Freddy Carrión enfrentará un juicio político en su contra, hoy 11 de agosto de 2021. A través de un memorando, Freddy Carrión —que cumple prisión preventiva en la Cárcel 4 de Quito por presunto delito de abuso sexual— fue notificado de la decisión por la Asamblea Nacional. 

En el memorando, la Asamblea le dice a Carrión que, conforme la ley, tiene 15 días para presentar su contestación a las acusaciones políticas que se le han formulado y podrá, además, presentar  las pruebas que considere le sirven de descargo. 

El 5 de julio pasado, el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL) aprobó dos pedidos de juicio político en contra del aún defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Ambas solicitudes  fueron unificadas por la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Según los legisladores proponentes del juicio político, Ricardo Vanegas, asambleísta por Pachakutik, y Yeseña Guamaní, asambleísta por el partido Izquierda Democrática, Carrión sería responsable de arrogación de funciones, mal uso de bienes públicos y de incumplir el estado de excepción decretado para detener el avance del coronavirus

El caso por el que Carrión está detenido

Una de las pruebas que presentaron los legisladores para llamar a juicio político al aún defensor del Pueblo, Freddy Carrión es la investigación de oficio que comenzó la Fiscalía el 16 de mayo de 2021 por el presunto delito de abuso sexual. Por esa investigación, Carrión ya fue llamado a juicio por un juez de la Corte Nacional de Justicia. 

En la madrugada de ese 16 de mayo, Carrión fue detenido  después de protagonizar hechos de violencia en el departamento de Mauro Falconí  ( quien fue ministro de Salud por 20 días y uno de los cinco que tuvo el gobierno de Lenín Moreno durante la pandemia del covid-19). La reunión social se daba en horas de la noche en que regía un severo toque de queda para intentar frenar la propagación del coronavirus. 

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En un video de seguridad del edificio donde estaban, y que se difundió en redes sociales, se ve a Carrión forcejear con Falconí y jalonear a una mujer. La Policía acudió a un llamado de auxilio y arrestó a Carrión, a quien luego la Fiscalía le formuló cargos por el presunto delito  de abuso sexual. 

El juicio político fue solicitado por el asambleísta por la alianza Honestidad, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, desde que se supo que el Defensor del Pueblo había sido detenido. 

El asambleísta por Partido Social Cristiano Esteban Torres apoyó a Villavicencio y  dijo que se debía empezar  el proceso de destitución y censura. El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo dice que entre las causas de cese de funciones del Defensor del Pueblo está  la destitución en un juicio político, el cumplimiento del plazo para el cual fue designado, su muerte, renuncia, o  por abandono del cargo. 

El vacío institucional en la Defensoría del Pueblo

Tras la detención de Carrión, la Defensoría del Pueblo se ha sumido en una crisis institucional fruto de la pugna de poderes por  determinar quién la encabeza. Cuando fue arrestado, Carrión pidió una licencia por 30 días. Por eso, el 17 de ese mes, la vicedefensora Zaida Rovira asumió el cargo de Defensora Subrogante. El mes de licencia de Carrión terminó el 17 de junio. 

En una resolución emitida ese mismo día, Carrión dijo que resuelve informar que “por circunstancias de fuerza mayor que son de conocimiento público” usará su derecho a vacaciones y de ausencia temporal para extender su ausencia “por el tiempo que dure el esclarecimiento de mi situación legal”. Carrión dijo que lo hace para poder ejercer su derecho a la legítima defensa. 

El 18 de junio, desde la cárcel, envió un correo en el que destituyó a Rovira y nombró como vicedefensora a Tania Castillo, delegada de la Defensoría del Pueblo en la provincia fronteriza de Carchi.  Rovira desconoció la legitimidad  del mensaje de Carrión, alegando que no podía ejercer desde la cárcel y que incluso la numeración usada por Carrión en su supuesta resolución era incorrecta. 

Días después, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) presentó un criterio jurídico sobre la situación del Defensor del Pueblo. El criterio decía que Rovira “no estuvo, ni está facultada para declarar al Dr. Freddy Carrión, Defensor del Pueblo del Ecuador, como impedido para ejercer el cargo por circunstancias de fuerza mayor”. También decía que Rovira dejó de ser Defensora del Pueblo subrogante desde el 18 de junio, cuando fue cesada por Carrión, y que la ausencia temporal de Carrión no se había configurado “porque hasta este momento” se encontraba “haciendo uso del derecho a vacaciones”.  

Tania Castillo presentó en la Fiscalía una denuncia contra Rovira por el supuesto delito de usurpación de funciones y simulación de funciones públicas.  El pasado 30 de julio, Tania Castillo presentó en la Contraloría un pedido de auditoría a Zaida Rovira por el supuesto delito de peculado. Rovira insiste en que ella es la leguminosa defensora del pueblo subrogante. 

La acusación de arrogación de funciones

Otra de los cargos que presentó el asambleísta Vanegas contra Carrión es que se habría arrogado funciones al intentar cesar en su cargo a Zaida Rovira.  

Como prueba, Vanegas presentó precisamente el  documento en que Carrión suscribió desde la Cárcel 4 de Quito, en el que le notificaba del supuesto cese de sus funciones mediante la resolución signada con el número 32. 

Sin embargo, ese número ya se había usado para designar a la funcionaria Gabriela Lara como administradora del Sistema de Alerta y Respuesta Temprana en Frontera Norte (SART), que da apoyo a personas en situación de movilidad en la frontera entre Colombia y Ecuador.  Rovira dijo que era una situación “vergonzosa” que Carrión estuviese “despachando desde la Cárcel 4”. Añadió que la deshonra era “peor” porque Carrión lo hacía  “de forma ilegítima” utilizando un número de resolución que ya había sido emitida. Según Vanegas, al utilizar un número de resolución ya usado y estar despachando desde prisión, Carrión se habría arrogado funciones que no tenía en ese momento. 

El juicio político ahora se sustanciará ante la Comisión de Fiscalización, que tras escuchar y analizar las pruebas de cargo y descargo, deberá presentar un informe al pleno de la Asamblea recomendando (o no) que Carrión sea procesado políticamente.