Los asambleístas Fernando Villavicencio, Soledad Daiab y Ana Belén Cordero, miembros de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, visitaron las instalaciones del Centro de Inteligencia Estratégico (CIES), que reemplazó a la Secretaría Nacional de Inteligencia (Senain), creada en 2009. Tras la visita, se anunció que la comisión investigará a la dependencia —acusada de practicar espionaje político cuando era la Senain— y otros casos como la insurrección del 30S y el secuestro y asesinato de Javier Ortega, Efraín Segarra y Paul Rivas, trabajadores de diario El Comercio a manos de una narcoguerrillera. 

Los asambleístas fueron recibidos por el Ministro de Defensa, Fernando Donoso, quien está encargado del CIES por disposición del presidente Guillermo Lasso. El Ministerio de Defensa dijo que en la reunión se discutió “trataron temas relacionados al Centro de Inteligencia”. Tras la reunión, Donoso dijo que se investigarán todo lo que haya ocurrido durante la existencia del CIES. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Fernando Villavicencio, aseguró que el centro “nunca más hará inteligencia y persecución a políticos ni a políticos disidentes ni a periodistas”. 

Además, Villavicencio aseguró que se investigarán los fondos destinados a la ex Senain, los equipos comprados y las actividades de inteligencia y contrainteligencia que condujo. En su cuenta de Twitter, Villavicencio dijo que la Comisión ha pedido “documentos sobre el gasto corriente de la institución, operaciones de inteligencia y compra de equipos”. Según él, desde 2009 la Senain y su sucesor, el CIES, gastaron 400 millones de dólares.

¿Qué era la Senain?

La Secretaría Nacional de Inteligencia fue creada en 2009 en el gobierno de Rafael Correa. Según Correa, la entonces Senain tenía mando civil, y era controlada por Contraloría, Fiscalía y Asamblea. 

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Durante años, dicha institución fue acusada de realizar actividades de espionaje política contra los adversarios de Correa. En 2015, GK publicó que la Secretaría se encontraba entre los clientes de Hacking Team, una compañía italiana que comercializaba “su software en países autoritarios y represores”. 

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Uno de los casos en los que estuvo detrás la ex Senain fue el intento de secuestro al exasambleísta Fernando Balda, hecho que ocurrió en Bogotá, Colombia en agosto de 2012. 

Entre los implicados está el exjefe de la Senain, Pablo Romero, quien fue condenado a nueve años de prisión. Según la Fiscalía se logró evidenciar que Romero ordenó el secuestro del político ecuatoriano Fernando Balda. El intento de secuestro —que fue frustrado porque un taxista vio a los secuestradores de Balda y  alertó a la Policía— fue ejecutado por dos exagentes de la Senain, Raúl Chicaiza y Diana Falcón, quienes fueron sentenciados a 21 meses de prisión en 2019.

En 2018, el gobierno de Lenín Moreno, sucesor, antiguo aliado y ahora enemigo capital de Rafael Correa, eliminó a la cuestionada Senain y la reemplazó con el Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), cuyo primer director fue Ricardo Luque.

Antes de que Donoso esté a cargo del CIES, Juan Dehowitt Holguín fue su director general desde el 24 de abril de 2020 hasta el 24 de Mayo de 2021. 

Otros casos que investigará la Comisión de Fiscalización

Villavicencio  dijo que otro de los casos que su comisión va a analizar es el de la insurrección del 30S. El 30 septiembre de 2010, un grupo de policías se levantó en armas contra el gobierno del Ecuador para protestar y exigir la derogatoria de una ley que, según ellos, eliminaba bonificaciones por ascensos y condecoraciones que los beneficiaban. 

Ese día, cerca de 500 policías se tomaron el regimiento Quito N. Algunos militares también se unieron a la protesta en el Complejo Militar de La Recoleta y en la Base Aérea de Quito. El entonces presidente de la República, Rafael Correa, fue al regimento a intentar sofocar la manifestación pero fue recibido a gritos y amenazas. 

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En un momento, el temperamental Correa increpó a los policías pidiéndoles que lo mataran —aunque algunos de sus críticos dicen que fue una escena ensayada—. La intervención avivó las tensiones y Correa quiso salir del regimiento, pero no pudo. Se refugió en el hospital policial aledaño, donde estuvo imposibilitado de salir por el resto del día, hasta que en la noche un rescate armado, que dejó 8 muertos, lo liberó. Tras los hechos, varios policías y militares fueron enjuiciados. 

Desde entonces, el 30S, como se conoce al evento, ha sido uno de los hechos históricos más polarizantes y divisorios del Ecuador. Para Correa y sus partidarios, fue un intento de golpe de Estado planificado por opositores a su gobierno. Para sus detractores, fue un evento orquestado para justificar el endurecimiento de la represión contra los críticos del régimen. 

Según Villavicencio, ahora van a investigarlo como un presunto crimen de lesa humanidad. Para ello, pidió al CIES y  al presidente Guillermo Lasso que se “desclasifique toda la información que le permita a la Comisión de Fiscalización investigar el caso 30-S y decenas de operaciones, de violaciones a los derechos humanos, de persecución y de crímenes que se cometieron en el país”, dijo Villavicencio, un activista político que publicaba investigaciones que develaban casos de corrupción y que se convirtió en un enemigo acérrimo de Rafael Correa. 

Además, la Comisión de Fiscalización también invetsigará el secuestro y asesinato de los tres periodistas de Diario El Comercion, Paúl Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra. El 26 de marzo de 2018,los tres periodistas fueron secuestrados en Mataje, un pueblo en la provincia costera de Esmeraldas, frontera con Colombia. 

Los tres fueron secuestrados por un grupo narco insurgente nacido de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Los periodistas fueron secuestrados por el grupo narco liderado por “Guacho” Walter Arízala Vernaza. El viernes 13 de abril de 2018, el gobierno confirmó el asesinato del equipo periodístico.