sin embargo, el asambleísta Vanegas no ha sido vinculado a la investigación. 

Además, Villavicencio dijo que en el juicio político contra Freddy Carrión, todavía defensor del Pueblo investigado por presunto abuso sexual, hay interpelantes que son “accionistas de empresas corruptas que tienen informes con responsabilidad penal hablamos de asambleístas”. Villavicencio dejó en claro que se refería a Vanegas, uno de los dos interpelantes del juicio político contra Carrión, cuando dijo “por supuesto, Ricardo Vanegas está vinculado a la compañía Oro Negro”.

Vanegas anunció que presentaría la queja en la sesión del 12 de agosto, después de que el pleno aprobó el juicio político contra Pablo Celi. El ex contralor general subrogante es uno de los principales investigados del caso y que fue censurado por la Asamblea el 16 de agosto. Según Vanegas, Villavicencio no presentó documentación sobre sus acusaciones. Vanegas dijo que es inaceptable que “un asambleísta haga una acusación sin pruebas para causar un daño y al mismo tiempo buscar empezar una campaña mediática en su contra”.

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Villavicencio ahora deberá defenderse por escrito o pedir que el CAL lo reciba para hacerlo presencialmente. El Consejo le dará el mismo tiempo a Vanegas para que exponga sus acusaciones. Después de que ambas partes sean escuchadas, el CAL resolverá el proceso en contra de Villavicencio según lo establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa. La legislación dice que el CAL tiene entre sus funciones tratar las quejas e imponer las sanciones correspondientes a los asambleístas cuando corresponda.

Otras quejas tramitadas por el CAL

El pasado 23 de agosto el CAL terminó de tramitar otra queja. Esa fue contra Rosa Cerda, asambleísta de Pachakutik, por una falta administrativa. El Consejo decidió suspender a Cerda por 8 días sin remuneración. Esa es la máxima pena incluida en el Reglamento para el Trámite de Faltas Administrativas como la que el CAL considera que Cerda cometió. La queja en contra de la asambleísta de Pachakutik fue presentada por el asambleísta independiente Eitel Zambrano por declaraciones que ella hizo el 17 de julio cuando le dijo a unos militantes de su movimiento “si roban, roben bien, justifiquen bien”.