En Ecuador se reciclan 1.5000 toneladas de residuos al año, es decir un 4% de los desechos. En comparación con América Latina, el país recicla un 0,5% menos que el promedio regional. En esta entrevista, Felipe Toledo, coordinador de la Fundación Avina en Ecuador —una organización que busca producir cambios a gran escala para el desarrollo sostenible de la región. habla sobre la recién aprobada Ley sobre economía circular que obliga a las empresas a hacerse cargo de sus residuos. Avina es miembro de Latitud R, una iniciativa  regional que articula acciones, inversiones y conocimiento en materia de Reciclaje Inclusivo. Toledo nació en Cuenca pero su interés por el medioambiente lo llevó a vivir en Quito donde lidera iniciativas de reciclaje inclusivo y economía circular. Ha trabajado durante 15 años en promover proyectos de desarrollo sostenible en áreas ambientales, de desarrollo social, comunitarios y de inclusión y equidad social.

¿Qué es el reciclaje inclusivo? 

El reciclaje inclusivo es aquel que reconoce, visualiza y valoriza el trabajo de los recicladores de base, que son los primeros en encargarse de recuperar los residuos en una larga cadena de valor y de intermediarios. Es decir, este tipo de reciclaje incorpora, valora y reconoce a los recicladores como parte de los sistemas de gestión de residuos.

El reciclaje inclusivo ayuda, principalmente, a la gestión de residuos sólidos de los municipios, pero también pueden beneficiarse las empresas privadas cuando deciden recuperar los residuos que han colocado en el mercado. Por ejemplo, la Coca Cola busca recuperar las botellas de plástico. Lo más idóneo sería que estas empresas contratasen a una asociación de recicladores para que se encarguen de recuperar los residuos y que la empresa emita algún documento que certifique que esa asociación ha recuperado esos residuos, con ese respaldo escrito. Esto no solo beneficiaría a los recicladores de base sino a las empresas porque cumplirían con la nueva Ley Orgánica de Economía Circular aprobada hace 9 días (8 de mayo de 2021) por el pleno de la Asamblea donde se establece la responsabilidad que estas organizaciones tienen con los residuos que generan.

¿Cuál es la realidad de los recicladores en Ecuador?

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Los recicladores están asociados únicamente con la idea de recuperar una cantidad de residuos y vender al primer intermediario que ellos tengan cerca, pero ese intermediario les paga un precio muy bajo. Además, no les reconocen ningún derecho laboral, no les dan un equipamiento y no mejoran sus condiciones. Sin embargo, ni los municipios ni las empresas privadas se dan cuenta de que los recicladores pueden salir de la pobreza porque simplemente alimentan una cadena donde ellos obtienen el valor más bajo y el resto de valor se va recuperando a lo largo de la cadena.

Por eso, los intermediarios que tienen mejores condiciones laborales como transportes, centros de acopio, acuerdos con grandes fábricas son los que se van quedando con el valor del material recuperado que regresa al mercado. En varios países este sector (de recicladores de base) está en la informalidad. La mayoría de los recicladores no están asociados, no tienen un certificado ambiental para realizar su trabajo, no tienen un certificado de competencias laborales que diga que él es un reciclador de base como hay para otros oficios, por ejemplo para los mecánicos o los electricistas.

¿Cómo se puede cambiar esta realidad?

Va a cambiar con la nueva Ley de Economía Circular donde se reconocen los servicios que prestan los recicladores y se promueve la capacitación, la certificación para que ejerzan su oficio de manera mucho más profesional, y cuenten con certificados para poder firmar contratos y prestar el servicio, sea al sector público o al sector privado. Este es el enfoque del reciclaje inclusivo y que últimamente se va actualizando de cara a lo que ahora se denomina economía circular.

Además, se debe entender que, si los municipios solamente contratan a los recicladores en las condiciones que ellos tienen, con un sinnúmero de debilidades, es difícil que puedan insertarse en la cadena del negocio dividido en el ofrecimiento del servicio. Pero si se los capacita, se los equipa y se invierte para que esas asociaciones sean más fuertes, van a prestar un servicio de mejor calidad y, por lo tanto, pueden generar más ingresos por el trabajo que ellos hacen. 

Por eso el reciclaje inclusivo es fundamental porque cuando las empresas invierten en mejorar las capacidades de los recicladores, cambia hasta el círculo de la pobreza en el que se encuentran.

¿Se ha planteado poner un precio base a los productos que se venden a los recicladores?

No, aunque sí se ha pensado. Es muy difícil normar o poner un precio base a los productos que se reciclan porque se debe pensar en ¿qué pasa si el precio baja? ¿Qué pasa si sube mucho? Las empresas están obligadas a pagar más. El acuerdo fue dejarlo como está para que sea normado por el mercado, es decir, la oferta y la demanda.

¿Qué criterios influyen para que varíe el precio de los materiales reciclados?

Sobre el precio influyen criterios como por ejemplo el precio del petróleo. Antes tenía mucho que ver el hecho de que China estaba comprando basura en todo el mundo. Pero hace tres años China dejó de comprar  y eso generó una presión sobre los residuos, porque los países que enviaban la basura al gigante asiático empezaron a cambiar las dinámicas tuvo un impacto en el precio directamente.

Usted mencionó más de una vez cómo el reciclaje inclusivo se relaciona con la economía circular, un concepto que sigue siendo nuevo para la población en general. ¿Qué es la economía circular?

Es la que busca que los residuos no vayan a disposición final sino que se aprovecha al máximo el valor que ellos tienen para que tengan múltiples oportunidades de volver a ser reutilizados y usados, y que eso genere valor. Esto, en lugar de seguir obteniendo materias primas en una larga cadena económica que también genera impactos ambientales. Por lo que el reciclaje inclusivo es un eslabón muy importante de este tipo de economía.

¿Cuál es el marco legal de este tema en Ecuador?

A nivel de nuestra legislación ecuatoriana tenemos del Código Orgánico del Ambiente que tiene un capítulo específico sobre responsabilidad extendida del productor, esto quiere decir que los productores y también los distribuidores y comerciantes tienen que hacerse cargo o son responsables de los residuos que genera la venta de sus bienes y productos con el fin de que éstos retornen al ciclo productivo en lugar de ir a la disposición final. Esta normativa se complementa con varios artículos que se establecen en la Ley de Economía Circular inclusiva.

Ecuador también tiene acuerdos ministeriales donde se obliga  a los productores recuperar cada año un porcentaje de los residuos que han colocado en el mercado, con esa idea hay acuerdos ministeriales para residuos eléctricos y electrónicos como celulares y computadoras que a veces tienen contenidos tóxicos, que a veces necesitan un gestor ambiental especializado. También existe un acuerdo para los envases de productos agroquímicos porque son altamente peligrosos, para las  pilas, etc.

Sin embargo, nos ha faltado una norma enfocada en envases y empaques de plástico que es donde se genera la mayor cantidad de basura, ahora más con la  pandemia porque todo consumimos por medio del delivery como consecuencia cada vez llegan más y más envases de plástico a la basura.

Con la Ley de Economía Circular se comenzará a corregir uno de los más grandes problemas que tenemos  que es la separación en las fuentes como una norma obligatoria, donde el ciudadano debe dejar de mezclar los residuos y encargarse de reciclar su basura. Por lo que esta ley hace correcciones en todos los ámbitos, no solo a nivel de productores, sino de consumidores. Sin embargo, esto solo sucederá cuando la Ley baje a un reglamento.

¿Cómo esta Ley beneficia económicamente a los diferentes sectores, comenzando por los recicladores hasta las empresas?

En la Ley se establece que los municipios incorporen a su sistema de gestión de residuos a los recicladores, y no estaban muy convencidos y decían que esta Ley les obligaba a contratar recicladores y que ellos no tienen recursos, y que además esa no es su competencia. Sin embargo, se les aclaró los términos entre incorporar y contratar, por lo que ellos no tienen ninguna obligación de emplearlos sino de integrarlos al sistema de gestión de residuos y en lo posible de valorizar las toneladas que ellos recuperan porque por cada tonelada que un reciclador recupera es una toneladas que no va a un relleno sanitario, como el de Quito que está a punto de colapsar, o a un botadero  a donde van los residuos de las ciudades. Operar una tonelada de residuos o desechos tiene un costo para los municipios y ese costo lo pagamos todos los ciudadanos a través de los impuestos, por lo que si un reciclador gestiona una, varias o cientos de toneladas, está evitando que el municipio pague los costos operativos de gestionar esa tonelada. Además le genera un ahorro ambiental porque es una tonelada que evita una exposición final porque cuando llueve se contamina el lugar, se generan malos olores. Por lo que los municipios con esta iniciativa ganarían mucho.

¿Conoce un modelo exitoso de este proceso? 

Colombia es un gran ejemplo de esto y va más de veinte años trabajando en este ámbito, pero creo que Ecuador apunta al mismo camino aunque apenas se esté construyendo.

Es importante destacar que los recicladores tienen tres formas de subsistir. El primero es la venta del material, se les paga por la cantidad de desechos que han recolectado. El segundo, ellos puedan prestar el servicio para un municipio o empresa privada que les pague por tonelada y es aquí donde el Colombia entra como ejemplo, porque en este país se reconoce el pago por tonelada a cada reciclador, además el sistema está bancarizado y tienen un registro donde dice cuántas toneladas recolectó una persona y existe un sistema de certificación donde se comprueba lo que dice un reciclador. Por lo que el sistema dice ‘usted ha recuperado tantas toneladas’ y acorde al cálculo del municipio usted debe recibir esta cantidad de dinero, que es depositado en su cuenta para que cobre por su servicio que prestó que es diferente a la venta del material, es decir se paga por dos servicios.

Es fundamental crear las condiciones y trabajar con los municipios para que se generen las fórmulas de pago por el servicio que prestan los recicladores, que no es lo mismo que decirle al municipio firme un contrato y debe pagarle un sueldo con beneficios de ley, es más bien una forma de reconocer la gestión del reciclador porque genera un impacto positivo a la ciudad, a la gente y le ahorra costos al municipio. Pero a Ecuador le falta el camino para que se pueda valorizar ese servicio, hacer las fórmulas y generar la normativa local para que haya un pago asentado en una base local y se pueda reconocer el servicio, pero la idea es ir hacia allá.

Y la tercera forma que generan recurso es cuando los recicladores venden sus servicios, es decir, dan charlas de capacitación,  facilitan el transporte,  generan materiales informativos, e incluso pueden vender información con respecto a la cantidad de material que recuperan en cada tonelada.

Detrás del reciclaje inclusivo se pueden generar miles de plazas de trabajo, por lo que se debe fomentar y apoyar su práctica.


El Día Internacional del Reciclaje que se conmemora el 17 de mayo y Latitud R realizará un conversatorio virtual con líderes representantes de empresas y organizaciones que reflexionarán sobre cuáles son los desafíos que afrontan América Latina y el Caribe en la transición hacia una economía circular inclusiva. El encuentro vía zoom se realizará el martes 18 de mayo en los siguientes horarios locales: 11 a 12 (Argentina) – 9 a 10 (Ecuador, Colombia y México) – 10 a 11 (Chile y Cuba).

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Este contenido es parte de la Red de Periodismo Humano, que es Media Partner del evento de 

latitud R y RDP