Hace cinco años, a las 6:58 de la tarde, un terremoto de 7,8 grados de intensidad sacudió la costa norte del Ecuador. El epicentro fue en el mar, no muy lejos de las costas de la pequeña y pobre ciudad de Pedernales, en la provincia de Manabí, donde se concentró la mayor devastación, aunque el sismo sacudió y afectó —en diferentes medidas— a todo el país. Hubo más de 1.400 réplicas de diferente intensidad; la más fuerte de 5,6 grados. 

Rafael Correa, entonces presidente del Ecuador, declaró un estado de excepción en las provincias de Esmeraldas, Manabí, Santa Elena, Santo Domingo de los Tsáchilas, Los Ríos y Guayas para afrontar la emergencia. Según la cuenta oficial, murieron 663 personas.  Más de cien personas fueron rescatadas con vida, hubo más de 6 mil heridos y más de 28 mil personas fueron desplazadas a albergues de instituciones públicas y de organizaciones internacionales. “Después del terremoto, pasamos casi un mes durmiendo en la tierra, tapados con plásticos”, dijo Fanny Lucas, quien perdió su casa en Bahía de Caráquez, Manabí. 

Según datos oficiales, las pérdidas económicas ascendieron a 4 mil millones de dólares. Esmeraldas y Manabí fueron las provincias más afectadas. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) el sector productivo perdió 304 millones de dólares en activos, 354 millones en ingresos y 18 millones en gastos adicionales. 

Una de las miles de afectadas, fue Gloria Chipantiza, vendedora de frutas y verduras. En un reportaje de 2017 de GK, Chipantiza dijo que ese año había sido difícil “en lo económico y lo moral, no tenemos casi nada”. Ella y su familia pudieron construir una casa atrás del negocio de frutas. La comerciante fue una de las personas que aplicó para que el Ministerio de Vivienda reconstruya su hogar, pero un año después del terremoto no había recibido la ayuda. 

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En las ciudades más afectadas, gran parte de las edificaciones se vinieron abajo: casas, edificios, hoteles, escuelas. Hubo cortes de luz y de líneas telefónicas. Las operadores de telefonía móvil pedían no usar las aplicaciones móviles como Whatsapp y Telegram, sino enviar mensajes de texto para comunicarse luego del desastre natural. En Pedernales hubo saqueos en locales comerciales. La gente afectada durmió fuera de sus casas derrumbadas para cuidar lo poco que les quedaba. 

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A Manabí llegaron 300 bomberos de todos los Cuerpos de Bomberos del Ecuador y de algunos países del mundo. También se trasladaron más de 3.500 policías y 10 mil militares. Además participaron empresas privadas y agencias internacionales para ayudar a las personas que vieron a sus casas convertirse en escombros. Las iniciativas ciudadanas como la de Karla Morales, de la organización sin fines de lucro Kahre, llevó hasta Manabí camiones repletos de donaciones de agua, alimentos no perecibles, toallas, pañales, ropa o leche. Hasta marzo de 2017 hizo 630 viajes con donaciones. 

En las latas de atunes o granos, los donantes escribían mensajes de apoyo a los damnificados. Morales dijo a GK, un año después de la tragedia que su organización hizo 3.910 brigadas de ayuda humanitaria. Hasta la zona llegaron médicos, guías locales, psicólogos y voluntarios para distribuir los kits de alimentos. 

Los migrantes ecuatorianos también se unieron para apoyar a los damnificados. Varios grupos de estudiantes ecuatorianos en Inglaterra, Estados Unidos, España o Bélgica hicieron campañas de crowdfunding, recogieron ropa, carpas y alimentos.  Otros migrantes en Francia, Panamá y Canadá organizaron eventos solidarios y venta de comida típica para recaudar fondos. 

La reconstrucción de las viviendas y edificios comenzó enseguida. Manabí tenía el 95% de los daños del terremoto. El gobierno de Rafael Correa dijo que la reconstrucción costaría más de 3 mil millones de dólares, el 41% de ese dinero sería para el sector social, el 26% a infraestructura como electricidad, agua y saneamiento. 

El gobierno Correa creó la Ley de Solidaridad que pedía a todos los ecuatorianos una contribución económica para reparar y reconstruir los daños del terremoto. El impuesto al valor agregado subió del 12 al 14%, la ley estuvo vigente desde junio de 2016 hasta abril de 2017 y recaudó 1.700 millones de dólares. 

Dos años después del terremoto, había 15% de familias registradas para la reconstrucción de sus casas que seguían esperando. Hasta abril de 2018, el Ministerio de Vivienda construyó y reparó más de 38 mil casas, según una investigación publicada en GK.  

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Hoy, Rommel Salazar, director general del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, escribió en Twitter: “Saludamos a todos aquellos héroes que participaron en las labores de búsqueda y rescate y que continúan con su labor de prevenir y salvar vidas.”. Desde el 2019 se recuerda el Día Nacional del Gestor y Profesional en Gestión de Riesgos en honor a quienes trabajaron en el rescate de personas en el terremoto. Hasta las 12 del mediodía de hoy, Lenín Moreno, presidente del Ecuador, no ha mencionado nada en sus redes sociales sobre el aniversario de la tragedia.