Profundidad

Promesas rotas

A dos años del terremoto de 2016, muchas familias siguen sin recibir la vivienda que el Estado les ofreció. Contratos sin garantías, falta de supervisión y caos organizativo en los organismos encargados de la reconstrucción son las causas del incumplimiento y el despilfarro.
  • qué paso con los fondos para la reconstrucción tras el terremoto de 2016

    Una familia que espera ser reubicada vive en una casa armada con restos y escombros.


UN CABLE A TIERRA EN UN PAÍS POLARIZADO

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Cuando Aydee Cedeño perdió su casa en el terremoto de 2016, el gobierno del Ecuador le prometió —como a todas las 386.985 personas afectadas por el desastre— ayuda para reconstruir sus vidas: nuevos hogares, reparaciones domésticas, préstamos. Dos años después, la oferta jamás se cumplió.

Cedeño, una mujer de 79 años, vivía en un edificio del centro de Portoviejo, una de las ciudades más afectadas por la catástrofe: blanca, cuatro pisos, dos balcones daban a la avenida 9 de Octubre, una de las más concurridas de la ciudad. Cuando el terremoto de 7,8 grados de intensidad sacudió el Ecuador, el 16 de abril de 2016, Aydee esperaba que un doctor examinara a su esposo, diabético en riesgo de perder una pierna. Bajaron corriendo, y lograron salvarse del desastre (que dejó 663 muertos y 6 mil 274 heridos), pero tras el eterno minuto que duró el sismo, no tenían dónde vivir.

Todavía hay 6 mil 900 familias sin hogar. Y hay 900 que todavía no reciben su casa por los contratistas incumplidos.

Durante los días siguientes, el Comité de Operaciones de Emergencia censó la catástrofe. El censo incluía el estado de las edificaciones. Al edificio donde vivía Aydee le pegaron un sello rojo en la fachada: debía ser demolido. El 14 de junio del 2016, la que fue su casa durante 25 años fue derrumbada— Avarina guarda los videos de ese día: despacio, una excavadora destruyó el techo, las paredes, los balcones. Todo se convirtió en escombros.

Tras la catástrofe, el gobierno ofreció casas para los que la perdieron. Avarina y su madre Aydee llenaron los formularios para recibir una casa nueva pero, dos años después, aún no la han recibido.

reconstrucción del terremoto en Ecuador

Aydee Cedeño en la casa improvisada en la que vive. Fotografía de Lisette Arévalo

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Ahora Aydee vive con su esposo Carlos, su hija Avarina y su hijo Luis en el terreno donde su casa solía estar. Lo que ahora llaman hogar es una choza que Avarina construyó con planchas de zinc como techo, dos paredes de caña guadua. Usan las paredes de ladrillo de sus vecinos para sostener la estructura.

Dentro de la choza, los cuartos están separados con un tablón de madera y una cortina dorada. Está llena de muebles que pudieron recuperar del terremoto: un sofá, la refrigeradora, una mesa de madera, cuatro colchones. Siguen esperando que el gobierno les entregue la casa que les prometió. No son los únicos.

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Después de seis meses de  investigación encontré que la falta de organización y veeduría del Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (Miduvi), y una falla en pedir garantías a los constructores contratados dejó a muchos damnificados varados, sin hogar.

Desde septiembre de 2017 a enero de 2018, entrevisté a treinta familias en Pedernales y Portoviejo —las ciudades más afectadas por el terremoto— y a media docena de veedores ciudadanos y autoridades del Miduvi. Visité la casa de estas personas, tomé fotos de las condiciones en las que vivían, recopilé copias de los documentos que entregaron al Miduvi, contrastando lo que dicen los reportes oficiales del gobierno y lo que pasa en el terreno.

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La falta de monitoreo de los contratistas contratados dejó a muchas familias viviendo en condiciones inseguras en las áreas afectadas por el terremoto. Muchas de ellas están viviendo en chozas improvisadas de caña; otras viven en carpas, construcciones incompletas, y muchos de los que recibieron una casa del Estado se enfrentan a goteras, puertas que no se cierran, fisuras en las paredes. El Miduvi, además, ha fallado en responder a estas quejas aunque el ex ministro, Adrián Sandoya (quien por orden del presidente Lenín Moreno terminó con su encargo del ministerio el 17 de abril de 2018) dijo en una entrevista que el gobierno del presidente Lenín Moreno estaba atendiendo estos casos.

Dos años después del desastre, 15% de las familias registradas para recibir o reparar sus casas siguen esperando. Esto no incluye a las familias que ni siquiera están en la lista de espera porque sus aplicaciones fueron extraviadas por los funcionarios del Miduvi, su aplicación no fue recibida, o les dijeron que no calificaban para recibir una casa pero no les dieron una explicación clara.

Según datos entregados por el ministro Adrián Sandoya en una entrevista, hasta abril del 2018 el Miduvi construyó y reparó 38 mil 500 casas. Aún faltan 6 mil 900 que están siendo construidas en este momento, otras que todavía no comienzan, y otras que están por contratarse. En pocas palabras: todavía hay 6 mil 900 familias sin hogar. Y hay 900 que todavía no reciben su casa por los contratistas incumplidos.

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El daño que causó el terremoto fue tan significativo que el ex presidente Rafael Correa calculó que la reconstrucción costaría tres mil millones de dólares que, en ese tiempo, representaba el 3% del Producto Interno Bruto del Ecuador. La reconstrucción, dijo, tomaría años. Para ayudar a los damnificados, Correa creó una ley de solidaridad que requería que todos los ecuatorianos contribuyesen económicamente para reparar y reconstruir las áreas afectadas. El impuesto al valor agregado pasó del 12 al 14% y quienes tenían propiedades avaluadas en un millón (o más) de dólares tenían que pagar un impuesto. Las víctimas fueron excusadas.

La ley estuvo en efecto hasta abril del 2017 y recaudó mil seiscientos millones. Además, según datos obtenidos de la Secretaría de la Reconstrucción, Ecuador recibió mil trescientos millones de distintas fuentes como donaciones del Banco Interamericano de Desarrollo, el gobierno chino, Eximbank y el Banco de Desarrollo Chino. Para enero del 2018, el gobierno había recaudado 2 mil 800 millones para la reconstrucción.

Correa creó la Secretaría de la Reconstrucción mediante un decreto ejecutivo. Nombró a Carlos Bernal —quien en ese entonces dirigía la Secretaría Nacional del Agua en Ecuador— para que presida la comisión junto al ex vicepresidente ecuatoriano Jorge Glas (hoy preso por asociación ilícita).

El trabajo de la comisión era aprobar los proyectos presentados por los alcaldes de las ciudades afectadas y por los ministerios, y hacer un seguimiento de cómo se gastaba el dinero en cada proyecto. En los cinco reportes trimestrales —aunque no han publicado más desde septiembre del 2017—, la Secretaría especifica que construir casas era la más grande prioridad.

“La vivienda, como arista principal para recuperación de los medios de vida, representa la asignación de recursos más significativa”. Por esta razón, la Secretaría asignó 576 millones de dólares para reparar y construir 45 mil 455 casas.

El último reporte publicado en diciembre del 2017 dice que, “la vivienda, como arista principal para recuperación de los medios de vida, representa la asignación de recursos más significativa”. Por esta razón, la Secretaría asignó 576 millones de dólares para reparar y construir 45 mil 455 casas.

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Según el arquitecto Óscar Chicaiza, quien trabaja en la subsecretaría de hábitat y vivienda en el Miduvi, los funcionarios del ministerio e ingenieros voluntarios en Ecuador realizaron brigadas para evaluar los hogares afectados. El evaluador catalogaba cada casa con tres signos distintos: verde —seguro—, amarillo —necesita reparación—, y rojo —peligroso, no se puede habitar. El número de casas que necesitaba reparaciones y reconstrucción subió de 32 mil 351 en noviembre del 2016 a 45 mil 455 en junio del 2017 cuando las brigadas dejaron de evaluar.

“No pudimos cubrir todo el territorio afectado”, dice Chicaiza quien vio esto de primera mano. “Todavía hay viviendas sin ser atendidas que nunca fueron evaluadas porque están en un área rural, no los teníamos en nuestros registros o teníamos problemas logísticos”.

destrucción Portoviejo terremoto

La casa de la familia de Aydee Cedeño a la derecha. Temían que el edificio a su lado se les desplomara encima. Fotografía de Lisette Arévalo

Chicaiza explicó que cuando los ingenieros voluntarios se fueron, los oficiales del Miduvi tuvieron que llenar ese vacío. El problema es que en lugar de tener expertos en construcción para evaluar las estructuras afectadas, tenían a contadores, geógrafos y economistas haciendo este trabajo. “Yo pienso que eso debilitó un poco el proceso”, dice Chicaiza. Y aunque los funcionarios siguieron la guía, la evaluación no fue la misma.

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El 12 de mayo de 2016, la entonces ministra de vivienda, María de los Ángeles Duarte, anunció el plan de construcción y reparación. Los que estaban en la lista de beneficiarios tendrían dos opciones: en terreno propio o en una vivienda en terrenos urbanizados por el Estado. Las últimas estaban destinadas a las personas que rentaban una casa que fue destruida en el terremoto o si tenían una casa en una zona de riesgo con suelo inestable o propensa a deslaves.

Entonces el MIDUVI actuó como intermediario entre los residentes y los contratistas y ofreció bonos de 10 mil dólares para construir cada casa. De este valor, 15% era para pagar al contratista y lo demás para los materiales de construcción.

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Todas las casas tienen un baño, dos cuartos, una cocina y una sala pero varían en diseño. Las casas en terreno propio son de una planta, las que están urbanizadas son de dos pisos divididas en cuatro departamentos o divididas en dos departamentos dúplex. Una vez terminada la casa, los beneficiarios debían hacer un pago de mil dólares al gobierno en el lapso de 36 meses. El plan incluía un año de gracia. Para las reparaciones de viviendas, el ministerio ofreció bonos de hasta 4 mil dólares. En este caso, el beneficiario debía pagar un 10% del total de las reparaciones.

“Todavía hay viviendas sin ser atendidas que nunca fueron evaluadas porque están en un área rural, no los teníamos en nuestros registros o teníamos problemas logísticos”.

Una base de datos del Ministerio de Finanzas muestra que, hasta enero del 2018, el Miduvi contrató cerca de mil contratistas distintos para este trabajo. Las cinco compañías y entidades que recibieron la mayor cantidad de dinero para construir o reparar casas fueron: Empresa Pública Ecuador Estratégico —$13 millones—, Mapreco —$8,2 millones—, Dugoler —$6,7 millones—, Consorcio CC Constructores —$6,7 millones—, el ingeniero Edwin Patricio Ramos Hernandez —$5,5 millones. La lista continúa con nombres de grandes compañías y constructores independientes. Este proceso de contratación fue el origen de muchos problemas.

El ministro Sandoya dijo que después del terremoto muchos contratistas fueron contratados sin las garantías correspondientes. Cuando se decreta un estado de emergencia, las entidades públicas del Ecuador —como el Miduvi— pueden contratar a cualquier compañía o contratista sin pasar por el proceso oficial de compras públicas. Según el Servicio Nacional de Contratación Pública, en estado de emergencia o de excepción las entidades pueden contratar de forma directa, a empresas nacionales o extranjeras sin pedir las garantías de fiel cumplimiento del contrato y del bueno uso del anticipo. Fue lo que ocurrió con todos los contratistas escogidos por las autoridades del Miduvi desde julio de 2016 hasta, según Sandoya, mayo del 2017 cuando se instauró el nuevo gobierno —aunque el estado de excepción por el terremoto duró hasta septiembre de 2017. Fue desde ese momento cuando todo empezó a salir mal.

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En vivienda fue un abuso sin nombre el estado de excepción, de emergencia, un abuso a la tragedia. Un mes después del terremoto se comenzó a contratar viviendas de boca, se comenzó a dar anticipos a constructores, sin garantías, sin contratos, de una forma ex prolija”, dijo el nuevo Secretario de la Reconstrucción, José Herrera, en una entrevista con el periódico El Diario en febrero del 2018.

En una entrevista, el ministro Sandoya lo confirmó. Hasta el 4 de abril de 2018, el Miduvi ha identificado 43 contratistas incumplidos. Esto equivale a 972 viviendas no contratadas, y 8 millones 900 mil dólares que, por el momento, están perdidos.

reconstrucción terremoto Ecuador


Terreno urbanizado por el gobierno Ciudad Jardín, Pedernales. Hasta enero del 2018, las casas todavía no tenían agua potable. Fotografía de Lisette Arévalo

Sandoya dijo que el Miduvi está trabajando para recuperar este dinero, para que los contratistas cumplan con su contrato y que las familias reciban su vivienda. Pero dice que ha sido muy difícil presionarlos porque, sin las garantías, los incumplidos no tienen nada que perder.

Los nombres de los 43 contratistas fueron enviados a contraloría para que por vía de coactiva, se pueda recuperar los recursos públicos. Dos de estos contratistas ya están siendo procesados en la fiscalía de Pedernales y Chone. El Miduvi planea recuperar los recursos por este medio y, si esto sucede, esperará a que el Ministerio de Finanzas los asigne para cumplir con estas personas.

“Son una prioridad para los nuevos procesos de contratación y estos beneficiarios podrían ser atendidos con el programa del presidente Lenín Moreno Casa Para Todos”, dijo Sandoya.

Mientras tanto, estas 900 familias están a la espera con casas a medias, materiales regados o simplemente con su terreno vacío.

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Obtener esta información del Miduvi no fue fácil. Cuando estuve en Portoviejo y contacté a la coordinadora zonal 4, Katherine Viteri Mendoza, recibí una respuesta vaga. Cuando hablamos por teléfono me dijo brevemente que estaban investigando a los contratistas, que ellos son los culpables por las viviendas no entregadas. Me dijo también que haga una solicitud formal al departamento de comunicación del Miduvi para entrevistarla pero no recibí respuesta.

También entregué una solicitud de información pública pidiendo una lista completa de todos los contratistas, los contratos, copias de las actas de entrega de las viviendas. Después de varios correos y solicitudes, recibí un documento que no respondía a ninguna de mis preguntas sino hacía un resumen de lo que podía encontrarse en el informe trimestral de la Secretaría de la Reconstrucción.

Finalmente, envíe un último correo con preguntas específicas, aclarando que no se me entregó la información que solicité. Solo entonces, a principios de abril de 2018, el MIDUVI me contestó con una fecha y hora para entrevistar al ministro Sandoya.

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Tan pronto como el Miduvi  anunció su plan, Aydee Cedeño se inscribió. Con la ayuda de su hija Avarina, recolectó todos los documentos que le pidieron: la escritura de su casa, fotos de cómo era antes y después de la demolición.

El gobierno le dio 150 dólares mensuales por seis meses para que pueda rentar un departamento mientras esperaba. Pero los meses pasaron, se le terminó el dinero y Aydee y su familia tuvieron que dejar el departamento que arrendaban. Avarina fue a la oficina de Miduvi en Portoviejo y le pidieron que entregue los documentos otra vez. Sin entender qué ocurrió con su solicitud previa, volvió a entregar lo que le pidieron. Mientras esperaban, Aydee decidió que ya quería regresar al terreno donde antes estaba su casa. Entonces Avarina construyó la choza donde viven ahora.

Cuando volvió a la oficina del Miduvi a preguntar cómo iba su trámite le dijeron que esperara. Tuvo que entregar los documentos dos veces más porque los oficiales del Miduvi no podían entregar sus papeles.

Para noviembre del 2017, más de un año después del terremoto, Avarina se acercó una última vez para saber qué pasó con su solicitud. Le dijeron que ya no estaba en la base de datos de los beneficiarios, que estaba en el grupo décimo primero y que solo ocho grupos fueron procesados para recibir hogar. Sin entender qué salió mal, dio la vuelta y salió de la oficina que la sumergió durante meses en la incertidumbre.

“Estamos cansados de esto. No tenemos vivienda y no sabemos por qué. No estamos en el sistema y mire cómo vivimos ahora”, dijo Avarina, señalando la choza alumbrada de la que cuelga, solitaria y titilante, un único foco amarillo.

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Cuando las entrevisté en enero de 2018, Avarina y Aydee decían que su mayor temor era el invierno. Las lluvias del invierno ecuatoriano, sobre todo en la Costa, pueden causar inundaciones tremendas. Con el agua vienen enfermedades, infestaciones de mosquito, pérdidas materiales y, en el peor de los casos, muertes.

Aydee y su familia no tienen una estructura adecuada para protegerse de estas lluvias: el invierno pasado la lluvia se filtraba entre las láminas de zinc y mojaba todo en su casa. Pero no tienen a dónde más ir.

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Katiuska Góngora también vive en Portoviejo y vive, también, una situación similar. Después de que su casa de una planta colapsara en el terremoto, tuvo que entregar su aplicación para vivienda cuatro veces.

Los funcionarios del Miduvi le dijeron que esperara. Mientras tanto, ella también rentó un departamento con la ayuda económica del gobierno, pero cuando los seis meses se terminaron, regresó a su terreno baldío. Construyó su propia choza con materiales que quedaron de lo que alguna vez fue su casa antes.

Katiuska Góngora construyó su casa con lo que quedaba de lo que alguna vez fue su casa. Fotografía de Lisette Arévalo

La última vez que escuchó del Miduvi fue en enero del 2018: le dijeron que ocho casas serían construidas en Ciudadela Margarita, su barrio. A mediados de marzo, el constructor apareció y dejó el material de construcción en el terreno de Katiuska. Le dijo que pronto comenzaría la construcción, pero nunca más regresó. Los materiales se han ido también, robados de a poco por ladrones.

“No me morí en el terremoto pero tal vez termine aplastada por estas paredes viejas de caña”, dijo Katiuska.

Cuando el ministro Sandoya escuchó lo que pasa con Aydee y Katiuska, dijo que el Miduvi se ha encontrado con casos similares. Dijo que el Ministerio está haciendo todo lo posible para identificar a todos los damnificados que están pasando en estas situaciones para entregarles una vivienda. Dijo que tomaría nota de sus nombres e investigará qué sucede, que sí están atendiendo estos casos, que los funcionarios que no eran eficientes y perdían las carpetas de aplicación han sido despedidos. Pero las víctimas del terremoto están cansadas de esperar. Y el Ministro ya no es Ministro.

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Para inicios de enero del 2018, ocho familias vivían en carpas o chozas improvisadas construidas de retazos de lonas publicitarias, madera y planchas de zinc en un terreno vacío al lado de un parque en Nuevo Pedernales, un barrio en Pedernales —una ciudad de 20 mil habitantes según el último censo— en la provincia de Manabí. Esta ciudad tiene, también, la triste marca de ser el lugar donde —según el Servicio Geológico de los Estados Unidos— fue el epicentro del terremoto de 2016. Las familias que vivían en este terreno eran numerosas: la más pequeña tenía dos hijos, la más grande tenía siete. Además de las ratas que saltaban en los colchones sobre el piso, los mosquitos y el lodo, las familias tenían miedo de vivir en el barrio donde estaban. Una banda de ladrones constantemente los asaltaba, llevándose sus pocas pertenencias —tanques de gas, ropa, comida, agua.

Joselyn Rodríguez y su hermana Angie han pasado por esto muchas veces. Cada una tiene un hijo menor de dos años, y prefirieron dejarlos con su madre —en una de las casas en terrenos urbanizados por el Estado en Pedernales, en un conjunto llamado Ciudad Jardín— a tenerlos en esas condiciones.

vivienda Pedernales

Carpas donde vivía Joselyn hasta ser traslada en enero de 2018. Fotografía de Lisette Arévalo

Joselyn es una mujer delgada y musculosa, bordea los veinte y tantos. Cuando hablé con ella, tenía un ojo morado porque uno de los ladrones la había golpeado.

“Les dije a los oficiales del MIDUVI que por favor nos ayude. Que estamos viviendo en estas condiciones horribles y en peligro y solo nos dijeron que esperemos”, dijo Joselyn.

Estas ocho familias finalmente fueron trasladadas a Ciudad Jardín el 16 de enero de 2018. Ahora viven en mejores condiciones: casa de concreto, cocina, una sala, dos dormitorios. Pero no tienen agua potable en la urbanización, a veces los baños se tapan, viven lejos del centro de la ciudad, lejos de sus trabajos, y sus hijos tienen que caminar a la escuela. Pero si se quejan, les dicen que deberían estar agradecidos por lo que tienen.

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Cuando la reconstrucción comenzó, se creó un grupo de veedores ciudadanos para inspeccionar cómo el gobierno invertía el dinero para la reconstrucción. Cerca de cincuenta personas se registraron como voluntarias en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social del Ecuador —una institución creada en el 2008 para promover la participación ciudadana en el proceso de fiscalizar el uso de los recursos públicos, y duramente cuestionada en los últimos diez años. Contacté a veinte veedores para hacerles una entrevista pero solo seis accedieron a contarme lo que encontraron.

Mario Ramos fue el coordinador de estos veedores, vive en Portoviejo y ha recorrido todo Manabí. Ramos dijo que todavía hay muchas personas viviendo en canchas deportivas, en carpas, en chozas en terrible estado, casas abandonadas por los constructores. Para Ramos, los culpables de esto son las autoridades del Miduvi. Otros culpan a la Secretaría de la Reconstrucción por no asegurarse de que los proyectos aprobados y los recursos hayan sido invertidos de la mejor manera.

terremoto Ecuador 2016

El interior de una casa improvisada de una de las ocho familias que fueron trasladadas recién en enero de 2018 a Ciudad Jardín. Fotografía de Lisette Arévalo

Hablé con Felipe Centeno, el subgerente de comunicación de la Secretaría de la Reconstrucción, sobre la responsabilidad de esta institución. Él dijo que la comisión de la reconstrucción no contrató a los constructores y que sólo coordina y planifica los proyectos en las áreas afectadas. Cuando le pregunté si es que la Secretaría hace seguimiento a los proyectos que aprueba me dijo que sí, pero que solo a través de los reportes que cada ministerio les entrega. Cuando le dije sobre las personas que aún no reciben vivienda me dijo que el Miduvi debería responder a estas quejas.

Adalberto Mendoza, también veedor, está de acuerdo con Ramos. Dice que ha visto que muchas familias que ni siquiera necesitaban un hogar lo consiguieron. Escuché esta queja varias veces durante mis entrevistas en Pedernales y Portoviejo. Abel Yoong, presidente de barrio Nuevo Pedernales, me dijo que hay varias casas del Miduvi que fueron entregadas a personas que ahora las están alquilando y que, mientras tanto, todavía hay muchas otras que viven en carpas. 

Es el caso de Freddy Farias Chere, un hombre que perdió una de sus propiedades en el terremoto pero que aún tiene un edificio de tres pisos en el centro de la ciudad y una casa a una hora en las afueras de Pedernales. Recibió una casa del Miduvi más rápido que muchos otros que vivieron durante un año o más en carpas y chozas improvisadas construidas con materiales viejos.

Cuando le pregunté a su esposa, Nila Moreira, cómo la obtuvieron, me dijo que solo presentaron una solicitud. No está claro por qué alguien como Farias Chere, que todavía tenía un edificio en perfecto estado y un lugar para vivir, consiguió una casa antes que muchos otros.

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El ministro Sandoya reconoce que estos casos son recurrentes. En el reasentamiento de El Guabito en Portoviejo, muchos han denunciado que personas que no necesitaban vivienda están alquilando las casas de la reconstrucción.

Sandoya dijo en la entrevista que el Miduvi está investigando estos casos. “Tenemos seis casos con informe jurídico y técnico de familias que falsearon los documentos para obtener una vivienda”, dijo el ahora exministro.

Añadió que estos problemas se dieron por la desorganización que hubo al comienzo, ni bien sucedió el terremoto. Al mismo tiempo, el Ministerio de Inclusión Económica y Social, las jefaturas políticas, los municipios, la Secretaría de Riesgo y el MIDUVI recolectaron los datos de los damnificados. Las familias fueron entrevistada varias veces por las distintas autoridades y esto causó que las carpetas se pierdan, que algunos datos no entren  en el Registro Único de Damnificados o que no se realice la verificación adecuada de cada aplicación. Por esto, muchas familias que necesitaban vivienda no la obtuvieron y muchas otras que no la necesitaban, sí. Pero esta desorganización es solo una parte de los problemas con la reconstrucción.

Una gestora social independiente quien trabajó para el MIDUVI haciendo entrevistas a personas en diferentes áreas afectadas (Portoviejo, San Vicente, Bahía de Caráquez) vio casos similares. Ella prefiere permanecer en el anonimato por razones de seguridad. Su trabajo consistía en determinar si estas personas cumplían con todos los requisitos necesarios para recibir una casa: la escritura de su terreno, estar registrados bajo el Registro Único de Damnificados, prueba de que tienen todas sus facturas al día. Según sus entrevistas, todos cumplen con los requisitos necesarios para recibir vivienda.

La mujer me mostró fotos de las personas que entrevistó. En las fotos aparece junto a familias con niños pequeños y ancianos que viven chozas de cañas de bambú, planchas de zinc, barro, tablones de madera o restos de viejos lienzos publicitarios.

Según los audios que me envió, el patrón se repite: llenaron los documentos, estaban en el sistema pero ya no, y todavía siguen esperando. Agregó que a algunas personas se les pidió dinero para incluirlas en la lista de espera o para construir sus casas más rápido.

“Una mujer me dijo que pagó 500 dólares al ingeniero por esto, pero se fue, y la casa ha sido abandonada por más de un año”, dijo.

Esa no fue la única forma en que los contratistas trataron de obtener mayores ganancias de la reconstrucción. Según mi fuente, muchos intentaron obtener mayores ganancias utilizando menos material para construir las casas o no cumplieron con las normas de construcción ecuatorianas. Ella escuchó quejas de personas que vivían en las casas entregadas porque las casas ya estaban agrietadas, dañadas y tenían goteras en el techo.

Freya Ponce recibió una casa en el sector Brisas del Pacífico en la ciudad de Pedernales. La empresa de construcción Esmo construyó y está completa: tiene pisos de cerámica, ventanas, puertas, un baño. Ponce vive allí con sus hijos y su esposo, pero dijo que dos pequeños temblores ya habían resquebrajado un poco las paredes de su nueva casa. También dijo que tiene goteras en el techo y que durante las fuertes lluvias de invierno probablemente tendrá mucha agua filtrándose en su casa.

Regis Cedeño, el presidente del colegio de arquitectos de Manabí, escuchó muchos casos como este. Una vez vio que el constructor usó escombros de ladrillo de la casa destruida por el terremoto como la base de los cimientos de las nuevas viviendas del Miduvi. “El ladrillo no es un material compactable y nunca debe usarse como base para cimientos”, dijo. Esto significa que algunas casas construidas después del terremoto posiblemente no sobrevivirían a otro sismo de igual o mayor magnitud.

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Uno de los primeros funcionarios en contestar a mi requerimiento de entrevista fue el ingeniero Marcos Paredes, director técnico de la oficina de Miduvi en Manabí. Él no tenía este trabajo cuando ocurrió el terremoto, pero comenzó a trabajar en la reconstrucción desde junio de 2017. Dijo que solo podía responder por lo que ha estado haciendo desde entonces, y no por la administración anterior.

Cuando le pregunté sobre las casas sin terminar, las personas desatendidas y por qué el proceso de construcción se retrasó tanto, dijo que se trata de una mezcla de factores. Dijo que el Ministerio y el país no estaban preparados para un desastre tan grande, que algunas casas estaban en áreas de difícil acceso debido a las lluvias de invierno, que los contratistas no trabajaron lo suficientemente rápido.

Paredes también dijo que los administradores del Miduvi en aquel entonces tenían que haber hecho seguimiento a los constructores contratados pero que no lo hicieron, que había mucha desorganización dentro del Ministerio.

Paredes dijo que cuando comenzó a trabajar en la oficina en Manabí, encontró a casi 70 contratistas que no habían cumplido su trabajo, pero no me mostró una base de datos que corrobore este número.

Dice que él, junto con los auditores del Ministerio, han presionado a los contratistas para que terminen las viviendas que se suponía debían y muchos han cumplido. “Los contratistas dijeron que no podían entregar debido a las condiciones climáticas, debido a las fuertes lluvias de invierno, pero esa no es una excusa lo suficientemente buena. Nunca tuvieron una buena excusa para explicar por qué les tomó tanto tiempo o no construyeron”, dijo Paredes.

El ministro Sandoya dijo lo mismo: se está haciendo todo lo posible por ayudar a los damnificados, por presionar a los contratistas, por arreglar lo que ha pasado. Pero a pesar de esto, muchas de las quejas no son escuchadas.

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Eduardo Zambrano, un hombre de 60 años que sufre de Parkinson, y su esposa, Ofelia Palacios, perdieron su casa de madera en Pedernales en el terremoto y solicitaron la vivienda del MIDUVI.

En septiembre de 2016 comenzó su construcción, pero se detuvo en mayo del año siguiente. La casa de Zambrano no tiene ventanas, puertas, ni pisos. Palacios colocó unas tablas de madera en las ventanas para protegerse del viento y algunas mantas para cubrir los huecos donde deberían estar las puertas de madera. No hay baño, y el piso está lleno de tierra y agujeros.

La entrada de la casa es una rampa de tierra que usa Zambrano para entrar. Él no escucha de su oreja derecha, y el lado derecho de su cuerpo tiembla constantemente.

Zambrano me mostró una copia de una queja presentada por escrito al Miduvi diciendo que el constructor solo levantó el 60% de la casa. Aún no ha tenido noticias del Ministerio.


“Me habría quedado con lo que quedaba de nuestra casa de madera. Al menos estábamos más protegidos”, dijo Palacios.

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Algunas compañías constructoras comenzaron a edificar las casas, pero las abandonaron durante meses —incluso un año. Esto le sucedió a Martha Ortiz.

Ortiz vive en las afueras de la ciudad de Pedernales. Las vigas de hierro para a la construcción de su casa están dispersas en el terreno de Ortiz. Las paredes de ladrillos de cemento están medio hechas. Una columna está doblada, a punto de quebrarse.

Ella piensa que un ingeniero con las iniciales ‘EM’ es el responsable de construir su casa porque estas letras están marcadas en las paredes externas. Pero ella no está completamente segura porque, como la mayoría de las personas a las que entrevisté, no recibieron ningún documento con la información del contratista.

El ingeniero responsable de construir su casa no ha regresado desde diciembre de 2016. En dos ocasiones, Ortiz fue a la oficina del Miduvi en Pedernales para presentar una queja. Le dijeron que enviarían a alguien para que revisara su caso.

“Vinieron a tomar fotos e inspeccionarla y dijeron que iban a terminar mi casa, pero aún no han llegado. No sé lo que sucederá. Si vienen, bien, si no, no puedo hacer nada al respecto”, dijo Ortiz.

Ella vive con sus seis hijos y su esposo en una casa que construyó con madera vieja de su antigua casa. Al igual que Ortiz, muchos todavía están esperando que se reparen o construyan sus casas incompletas.

Según el Miduvi, para diciembre de 2017, de las 31 mil 521 viviendas entregadas, 13 mil 132 fueron reparadas. Mientras tanto, 4 mil 719 siguen esperando reparaciones o en proceso de reparación.

Según el ministro Sandoya, el Miduvi está contratando constructores para realizar 2 mil 560 reparaciones. Una vez el contrato sea aprobado, el contratista tendrá de 60 a 90 días para cumplir la obra. Pero mientras tanto, algunas de las familias que viven en esas casas sin reparar están arriesgando sus vidas.

Ese es el caso de Jorge Luis Pinargote, vecino de Portoviejo, quien vive —con su esposa y sus tres hijos— en una casa con paredes rajadas (otras caídas), techos de zinc dañados, pisos rotos y el cartel de ‘uso restringido’ pegado en su puerta.

El letrero dice que la casa no es segura para vivir, que nadie debería entrar, especialmente en el dormitorio principal y el baño. Pero cuando la ayuda económica del gobierno se acabó después de seis meses, la familia tuvo que regresar. Entregaron los documentos necesarios para reparar su casa, y los funcionarios del Miduvi les dijeron que esperaran. Después de casi dos años no han recibido ayuda.

terremoto Ecuador 2016

Cartel pegado en la puerta de la casa de Pinargote. La familia sigue esperando las reparaciones y, mientras tanto, vive con paredes quebradas, techos caídos. Fotografía de Lisette Arévalo

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El Secretario de la Reconstrucción, Carlos Bernal, renunció a su cargo el 12 de enero de 2018. Dijo que lo hizo por discrepancias con el ministro de Finanzas, Carlos de la Torre. No dio más entrevistas sobre el tema.

Ocurrió después de que de la Torre dijera en una entrevista con el Diario Manabita que el gobierno tomó 300 millones de dólares en diciembre de 2017 del fondo de reconstrucción y lo utilizó para gasto corriente, algo que según la Ley de Solidaridad creada después el terremoto, estaba prohibido. De la Torre dijo que decidieron esto porque el Estado no puede tener recursos ociosos. “No podemos tener inmovilizados 300 millones de dólares si no van a ser utilizados”, dijo De la Torre en la entrevista con El Diario. El 6 de marzo de 2018 renunció.

Esto, por supuesto, planteó muchas preguntas sobre cómo el Estado utilizó el dinero dedicado para la reconstrucción. En la última conferencia de prensa que dio Bernal, el 10 de enero de 2018, dijo que decir que hay recursos ociosos era ser negligente con las personas y los proyectos.

“Hemos demostrado que los recursos responden a proyectos planificados. No hay recursos ociosos y lo que ocurrió es que el Ministerio de Finanzas tiene sus propias atribuciones como órgano rector de finanzas “, dijo Bernal.

En la misma conferencia de prensa, una mujer preguntó a Bernal si es que la Secretaría hace seguimiento a la construcción de viviendas. Bernal respondió que el Miduvi es el que ejecuta los proyectos, pero que se siente responsable de que las cosas se hagan correctamente.

“Dar vivienda a todas estas personas es un objetivo ambicioso. Sí, tuvimos muchos problemas técnicos y legales porque la mayoría de los que necesitan vivienda no podemos probar que son dueños de una propiedad o la propiedad se encuentra en una zona de peligro”, dijo Bernal. “Primero terminaremos las casas que están en construcción y luego comenzaremos a construir las otras que necesitan estudios y servicios para funcionar”

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No es cierto que todas las casas no entregadas tienen que ver con la falta de prueba de propiedad. Luis Hidalgo, de 89 años, y María Luisa García, de 84, han vivido en su propiedad en Portoviejo durante 60 años. Tenían una casa de dos pisos donde vivían y trabajaban como zapateros, pero lo perdieron todo en el terremoto. Desde entonces, han estado luchando para conseguir una casa.

En mayo de 2016, su hijo Jonathan Hidalgo presentó los documentos para solicitar una casa al MIDUVI. En junio, los funcionarios del ministerio en Portoviejo le dijeron que sus padres estaban en la lista. Pero en octubre, cuando regresó a ver qué había pasado, le dijeron que los documentos de sus padres no estaban por ningún lado.

Los entregó nuevamente en noviembre. La última vez que fue en enero del 2017, le dijeron que sus padres no fueron seleccionados como beneficiarios de una de las 45 mil casas que serán construidas o reparadas, que no ingresó en el techo presupuestario, que puede aplicar al programa ‘Casa para Todos’.

“Les dije que es obvio que están eligiendo a quién beneficiar y quiénes no, porque presentamos la solicitud en mayo, un mes después del terremoto”, dijo Hidalgo.

Luis y María Luisa alquilaron por seis meses con el dinero que el gobierno les dio y luego vivieron en una iglesia. Pero querían regresar a su propiedad. Su iglesia los ayudó con 7 mil dólares para construir una casa pequeña. Jonathan y sus hermanos construyeron una especie de cabaña con materiales mezclados: planchas de zinc, tablas de madera, paredes de madera delgada, paredes de caña de bambú.

Luis no puede ver con un ojo y no puede caminar fácilmente porque ha tenido una sonda durante más de diez años. María Luisa pierde la memoria con facilidad. Pero cuando ambos ven la foto de su boda sonríen, y dan gracias a Dios por sobrevivir al terremoto. Ahora esperan que puedan sobrevivir a sus consecuencias.

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Ayúdanos a investigar el uso de los fondos de la reconstrucción. Si tienes información sobre uso de fondos o sobre el estado de viviendas que debieron entregarse, escribe un mail a lisette.arevalo@columbia.edu. 

**Este proyecto se realizó con el apoyo del Centro Stabile para el Periodismo Investigativo de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia

Lisette Arévalo Gross
(Ecuador, 1992) Periodista. Es editora junior en GK y pasante editorial en Radio Ambulante. Le gusta producir historias en audio y hacer fact-checking. Escribe sobre violencia de género, y derechos sexuales y reproductivos . Estudió una maestría en periodismo de investigación en Columbia University en la ciudad de Nueva York.