Tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo ante la Fiscalía General del Estado por presuntos delitos de lesa humanidad en el paro de octubre de 2019, el Ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, dijo que las Fuerzas Armadas “actuaron con respeto a los Derechos Humanos y garantizaron la democracia durante la crisis de octubre de 2019”.
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En una rueda de prensa que dio hoy, martes 23 de marzo, el Ministro de Defensa adujo que las Fuerzas Armadas están entrenadas para utilizar técnicas, doctrinas, principios y equipamiento no letal para antidisturbios con la finalidad de cuidar a la población. Sobre las acusaciones de uso de armas letales, el Ministro de Defensa dijo que “jamás se utilizó armamento de dotación militar”. Al finalizar la rueda de prensa, el Ministro dijo que el país tiene unas “Fuerzas Armadas democráticas, profesionales, con valores y disciplina que quieren y respetan a su pueblo y a su Constitución”.
Las declaraciones del ministro Jarrín se dan horas después de que el Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, presentara una denuncia contra él y otras autoridades estatales por presuntos delitos de lesa humanidad que se habrían cometido durante las protestas de octubre de 2019. Entre los pedidos que hace el Defensor del Pueblo, también está la prohibición de salida del país del Presidente de la República, Lenín Moreno, y de los ministros y otras autoridades que señala en su libelo como presuntos involucrados en el delito que denuncia. La denuncia de la Defensoría en contra de Jarrín y otras autoridades —como la exministra de Gobierno, María Paula Romo— se plantea después de que la institución presentó un informe sobre las protestas de octubre de 2019. Para la elaboración del informe, la Defensoría dijo que recibió 519 testimonios de vulneración de derechos. De ellos, 189 habrían sido perpetrados por personal de la Policía Nacional y 34 por miembros de las Fuerzas Armadas.
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El Defensor del Pueblo dijo que en Ecuador “no se cometieron graves violaciones de derechos humanos sino delitos de lesa humanidad en octubre de 2019”. En enero de 2020, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también presentó su informe sobre los hechos ocurridos en octubre de 2019.
La CIDH visitó Ecuador del 28 al 30 de octubre de 2019, entrevistó 439 personas y registró el testimonio de 380 personas que alegaban ser “víctimas de violaciones a los derechos humanos y de otras afectaciones”, según el informe. El organismo regional de Derechos Humanos responsabilizó a la Policía Nacional y Fuerzas Armadas de presuntamente cometer “graves violaciones a derechos humanos en contra del movimiento indígena”. La CIDH también dijo que recibió información violencia en contra de los agentes del Estado, como el secuestro de más de 400 agentes de la fuerza pública.
Los delitos de lesa humanidad, según el Código Orgánico Integral Penal, son aquellos que se cometen como parte de “un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, dice el artículo 89 del COIP. Entre ellos, se cuentan la ejecución extrajudicial, la esclavitud, el desplazamiento forzado que no tiene por objeto proteger derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, violación sexual y prostitución forzada, la inseminación no consentida, la esterilización forzada y la desaparición forzada. Este delito, según la Constitución del Ecuador, no prescribe —es decir, no existe un tiempo determinado para iniciar las acciones para determinar su existencia y responsables, y se sanciona con prisión de veintiséis a treinta años.
