Hace pocos minutos, terminó la audiencia de apelación de la acción de protección aceptada parcialmente por la jueza María Belén Domínguez. Un tribunal de la Corte Provincial de Pichincha escuchó a los abogados de las partes, pero dijo que los convocará en una nueva fecha para anunciar su decisión.
La decisión de la jueza Domínguez fue apelada por los abogados de Yunda y de los concejales. La Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional dice que cuando ese recurso se presenta, le corresponde a la Corte Provincial analizarlo y resolverlo.
La acción de protección
El pasado 28 de junio, la jueza María Belén Domínguez aceptó parcialmente la acción de protección presentada por Jorge Yunda. La acción es una forma de tutelar garantizar los derechos consagrados en la Constitución y los tratados internacionales.
Yunda presentó esa acción contra los miembros de la Comisión de Mesa del Concejo Metropolitano de Quito, quienes aprobaron su remoción el pasado 3 de junio de 2021.
La jueza Domínguez dijo que aceptó parcialmente el recurso porque los integrantes de la Comisión son también concejales que trabajan con el alcalde Yunda. Por eso, consideró que carecían de la imparcialidad necesaria para tomar esa decisión. Sin embargo, el Código Municipal de Quito establece que la Comisión de Mesa debe estar conformada por “los concejales designados por el Concejo Metropolitano”, además por el Vicealcalde y el Alcalde.
Cuando se trató la remoción de Yunda en la Comisión de Mesa, el entonces alcalde no pudo participar de la reunión ni presidirla, como lo hacía normalmente porque habría sido juez y parte del caso. El Concejo nombró a la concejala Analía Ledesma para que ocupe el puesto de Yunda en la Comisión cuando se trató la investigación en su contra. Además de Ledesma, la Comisión de Mesa que trató la remoción de Yunda estuvo conformada por Santiago Guarderas —entonces vicealcalde de la ciudad, hoy alcalde— y los concejales Fernando Morales y Mónica Sandoval.
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El proceso de remoción de Yunda
Jorge Yunda fue removido con 14 votos a favor, el mínimo necesario para dar paso al proceso de remoción. El Concejo analizó dos pedidos contra Yunda en una sesión que duró 16 horas. Ahí Yunda comenzó una larga y complicada batalla jurídica para tratar de detener su salida de la Alcaldía de Quito.
El 8 de junio, Yunda presentó una consulta al Tribunal Contencioso Electoral (TCE), el máximo órgano de la justicia electoral, para que analice la decisión del Concejo y decida si la revierte o si la ratifica. El TCE decidió ratificarla.
El 7 de julio, Yunda presentó otra medida cautelar que fue aceptada por el juez Carlos Soto que impedía que se ejecute la remoción ya en firme por la resolución del TCE. El Concejo de la Judicatura denunció irregularidades en el sorteo de la causa y suspendió al juez y a otros funcionarios.
Esas medidas suspendieron el proceso de remoción de Yunda por más de 10 días hasta que fueron revocadas el 19 de julio y tuvo que dejar el cargo, que fue asumido por Santiago Guarderas, antiguo aliado de Yunda y hoy su enemigo político.
