La mañana de hoy, lunes 19 de octubre, el Defensor del Pueblo, Freddy Carrón se presentó en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado para el reconocimiento de su firma en la denuncia presentada por el presunto delito de lesa humanidad por los hechos ocurridos durante el paro de octubre de 2019. Carrión dijo que esperaba que el reconocimiento de firma se realice semanas atrás. Además, afirmó que “existe cierta demora en el inicio de la investigación de las más de cuatro mil hojas de documentos entregados para que la labor de indagación de Fiscalía se desarrolle».
El pasado 23 de marzo, Carrión presentó la denuncia por presunto delito de lesa humanidad. Entre las personas demandadas por la Defensoría están autoridades del gobierno de Lenín Moreno. Entre ellos está el presidente de la República, Lenin Moreno; la exministra de Gobierno, Maria Paula Romo; el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, así como otras autoridades de la Policía Nacional. Entre los pedidos del Defensor del Pueblo está la prohibición de salida del país del Presidente de la República, ministros y otros involucrados.
Después de que el Defensor del Pueblo presentara la denuncia, el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín habló. Jarrín dijo que “actuaron con respeto a los Derechos Humanos y garantizaron la democracia durante la crisis de octubre de 2019”. Además afirmó que las Fuerzas Armadas están entrenadas para utilizar técnicas y equipamiento no letal para antidisturbios. También dijo que “jamás se utilizó armamento de dotación militar”.
La denuncia se realizó después de que la Comisión Especial para la Verdad y Justicia, creada por la Defensoría del Pueblo, presentara un informe sobre las protestas de octubre de 2019. El informe recopila 519 testimonios de vulneración de derechos. De ese número, 249 corresponden a vulneraciones de derechos humanos. De los que 189 habrían sido perpetrados por personal de la Policía Nacional y 34 por personal de Fuerzas Armadas.
El año en enero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también presentó un informe sobre el paro de octubre. En el documento, la CIDH pide respeto al derecho a la protesta, a la libertad de expresión, a la reunión pacífica y a la participación política de la población. Carrión ha sido cuestionado por el supuesto uso político que, algunos consideran, ha hecho del informe final, sin embargo, él asegura que está cumpliendo con las obligaciones como defensor del Pueblo.
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Según el artículo 89 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) los delitos de lesa humanidad son aquellos que se “cometen como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”. La sanción es de pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años. Algunos abogados expertos en derechos humanos consideran, sin embargo, que esa no es la figura que allí se configura.
En los exteriores de la Fiscalía, el Defensor del Pueblo dijo que el país necesita conocer la verdad por lo que “urge que la Fiscalía le dé la prioridad necesaria y suficiente».
