El hijo más pequeño de Alejandra*, una migrante venezolana, llora sin consuelo. Tiene hambre.  Alejandra, de 27 años, lleva un pantalón negro desgastado y una chaqueta de cuero negra. El niño se calma cuando chupa su seno izquierdo.  Ella, su esposo Maicol de 22 años, y sus tres hijos de uno, dos y cinco años, son parte de los más de 12 mil migrantes venezolanos que pasan cada mes por la montañosa ciudad de Tulcán, fronteriza con Colombia, según las cifras de la Organización Internacional de las Migraciones de la Organización de Naciones Unidas (OIM). Por la crisis económica y social de su país, Alejandra y su familia tuvieron que irse de Venezuela. 

Tulcán es un punto de tránsito para los migrantes que tienen como destino final ciudades más grandes de Ecuador como Guayaquil, Cuenca, Manta, Ambato o Quito y, para otros países, como Perú o Chile. Pero hace pocos meses, ya no parece una ciudad de frontera por la que van y vienen migrantes. Ahora es una ciudad silenciosa que amuralla con rejas sus parques, gradas, puertas de edificios para que no se conviertan en lugares de descanso de los migrantes. Los parques tienen sus bancas vacías y ya no se miran torres de maletas o cobijas en el césped. 

En los primeros días de agosto visité Tulcán.  Los únicos grupos de migrantes que había eran los que estaban en la terminal terrestre en espera de un bus para seguir su camino. Pero ya no estaban en los parques como los había visto en noviembre y diciembre de 2020 que también estuve en la ciudad. Danny Olmedo, director de gestión y control del Municipio de Tulcán, me dijo que en conjunto con los militares, la Policía, la Intendencia y la Comisaría realizan operativos para requisar armas o desalojar a los migrantes que duermen, secan su ropa, prenden fogatas en los parques. Lo hacen cumpliendo una ordenanza de julio de 2020 que “busca precautelar el buen uso del espacio público”.

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Los parques pueden ser usados por los migrantes, dicen las autoridades, pero con condiciones. La ordenanza municipal firmada hace poco más de un año por Cristian Benavides, alcalde de Tulcán, se expidió para regular el manejo, uso y protección de los árboles, vivero municipal, parques y áreas verdes de la ciudad. El documento de 19 páginas dice que el municipio pretende regular esos espacios para mejorar la vida de sus habitantes. 

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 Antes de la reciente aplicación de la ordenanza, los grupos de migrantes dormían en parques o plazas, al pie de puertas, en gradas o pasillos de edificios porque luego de un largo recorrido no tenían dinero para alquilar una habitación o no alcanzaban a recibir la ayuda que dan las organizaciones no gubernamentales internacionales. 

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Según Olmedo, lo que hacían los migrantes eran problemas que debían solucionar. “Nosotros no nos oponemos a que esas personas vengan, ocupen el espacio público, pero siempre que no generen daños”, me dijo en una llamada telefónica. Las condiciones —más bien, las prohibiciones— que establece la ordenanza son veintidós. Cuatro de esas son la prohibición de encender fuego en lugares no autorizados, la prohibición de tender ropa en los parques o áreas verdes, y de pernoctar en esos espacios. Solo se puede dormir allí en caso de fenómenos naturales. También está prohibido recoger agua de las piletas para bañarse, lavar u otras actividades. 

Para Tulcán, una ciudad que ha recibido migrantes colombianos por décadas que huían de la violencia del conflicto armado, la migración venezolana es el desbordamiento de un río en pleno invierno. 

Y la inundación parece incontrolable cuando esos migrantes son pobres y sus pocas maletas son lo único que traen a Ecuador, por lo que son rechazados o discriminados. Eso es a lo que Adela Cortina, filósofa española acuñó como aporofobia, que es “la fobia o rechazo hacia las personas pobres o desfavorecidas”. Aplicar la ordenanza más que ordenar la ciudad, hace que la migración se esconda bajo la alfombra. Y parece que lo que llamaban problema —demasiados migrantes durmiendo en los espacios públicos— ya se solucionó. La verdad es que la ciudad no ha creado espacios alternativos para que los migrantes de paso puedan descansar y seguir su camino. Las autoridades municipales dicen que han cedido espacios en la entrada norte de la ciudad para que las organizaciones internacionales pongan duchas o baños, y también han hecho convenios para atender a los migrantes en refugios pero parece que no da abasto. 

Una lluvia intensa y permanente se avecina una mañana de agosto. Es una imagen cotidiana del cielo de Tulcán. Alejandra y su familia no saben lo que dice la ordenanza municipal, por eso, cuando los conocí llevaban cuatro días durmiendo bajo un arco de una pileta vacía del parque Ayora, uno de los más grandes de la ciudad. 

Alejandra me contó que muy temprano doblaron su cobija vinotinta para evitar que los policías les pidan que se vayan del parque porque la noche anterior los desalojaron del portal de un mercado. “Ha sido duro, hace mucho frío, estamos sin comer”, me dijo con su voz desbordada de tristeza. Alejandra, Maicol y sus tres hijos tenían los labios agrietados por las temperaturas heladas de Tulcán.  

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Tulcán ha sido una ciudad  acogedora y cálida con los extranjeros pero luego del éxodo venezolano que se intensificó en 2018 es una ciudad agotada, una ciudad que ya no quiere ver una crisis económica empujando las pesadas maletas de más de 432 mil venezolanos que han llegado a Ecuador —para quedarse, o de paso— desde febrero de 2018 hasta julio de 2021. 

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Olmedo me dijo que los operativos y los desalojos que hacen en los parques de Tulcán son para mantener el orden y la seguridad. La concha acústica, un espacio para eventos musicales, está cercada, de acuerdo a un informe de seguridad de la Policía Nacional y el ECU 9-1-1, según Olmedo. “La comenzaron a tomar como hotel, había gente que cobraba por estar ahí”, me dijo Danny Olmedo, director de gestión y control del municipio. “El problema, en realidad, es la falta de una política pública a largo plazo”, me dijo Karina Sarmiento, experta en migraciones. Sarmiento dijo que si los migrantes duermen en la concha acústica, hacen fogatas o tienden su ropa en los parques es porque es evidente que no están siendo atendidos por el gobierno de Ecuador. 

A Tulcán como ciudad de frontera, le toca un fuerte trabajo, aunque entre sus competencias no está atender a los migrantes, su reacción debería ser de protección y no de rechazo. 

La imagen de los venezolanos con ropa desgastada o envueltos en cobijas, chompas y gorras en Tulcán, como la familia de Alejandra, ya no sorprende, ya no conmueve. La ordenanza municipal sobre el correcto uso del espacio público es una forma de evadir el problema, hace que migrantes que pasaban por el centro de la ciudad ahora se aglomeren en sus afueras, tratando de buscar un espacio para descansar. 

Es cierto que el Municipio por sí solo no puede atender a la migración, y por eso las oenegés nacionales e internacionales trabajan en dar la atención pero se ve que no es suficiente. Por lo que el gobierno nacional debe asumir la atención a los migrantes. Ecuador podría ser un ejemplo para América Latina sobre la atención a ellos porque sí tiene presupuesto, dice Sarmiento, pero por esas medidas de control como la ordenanza municipal de Tulcán, está lejos de serlo. 

Alejandra y Maicol me contaron que iban a pedir ayuda en las oenegés para pagar la renta de un cuarto y no tener que dormir en la calle. Su plan es quedarse en Tulcán, “queremos que nuestros hijos puedan tener un futuro, puedan estudiar, puedan tener las tres comidas al día, en Venezuela es duro”, me respondió Maicol, cuando le pregunté cuál era su sueño. 


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