El presidente de la Corte Provincial de Pichincha, Vladimir Jhayya, decidió llamar a juicio al alcalde de Quito, Jorge Yunda, y a otros 13 procesados por presunto peculado por la compra de 100.000 pruebas para la detección de covid-19, por las que se pagaron más de 4,2 millones de dólares, informó en un comunicado la Fiscalía General del Estado, la mañana de hoy, 30 de abril.
Entre los llamados a juicio están la actual secretaria de Salud municipal, Ximena Abarca, la asesora técnica de la Secretaría, Linda Guamán, y el exsecretario de Salud, Lenín Mantilla, quien fue quien gestionó la compra de las pruebas y está prófugo.
El llamado a juicio se dio después de 15 horas seguidas de audiencia de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, donde los abogados de los procesados presentaron las pruebas de defensa. Alrededor de la medianoche, Jhayya pidió tiempo para deliberar y tomar su decisión.
Debes Saber
Según María Dolores Miño, abogada de la científica Linda Guamán, es “indignante” que el juez haya tenido a las defensas de los 14 procesados hasta la medianoche y haya tomado su decisión en pocos minutos, sin darse el tiempo necesario para leer los documentos entregados. Miño sostiene que era difícil tomar una decisión de llamamiento a juicio en tan poco tiempo porque el expediente tenía 4.000 hojas, divididos en 400 cuerpos. Además, Miño adujo que solo se han tomado en cuenta los argumentos de la Fiscalía y que no se analizaron las pruebas de la defensa, ni se individualizó la situación de cada uno de los acusados.
La audiencia preparatoria de juicio duró en total cinco días. En el primero, la Fiscalía presentó dictámenes acusatorios en contra de los 14 procesados. La Fiscalía sostiene que el alcalde Jorge Yunda conocía que las pruebas que entregó la empresa contratista, Salumed S.A., no eran las que constaban en el contrato, por lo cual. Al final de su intervención, la Fiscalía pidió prisión preventiva para Yunda porque, afirmó, de la investigación de este caso se derivan otros que involucrarían a Yunda, su hijo y otros familiares.
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En su decisión, el juez Jhayya desestimó el pedido del fiscal Alberto Santillán de prisión preventiva por lo que el alcalde tiene que seguir presentándose periódicamente ante la Corte Provincial y utilizar un grillete electrónico.
Tras conocer la resolución de Jhayya, el alcalde Jorge Yunda escribió en su cuenta de Twitter: “Tras una jornada de más de 14 horas de audiencia, el juez ha resuelto llamarme a juicio, a pesar de que mi defensa evidenció a lo largo del proceso que no existe peculado alguno. Estamos listos para demostrarlo en juicio”.
El artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) dice que el peculado es un delito que cometen los servidores públicos y otras personas cuando “abusen, se apropien, distraigan o dispongan” de bienes, dinero y documentos públicos y privados para su beneficio propio o el de terceros. La sanción por este delito es de 10 a 13 años de prisión.
