“Proponer el libre porte de armas no constituye una solución de raíz, simplemente responde al populismo penal”, cuestionó la Defensoría del Pueblo ayer, 10 de octubre de 2021. La declaración es una toma de postura frente a la propuesta de legalizar el porte de armas en Ecuador hecha por la alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri durante el acto conmemorativo de la Independencia de Guayaquil. Viteri aseguró que entregará al presidente Guillermo Lasso un proyecto que denominó Ley por la Vida y la Seguridad Ciudadana.

El borrador según anunció Viteriplantea cuatro propuestas: 

  1. El porte y tenencia de armas a quienes superen “exámenes rigurosos” del Ministerio de Defensa, 
  2. La derogación de la tabla de consumo, 
  3. Exigir certificado de antecedentes penales a los ciudadanos extranjeros, y, 
  4. Mostrar el rostro de personas sospechosas de un delito. 

La mayoría de los cuatro puntos han sido cuestionados por expertos y activistas de derechos humanos. Por ejemplo, un informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos encontró que un mayor acceso de los civiles a las armas de fuego (incluidas las adquiridas legalmente) aumenta los niveles de violencia e inseguridad. El informe dice también que el porte de armas legal tiene un impacto negativo en los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales.

Viteri aseguró que su propuesta responde a enfrentar “una guerra contra la delincuencia” y demandó más presencia militar y policial en las calles. “Aquí se trata de ellos o nosotros”, dijo la alcaldesa planteando un dualismo que desconoce las raíces sociales de la delincuencia. A finales de 2020, la pobreza en Ecuador —la viven quienes ganan menos de 85,05 dólares mensuales—fue el 32%, 7 puntos porcentuales más que en 2019. 

La pobreza también se intensifica con los niveles de desempleo. Según cifras oficiales, mencionadas por el presidente Guillermo Lasso, solo 3 de cada 10 ecuatorianos de la población económicamente activa cuentan con un empleo formal; es decir, el 70% de los ecuatorianos trabaja en la informalidad. Lasso dijo, además, que en la ruralidad la situación empeora: apenas 2 de cada 10 personas tienen empleo.

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En términos generales, señaló, 5,8 millones de personas no tienen trabajo fijo estable en el país. Según el Sistema de Atención Integral (SNAI), la institución rectora del sistema carcelario en Ecuador, evidencian que de las 29.408 personas privadas de la libertad que cumplen condenas y órdenes de prisión preventiva, el 75% tiene entre 18 y 40 años, un grupo etáreo que corresponde a la población joven económicamente activa.  Si a esto se le suma la presencia de redes transnacionales de tráfico de drogas ilícitas en el país, la fórmula de la violencia se completa. 

Pero, para Viteri, la situación se reduce a un enfrentamiento entre bandos. “De los delincuentes o los inocentes, de la víctimas o los victimarios, de los buenos o los malos, del horror o la inocencia, de la vida o de la muerte”, dijo la política socialcristiana, conocida por su historial de duras —e inefectivas— medidas contra el delito. La inseguridad en Guayaquil ha aumentado en el último año. En 2020, entre enero y agosto, hubo 215 homicidios registrados por el Ministerio de Gobierno. Sin embargo, en 2021, hubo 413 en el mismo período. La gran mayoría, fueron ejecutados con armas de fuego.

La Defensoría también planteó que los problemas de violencia y delincuencia se generan en la falta de estrategias estatales para el desarrollo y cumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, lo que incide, además, en la escalada de violencia en las cárceles, agravada por el uso indiscriminado de la prisión preventiva. Para la institución, ese exceso “exacerba la criminalización de la pobreza”. 

Ese cuestionamiento ha sido replicado por organizaciones sociales como Fundación Dignidad, que trabaja con las personas presas. En el país, por ejemplo, el 55% de mujeres encarceladas fue condenada por microtráfico, un delito que, según la organización, está ligado directamente a la falta de recursos económicos. Muchas de las mujeres presas son madres y sostén de hogar que cometen ese delito para poder sobrevivir. 

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Por eso, dice la Defensoría, la propuesta del libre porte de armas responde al populismo penal y “teorías seguritistas que en la práctica no han servido para evitar la criminalidad en ningún país del mundo”. La institución exhorta a no “hacer eco” de esas propuestas “infundamentadas y sin enfoque de Derechos Humanos, rehabilitación y reinserción social”. 

Luego de su análisis, la Defensoría recordó que el artículo 193 de la Constitución establece que el Estado garantizará la seguridad humano a través de “políticas y acciones integradas, para asegurar la convivencia pacífica de las personas, promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos”. Ahora, el organismo plantea siete exhortos a autoridades nacionales y locales:

  • Implementar acciones dirigidas a promover y garantizar la seguridad humana bajo un abordaje integral que promueva el pleno ejercicio de los derechos de las personas y no solo una visión seguritista.
  • Promover políticas y programas educomunicacionales que permitan garantizar los derechos humanos, en especial el derecho a una vida libre de violencia y criminalidad, a actuar con eficacia y celeridad ante la vulneración de derechos, a no criminalizar la pobreza.
  • Formular, expedir y ejecutar una política integral dirigida principalmente a proteger al ser humano.
  • Atender los problemas que se derivan de la desigualdad y la pobreza, en lugar de criminalizarla. 
  • No incitar a la ciudadanía a tomar el uso de las armas para proveerse de una falsa seguridad.
  • Promover una eficaz y eficiente protección a las víctimas con medidas de reparación integral material e inmaterial.
  • No proponer ni expedir medidas basadas en el populismo penal ni en teorías seguritista sin enfoque en Derechos Humanos.