La  Junta de Política y Regulación Financiera es una institución del gobierno que, como su nombre lo indica, se encarga de establecer la política en los ámbitos crediticio, financiero, de seguros y valores. La Ley de Defensa de la Dolarización, aprobada en abril de 2021, hizo que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera que existía desde 2014— se dividiera en dos: una enfocada en la política monetaria del país y otra en la financiera. Así nació la Junta de Política y Regulación Financiera.

El pasado 27 de agosto, el presidente Guillermo Lasso envió a la Asamblea Nacional los nombres de los candidatos que podrían conformar las dos juntas. La nueva legislación dice que el Presidente no puede aprobarlos unilateralmente, por eso debe enviar sus propuestas a la Asamblea. El Legislativo tiene 15 días desde que recibe la lista para decidir si aprueba a las personas propuestas por Lasso para que conformen las dos entidades.

¿Qué hace la Junta de Política y Regulación Financiera?

La Junta de Política y Regulación Financiera establecerá la política en los ámbitos crediticio, financiero, de seguros y valores. Según la Ley de Defensa de la Dolarización, entre sus atribuciones están: 

  • Regular la creación y operaciones de las entidades financieras, de valores y de seguros. 
  • Presentar al Presidente de la República propuestas para modificar leyes en materia financiera. 
  • Regular las actividades financieras que realizan las entidades del sistema nacional de seguridad social. Eso incluye al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (BIESS). 
  • Emitir el marco regulatorio al que se deben sujetar las entidades financieras. En esos documentos deben incluir los índices de liquidez requeridos para su funcionamiento, las tasas de interés máximas que aplicarán para sus créditos, entre otras cosas. 
  • Establecer el sistema para definir las comisiones que las entidades financieras pueden cobrar por pagos con tarjetas de crédito, débito y otros mecanismos similares. 
  • Aprobar los presupuestos de las entidades del sistema financiero público como el Banco Central.
  • Promover procesos para incluir en el sistema financiero a los ciudadanos. 
  • Normar los criterios y protocolos que se usarán para determinar si hay una crisis económica sistémica en el país. En caso de que se cumpla con uno o varios de los criterios, la Junta podrá dirigir las acciones que considere necesarias para afrontarla. 

Además, la ley dice que la junta puede establecer cualquier medida que ayude a: 

  • Prevenir y tratar de erradicar prácticas fraudulentas como el lavado de activos y el financiamiento de delitos como terrorismo. 
  • Proteger la privacidad de los individuos y evitar la difusión de su información personal. 
  • Crear productos para facilitar la inclusión financiera de grupos de atención prioritaria como adultos mayores. 

 Para cumplir con sus atribuciones, la Junta de Política y Regulación Financiera puede requerir sin restricciones la información que requiera a ciertas instituciones públicas. Eso incluye a las superintendencias, el Servicio de Rentas Internas, el Servicio Nacional de Aduanas, el Ministerio de Economía y Finanzas, al Banco Central del Ecuador, entre otras. 

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¿Quiénes la conforman?

La Junta de Política y Regulación Financiera estará conformada por tres miembros que serán profesionales técnicos con experiencia y sin conflictos de intereses. Es decir, según la ley, que no tengan “intereses de carácter patrimonial en las áreas a ser reguladas, supervisadas o controladas” y que no representen ni asesoren a terceros que los tengan.

Los candidatos propuestos por el presidente Lasso son: 

  • Galo Mauricio Valencia Stacey es economista por la Pontifica Universidad Católica del Ecuador. Tiene un máster en Economía por la Columbia University de Estados Unidos. Entre 2014 y 2015 fue jefe de Despacho de la Alcaldía de Quito, durante el período de Mauricio Rodas. También fue consultor de la Contraloría General del Estado desde 2007 hasta 2008. En el Banco Central del Ecuador trabajó como director general de Estudios desde 2001 hasta 2003. Fue subgerente general desde 1997 hasta 1998.
  • Rosa María Herrera Delgado es economista por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y máster en Administración de Negocios por la Universidad Tecnológica Israel y Universidad de la empresa Uruguay. Fue jefa de Estadísticas y subdirectora de Estudios Económicos y Estadísticas de la Superintendencia de Bancos entre 1985 y 1993. También, fue analista de mercado para proyectos de exportación de la Corporación Financiera Nacional (1981-1985).
  • Marcos Giovanny López Narváez es ingeniero Comercial de la Universidad Católica de Guayaquil y MBA del IDE Business School. Actualmente, es el delegado del presidente de la República en la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Ha sido miembro del Directorio del Banco Central del Ecuador y del Consejo Nacional de Valores.

La Asamblea Nacional tiene un plazo de 15 días para nombrar y posesionar a los miembros. Si uno o más candidatos no fueran aprobados por la Asamblea, el Presidente tendrá un plazo de hasta cinco días para enviar los nombres de nuevos candidatos.

Sus miembros durarán en el cargo 4 años, según la ley. Entre las 3 personas que la conformen se escogerá a un Presidente que la representará a nivel legal y judicial por 2 años con posibilidad de ser reelegido. Además, el presidente será el responsable de ejecutar las decisiones de la junta.