La Fiscalía pidió prisión preventiva para Jorge Yunda, alcalde de Quito. El pedido fue hecho hoy, 27 de abril de 2021, en la audiencia preparatoria de juicio contra 14 procesados por el presunto delito de peculado por la compra de pruebas de covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. El procesado de más alto perfil es Yunda, contra quien la Fiscalía presentó ayer su dictamen acusatorio.

Actualmente, el alcalde de Quito tiene medidas sustitutivas de la prisión preventiva: debe portar un grillete electrónico, no puede salir del país y presentarse periódicamente ante un juez. Le fueron dictadas el 16 de febrero pasado. Pero ahora, la Fiscalía dice que existen razones para que esas medidas sean cambias por la prisión preventiva. El argumento de la Fiscalía es que de la investigación del presunto peculado en la compra de pruebas se derivarían “otras investigaciones” que involucran directamente a Yunda, a su hijo Sebastián y a otros familiares suyos, dice un comunicado publicado en Twitter por la Fiscalía.  Para los otros 13 procesados, Alberto Santillán, fiscal a cargo del caso, pidió que se mantengan las medidas cautelares. 

Tras el pedido de prisión preventiva, Jorge Yunda dijo en Twitter “Sigo atento la audiencia preparatoria de juicio en mi contra y me sorprende que la FGE solicite prisión preventiva cuando al ser alcalde de Quito, no existe riesgo de fuga. He cumplido las medidas cautelares de forma estricta. Aquí estoy y aquí estaré”. 

Según el Código Orgánico Integral Penal (COIP), para garantizar la comparecencia o asistencia de la persona procesada, el fiscal puede solicitar al juez que conoce el proceso investigativo que dicte prisión preventiva cuando haya elementos de convicción suficientes, claros y precisos de que la medida es necesaria para asegurar que el procesado, en este caso Yunda, se presente ante los jueces competentes y el juicio se complete. Según el COIP, las medidas sustitutivas pueden ser revertidas cuando se determine que son insuficientes y siempre que se trata de un delito con pena de más de un año. 

En la audiencia de hoy, la Fiscalía emitió dictámenes acusatorios contra los 14 procesados. El fiscal Santillán pidió al juez Vladimir Jhaya, presidente de la Corte Provincial de Pichincha, que llame a juicio a los 14 procesados por el delito de peculado. Según, el Código Orgánico Integral Penal, el peculado se comete cuando los servidores públicos u otras personas con potestad estatal reciben beneficios para ellos o para terceros, o abusan, se apropian o disponen arbitrariamente de bienes muebles o inmuebles o dinero público o privado.  Este delito se reprime con una pena de cárcel de entre 10 y 13 años.

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Yunda fue acusado ayer como autor mediato por el presunto delito de peculado en la compra de 100 mil pruebas para detectar covid-19 en la Secretaría de Salud del Municipio. El abogado del alcalde, Juan Pablo Albán, dijo en un tuit que la fiscalía pide la prisión preventiva “sin ninguna motivación fáctica ni jurídica, pues se ha cumplido de forma estricta las medidas cautelares ya ordenadas. Esperamos que la decisión del juez sea jurídica y no política”. 

En mayo de 2020, la Policía Nacional realizó varios allanamientos como parte de la investigación por presuntas presuntas irregularidades en la compra de pruebas PCR en la Secretaría de Salud del Municipio de Quito. La Policía allanó oficinas del municipio, la Secretaría de Salud, y el domicilio de Lenin Mantilla, exsecretario de Salud, que también fue vinculado a la investigación pero está prófugo.