El domingo la Fiscalía anunció que había hecho un operativo en el que rescató a 7 niñas de sus hogares donde sufrían violencia sexual. El Rescate Querubín, como fue llamado, reubicó a las menores de edad en casas de acogida del país. Las 7 niñas no son parientes entre sí, no se conocen, ni vivían juntas. Lo único que las unía era la triste verdad de que eran víctimas de abuso o violación sexual de alguno (o algunos) de sus familiares más cercanos. Una de las niñas, dice el comunicado de la Fiscalía, “era violentada sexualmente por su padre”, un funcionario del Consejo de la Judicatura de Puerto Quito, el cantón donde sucedieron estos crímenes. Otras dos eran abusadas sexualmente por su papá y “vendidas a los vecinos”. Las reacciones de indignación, horror e incredulidad surgieron con la rapidez incendiaria de las redes sociales. Es indignante y horrendo, sí, pero decir que es “imposible de creer” es ignorar la realidad de las millones de niñas víctimas de incesto.

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El incesto sucede cuando un mayor de edad abusa sexualmente o viola a un niño, niña o adolescente con el que está emparentado. Es horrendo, sí, pero real: son los padres, padrastros, hermanos, tíos, primos que, aprovechándose de su fuerza y poder, someten a menores de edad a la violencia más cruenta, una que deja huellas tan profundas que hay expertos que dicen que los abusadores sexuales deberían tener condenas similares a las del asesinato, pues de alguna manera mataron algo en esa persona.

Una de las niñas rescatadas tiene 75% de discapacidad física y 60% de discapacidad intelectual. Era violada por su padre y su hermano. No sería la única en esta situación. Un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) publicado en 2019 dice que las niñas y adolescentes con discapacidad son 4 veces más vulnerables a ser víctimas de incesto.

Cuando la Fiscalía anunció el operativo, entre los titulares de medios estaba uno: “Familiares y vecinos violaban a niñas en Ecuador”. En pasado y como si fuera un hecho extraordinario. El caso Querubín, aunque duela, no es aislado. El incesto es más común de lo que nos imaginamos y se oculta en los lugares más cotidianos. 

En Ecuador no hay cifras. Por inverosímil que suene, el incesto fue tipificado como delito en el Código Orgánico Integral Penal en junio de 2020. Antes solo era un agravante de otros delitos como el abuso sexual —tocamientos en partes íntimas que no incluyen la penetración— y violación. Hace casi tres años, mientras investigaba para un reportaje sobre incesto, pedí a la Fiscalía números del agravante. La institución contestó que entre 2014 y septiembre de 2017 hubo apenas 447 casos de abuso y violación sexual a menores de edad cometidos por familiares. Digo “apenas” porque en ese entonces conocí a Ruth Ramos, una abogada que trabaja en casos de violencia contra las mujeres, y me dijo que solo en 10 meses de ese año en la ciudad amazónica de Lago Agrio había patrocinado 38 casos de incesto. 

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Esos, los que atiende Ramos y los que registra la Fiscalía, son solo los que se conocen porque la niña o adolescente tuvo el valor de contar lo que padecía. Esa valentía suele caer en sacos rotos: en Ecuador, según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC), a una de cada tres víctimas de abuso sexual no le creyeron cuando contó lo ocurrido. Además de abusadas, les dicen mentirosas. 

Este fin de semana, la Fiscalía explicó que los casos de las 7 niñas pertenecían a ocho investigaciones previas separadas, y que la institución había hecho una “investigación de contexto”, un trabajo simultáneo para identificar patrones de agresores, la relación de ellos con las víctimas y la forma en la que opera el crimen. Las ocho investigaciones estaban clasificadas de la misma manera: “agresiones sexuales sistemáticas y delitos conexos contra niñas en el mismo entorno familiar”.

No queda claro si este es el primer operativo de muchos o si esta técnica seguirá aplicándose para perseguir delitos sexuales en el Ecuador. Lo que sí está claro es que más allá de la esperanzadora noticia de que al menos 7 niñas —y otros 5 niños y adolescentes que eran abusados fuera de sus hogares pero que también fueron rescatados en el mismo operativo— están a salvo, este caso sacó a la luz nuevamente una verdad atroz e incómoda que los ecuatorianos hemos preferido ignorar por demasiado tiempo. Como dice Rossana Viteri, la directora de Plan Internacional en Ecuador —una organización que trabaja por los derechos de las niñas—, el hogar, aunque debería serlo, no es un lugar seguro para los niños y niñas. 

Hay que romper con la figura del abusador y violador como ese monstruo, encapuchado y sinuoso, que espera en las esquinas de la casa para atacar. No: las violencias más marcadas se dan en los espacios más cercanos y familiares. Según el mismo estudio de Unfpa, el incesto se encubre por vergüenza, dependencia económica o porque otros miembros de la familia (por ejemplo las esposas y madres) son también víctimas del ciclo de la violencia.

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El incesto sucede todos los días en demasiados hogares del Ecuador. Hay que aceptarlo y hacer algo. Que la Fiscalía no lleve un registro claro y no sepamos cuántos realmente son, y que como sociedad nos incomode hablarlo y elijamos “no saber” y culpar a monstruos que no existen y no ver que, en realidad, son los mismos tíos alegres, los mismos abuelos cariñosos, los mismos padres que ponen la comida en la mesa, no va a ayudar a eliminar los dolorosos casos de incesto que suceden a diario, en casas de todo el país, de toda condición socioeconómica, en los sitios que ustedes, amables lectores, menos se imaginan.


Este artículo originalmente decía que el incesto no está tipificado en el Código Integral Penal (COIP) pero fue corregido el 25/02/2020 luego de que una lectora nos hiciera notar que en enero de 2020 hubo otras reformas al COIP, entre ellas incluir como delito a la violación incestuosa. Las reformas entraron en vigencia en junio de 2020, hace ocho meses.